Por qué la causa AFA cambió tres veces de juez y de jurisdicción y Betano reemplaza a Mercado Libre como sponsor
La decisión de la Cámara Federal de San Martín de resolver que la investigación por la compra de la mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, quede a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay, un funcionario muy cercano al kirchnerismo y, en particular, al intendente deFederico Achával, es solo una muestra de los turbios manejos que se llevan a cabo dentro de la Justicia Federal de la Argentina y que impactarán en los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de algunos de sus dirigentes, como su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, quienes están seriamente comprometidos en la investigación que hasta ayer llevaba adelante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y el fiscal Franco Picardi.
Lo primero que hay que explicar es que la causa cambia de jurisdicción por el pedido de Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son los socios dueños de la empresa Real Central SRL, que le compró en 2023 al exfutbolista Carlos Tévez el lote donde se construyó la propiedad en el barrio de Villa Rosa, en Pilar.
Real Central SRL es la empresa que recibió un pago de 500.000 dólares por parte de la AFA para poner en práctica el mecanismo del VAR. Lo curioso es que la empresa tiene como objetivo la actividad agropecuaria.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín fue firmado por el juez Alberto Lugones, muy cercano al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof. Lugones pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y es consejero de la Magistratura de la Nación, organismo que presidió durante el gobierno de Alberto Fernández.
Vínculos políticos y antecedentes del juez Alberto Lugones
La cercanía a Kicillof no es un dato menor, ya que el gobernador designó a Tapia al frente de la Ceamse y se mostró en más de una ocasión con el número uno de la AFA. Kicillof también habría avalado la jugada de Tapia para mudar el domicilio legal de la AFA a la provincia y así evitar la intromisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).
En este punto hay que destacar que, al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, la Cámara de San Martín advirtió en el fallo que: "no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires".
Además, hay que señalar que el vocal de la Cámara de San Martín es el juez Néstor Pablo Barral, que estaría vinculado a un importante hombre de la Justicia.
Lo que también llama la atención es que, en principio, Lugones no era quien debía tomar la decisión, ya que, por sorteo, quien debía resolver era el juez Néstor Barral, también integrante de la Sala II de la Cámara de San Martín. Pero Barral, según explicó Lugones, amplió su licencia hasta la semana próxima, ya que originalmente se ausentaría hasta el 14 de enero y, por lo tanto, al quedar a cargo de la Sala, Lugones resolvió todo en una llamativa soledad. Todo muy sospechoso.
La resolución durante la feria judicial y las sospechas
Lugones, al ser consultado ayer frente a los plazos, explicó que se reincorporó a sus funciones el viernes pasado y además argumentó que tomó conocimiento de la causa y resolvió a favor del pedido de los presuntos testaferros Pantano y Conte.
Al parecer, la medida tomada por Lugones representa una gran ayuda para Tapia y Toviggino y un duro golpe contra el Gobierno y, en particular, contra la senadora Patricia Bullrich, quien buscaba que Aguinsky siguiera con la causa para poder darle un triunfo político al Gobierno de Javier Milei.
"El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", explica el fallo.
Por ese motivo, el juez del tribunal de apelaciones sostuvo que se "enfoca sobre el partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar" y por eso le dio la razón a la defensa de Nicolás Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.
La disputa entre fueros y el rechazo de Aguinsky
Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados de la AFA por parte de algunos de sus dirigentes, y que, ante ello, el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.
Hay que destacar además que la semana pasada la fiscalía ante la Cámara de San Martín postuló que debía esperarse hasta el final de la feria judicial de enero para tomar una decisión, porque era necesario acceder a toda la causa para evaluar su estado actual y la nueva prueba incorporada, de manera previa a opinar.
Por otro lado, el camarista de San Martín a cargo del tema durante la primera quincena de la feria judicial de enero, Juan Pablo Salas, pidió opinión al fiscal la semana última, cuando faltaba poco tiempo para ser reemplazado por Lugones, quien ahora resolvió tras recibir el viernes pasado el dictamen del Ministerio Público. Todo muy sospechoso.
Por su parte, Aguinsky, avalado por la Cámara en lo Penal Económico, habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación.
El tercer juez en la causa y el pase a Campana
Sin embargo, el juez Alberto Lugones decidió ayer que: "debe ser el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, en donde ha de desarrollarse con la eficacia necesaria la investigación".
