Los desafíos inminentes para Milei: pago de deuda, reforma laboral y dura negociación con gobernadores
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La aprobación del primer Presupuesto propio de Javier Milei le dio al Gobierno una foto de la gobernabilidad y el orden institucional largamente buscada y un argumento potente para alimentar la narrativa para la reelección del Presidente en 2027. Pero, como suele ocurrir, el día después del festejo empieza a mostrar la letra chica: la gobernabilidad de 2026 será bastante más áspera de lo que sugiere el triunfalismo libertario.
Detrás del éxito parlamentario del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, para captar los dólares del colchón de los argentinos, quedaron expuestos los límites de la estrategia económica, y los vasos comunicantes todavía frágiles con el sistema financiero.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, apostó al Plan Colchón para captar dólares para el sistema financiero, pero la Ley de Inocencia Fiscal colisión con las normativas antilavado del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con lo cual la apuesta nació renga.
Los bancos no pueden aceptar fondos sin declarar el origen porque pueden provenir de actos ilícitos y quedan legal y judicialmente comprometidos según las actuales normas. La Ley de Caputo no derogó esas normas.
Además, se viene en 2026 una agenda legislativa de alto voltaje social y una relación con la CGT y con los gobernadores que combina pragmatismo, fastidio y facturas por cobrar. Durante el verano, un grupo de senadores peronistas encabezados por Jorge Capitanich, intentará construir una agenda propia en el Congreso.
"No podemos estar siempre defendiéndonos de la agenda de Milei, tenemos que llevar nuestra agenda", arengó Capitanich a varios senadores del bloque de José Mayans. Y desde allí competirán contra Milei por el apoyo de varios gobernadores que tuvieron que ceder ante Milei pero quedaron disconformes en el reparto de fondos, jubilaciones y obras.
Dólares del colchón: el entusiasmo y el blooper
El intento de seducir a los dólares "del colchón" mediante la Ley de Inocencia Fiscal tropezó, apenas nacer, con un obstáculo obvio y previsible: los bancos.
Pese a que el canciller Pablo Quirno desestimó con suficiencia esa dificultad en la red X en diálogo con iProfesional, las sorpresas no se hicieron esperar. La invitación pública de Luis Caputo a depositar dólares no declarados chocó contra las normativas del Banco Central y la Unidad de Información Financiera, que obligan a reportar operaciones sospechosas si no hay respaldo documental suficiente.
El resultado fue un blooper inesperado: entidades que, lejos de abrir las puertas, activaron alarmas de compliance. Tributaristas y banqueros coincidieron en el diagnóstico: sin reglamentación clara de ARCA y sin una norma explícita del BCRA, el "andá y depositá" por X es más riesgoso que tranquilizador. En lugar de una convocatoria por X hacen falta normas más explícitas para no recibir una intimación del Banco Central o la UIF.
Caputo reaccionó a su estilo, con ironía y enojo tuitero, invitando a los ahorristas al Banco Nación, como si cambiar de banco fuera cosa de todos los días.
En el mercado, sin embargo, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿cómo pudo lanzarse una medida clave sin coordinación fina con el Banco Central? Se supone que la reglamentación llegará y el esquema se ordenará, pero el daño inicial a la credibilidad ya está hecho.
Deuda: el reloj corre más rápido que la épica
El frente financiero es el condicionante central del 2026. El 9 de enero asoma un vencimiento de u$s4.225 millones y el Tesoro cuenta, por ahora, con unos u$s1.800 millones y algunos dicen ya 2.000 millones. El resto se arma con un mix de herramientas: reaperturas de deuda local (Bonar 2029), líneas REPO con bancos, uso quirúrgico de reservas y apoyos multilaterales.
En Wall Street descuentan que se paga. La incógnita no es el cumplimiento, sino el cómo y el costo. Caputo prometió evitar una nueva emisión bajo ley de Nueva York y "reducir la dependencia" del mercado internacional, una frase que despertó tantas ironías como dudas.
En el transcurso del martes, apareció un "suplemento" del Boletín Oficial, donde se publicó la Resolución 2124/2025 de Economía: allí se adjudican las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Aguila, lo cual garantiza que ingresarán al Tesoro 710 millones de dólares, que se destinarán a la colecta que motoriza el Ministro de Economía, de cara a los vencimientos: contaría ahora con 2.710 millones de dólares y faltarían 1.500 millones de dólares. Esa cifra es la que se cubriría mediante un REPO con bancos internacionales, a los que se les daría BONAR 2035 y 2038
Sobre el cierre de 2025, el equipo económico dio indicios de que los vencimientos de deuda de enero se pagarán mediante un REPO con bancos internacionales, a los que se les entregaría como garantía los BONAR 2035 y 2038 que tienen legislación argentina. Aunque no se conocen los detalles de la operación, fuentes del mercado estiman que sería a dos años con una tasa algo menor a 9%.
Sin embargo, el problema no es este vencimiento puntual, admiten operadores del mercado, que descuenta que se cumplirá, sino la película completa: en julio vencen otros u$s4.200 millones y, más adelante, un calendario que obliga a juntar dólares de manera sostenida. El gran desafío de Caputo es acumular reservas en el BCRA y el Plan Colchón era una herramienta en ese sentido.
De todos modos, la dificultad será subsanada por nuevas normas del BCRA y de su presidente Santiago Bausilli.
Una mala noticia de luces amarillas se sumó en estas horas: se esperaba un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca 1.050 millones de dólares, por la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, prevista para la tercera semana de enero. Se iba a fijar asi un waiver o dispensa por no cumplir las metas del Programa de Facilidades Extendidas.
Pero tanto la misión del Fondo, como el waiver y ese adelanto clave en las finanzas deberán esperar varias semanas más. El FMI evalúa el segundo waiver (perdón) consecutivo por incumplimiento de la meta de reservas netas internacionales del Central. Hubo un waiver en la primera revisión. Luces amarillas en el equipo económico.
El gobierno incumplió en 12.000 millones de dólares. Para el arranque de 2026, solo debía tener reservas netas negativas por 3.300 millones de dólares y, en cambio tiene 15.700 millones, según la medición del FMI, pese a sus reservas brutas positivas de 43.000 millones. En el Fondo descuentan que se otorgará esa dispensa, pero implicará probablemente un sendero más ambicioso de acumulación de reservas para 2026. La misión técnica que validaría esta revisión que debía llegar en estos días no viajará a Buenos Aires.
Tambien llegaron noticias de Washington que le impedirán a la Argentina contabilizar el swap con la Reserva Federal como parte de las reservas del Banco Central y hasta ahora se usaron solo 2250 millones de dólares.
"Vamos a viajar al menos cuando haya una certificación firme con opinión favorable de los estados financieros", señalan en el Fondo a medios diversos.
La estrategia oficial es, en el fondo, una administración profesional de la escasez: superávit fiscal como ancla, roll-over casi total en pesos, multilaterales para liberar caja y, si hace falta, algo de ingeniería financiera.
No resuelve el problema estructural de la deuda, pero compra tiempo. Y en política económica argentina, el tiempo suele ser el activo más valioso.
Reforma laboral y tributaria: el corazón del conflicto
Con el Presupuesto aprobado, Milei quiere ir por las reformas estructurales que definen su identidad. La modernización laboral es la más sensible: toca indemnizaciones, convenios colectivos, vacaciones, banco de horas y crea el Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes patronales y previsionales. Traducido: más flexibilidad para las empresas, menos litigiosidad y un esquema que, según los críticos, traslada parte del costo de los despidos al sistema previsional. Los jubilados pagan las indemnizaciones.
La futura reforma tributaria completa el combo: blanqueo amplio para empleadores, perdón del pasado para quienes formalicen trabajadores, contribuciones iniciales del 5% frente al 35% actual y alivio en Ganancias para la cuarta categoría. El objetivo es achicar los 8 millones de trabajadores en negro sin provocar un shock de costos que expulse a las pymes del sistema.
El problema no es técnico, sino político. La CGT mantiene una tregua táctica, pero la reforma laboral es una línea roja. Si avanza sin consensos, el conflicto social puede escalar y erosionar el capital político del Gobierno justo cuando más necesita respaldo parlamentario.
En medio de la recesión de la economía real, los 270 mil despidos y las 19.000 empresas Pymes cerradas la reforma laboral podría convertirse en un conflicto social mayor.
Gobernadores: socios por conveniencia
El Presupuesto dejó una enseñanza clara: Milei no tiene la vaca atada. Los gobernadores acompañaron por pragmatismo, no por convicción. Y muchos salieron, apenas votado el texto, a marcar límites.
El bonaerense Axel Kicillof habló de "ajuste brutal"; Quintela denunció un esquema "asfixiante"; el pampeano Sergio Ziliotto apuntó al desfinanciamiento previsional; el fueguino Gustavo Melella cuestionó subsidios y obras; el formoseño Gildo Insfrán endureció su discurso federal.
Entre los dialoguistas, Martín Llaryora, de Córdoba, fue explícito: "Está bueno tener presupuesto, pero no refleja ningún reclamo provincial". El santafecino Maximiliano Pullaro y el chubutense, Ignacio Torres, también quedaron disconformes. "No muy conforme. Sin obras claves para la provincia. Nada de la deuda que tienen con Santa Fe", dijo a iProfesional un allegado a Pullaro. Nacho Torres tiene que firmar ahora su convenio con Nacion.
Aun asi, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado comenzar a recorrer nuevamente el interior durante el verano para juntar voluntades para la reforma laboral y tributaria.
Tambien tiene en carpeta los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.
Todos ellos quedaron para 2026, pero deberá para ello recomponer su relacion con la CGT, con sectores empresarios, especialmente Pymes, y con los gobernadores que quedaron descontentos luego de haber perdido giros en el Presupuesto, obras y fondos previsionales.
Ni siquiera cerca del aliado mendocino Alfredo Cornejo había fuerte entusiasmo por el Presupuesto. "Para Cornejo era fundamental que el gobierno tenga presupuesto, una hoja de ruta. Por supuesto falta para que sea el ideal, pero siempre es mejor que no tenerlo".
En privado, el mensaje de todos los gobernadores es más crudo: hay acuerdos pendientes -ATN, obras, cajas jubilatorias- que no están en el Presupuesto. Sin cumplirlos, advierten, será difícil conseguir apoyo para la reforma laboral y la tributaria. Cada ley, en 2026, se negociará voto por voto.
En la reforma laboral, los gobernadores en conjunto perderían 3200 millones de dólares en coparticipación por la rebaja en ganancias y la eliminación de impuestos internos, todas rebajas impositivas a sectores de alto poder contribuyente y ninguna para las Pymes.
Empresarios: apoyo con advertencias
El empresariado sigue respaldando el rumbo macro: orden fiscal, previsibilidad y señales promercado. Valoran la Inocencia Fiscal como incentivo a la formalización y el discurso anti-default. Pero crecen las luces amarillas: recesión prolongada, falta de reactivación de la economía real, consumo deprimido, despidos en 2025 y un clima social que puede tensarse.
La pregunta que recorre despachos y mesas sectoriales es simple: ¿cuándo llega el crecimiento? Sin reactivación de la economía real, el apoyo empresarial puede volverse más condicional.
Milei cerró 2025 con derrotas sonoras y apenas dos victorias legislativas que revitalizan la narrativa del "Milei 2027". Pero antes está 2026, un año sin red: menos margen político, más presión social, dependencia de gobernadores incómodos y una agenda económica que exige precisión quirúrgica.
El Presupuesto ordenó los números. Ahora el Gobierno debe demostrar que puede ordenar la realidad. Y en la Argentina, esa suele ser la parte más difícil del plan.