De esta forma, el juez de Campana Adrián González Charvay será el tercer juez que intervenga en la denuncia que presentó la Coalición Cívica para investigar si el predio de Pilar, una flota de autos de alta gama encontrada en el lugar valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes que pertenecen a la sociedad Real Central SRL son, en realidad, de dirigentes de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.
En un principio, la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba, como el allanamiento al lugar, el secuestro y la tasación de todo lo encontrado, y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados.
Luego, Rafecas declinó la competencia al fuero penal económico y la Cámara Federal porteña avaló esta decisión en un fallo donde el camarista Leopoldo Bruglia requirió evaluar dónde debía seguir la causa en base al "territorio".
El rol de Aguinsky y la ampliación de la investigación
El segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky, continuó con la pesquisa, habilitó la feria judicial de enero para disponer prueba y avanzó sobre la cadena de pagos que permitiría llegar a los verdaderos propietarios de los bienes.
El aspecto tal vez más polémico de la resolución de Lugones es que, al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, la Cámara de San Martín advirtió que: "no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires".
Lugones sostuvo además que: "la omisión de decidir, en tiempo y forma debidos, sobre la intervención del tribunal competente" deriva en la afectación de la garantía del juez natural, que está expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados.
Pero, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, tanto Lugones como González Charvay tienen una muy buena relación con el expresidente de Boca Juniors y exvicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, un empresario que se mueve en distintos ámbitos de la Justicia argentina y que es considerado una especie de operador dentro del sistema judicial, donde comenzó su carrera como operador del dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia para transformarse en el operador más importante del expresidente de la Nación Mauricio Macri.
Daniel Angelici y su influencia en la AFA
La aparición de Angelici no es casual, ya que sería uno de los principales beneficiados por una sorpresiva decisión que tomó la AFA la semana pasada. Al parecer, Betano, la empresa de apuestas deportivas online, pondrá su nombre a la Copa Argentina de Fútbol y a la Liga, los torneos más importantes que organiza la AFA.
Pero para que la AFA le dé a Betano esos auspicios de la Copa Argentina, deberá bajar a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que el año pasado había logrado cerrar ese auspicio y que en el futuro será el auspiciante de Estudiantes de La Plata, el equipo de Juan Sebastián Verón, quien aparece tal vez como el único enemigo de Tapia y Toviggino en el mundo del fútbol.
La otra empresa perjudicada fue Boldt, de la familia Tabanelli, que era sponsor del torneo de la AFA con la casa de apuestas deportivas Bplay. Pero cuando Angelici cerró el acuerdo para Betano, la multinacional checa —que en Argentina lo tiene como socio— pidió explícitamente que excluyeran a Bplay del sponsoreo.
Betano, Kaizen Gaming y los acuerdos comerciales
Betano es una empresa de apuestas deportivas y juegos de casino en línea que pertenece a Kaizen Gaming International Limited, una compañía con sede en Grecia. Fue fundada en 2012 por George Daskalakis, quien es el actual CEO de la empresa.
Kaizen Gaming es una de las empresas GameTech más grandes del mundo, con presencia en más de 50 países y más de 2.500 empleados. Betano es una de sus marcas principales, junto con Stoiximan, que opera en Grecia y Chipre.
Pero todavía hay varias cosas sin entender, como por ejemplo por qué Angelici operó a favor de Betano si él, junto a su socio Daniel Mautone en Casino Victoria, representa a la empresa de gaming Betsson.
Lo que resulta inentendible es que quienes pidieron el cambio de juez de la causa son Nicolás Pantano y su madre, Ana María Conte, los dueños de Real Central SRL, quienes, de acuerdo a la mayoría de los magistrados consultados por iProfesional, ya tendrían que estar procesados por la cantidad de pruebas que la Justicia acumula contra ellos.
Justicia Legítima y el perfil de González Charvay
Lo que sí parecería claro es por qué el juez Lugones decidió darle la causa a González Charvay. Se trata de jueces que en el pasado formaban parte del movimiento kirchnerista "Justicia Legítima", algunos de los cuales habrían integrado el Comité de Disciplina de la AFA.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fue quien el año pasado suspendió la resolución del gobierno de Javier Milei que les impide a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios. El pedido fue formulado por el municipio de Pilar.
En ese entonces, el apoderado de la Municipalidad de Pilar promovió una acción de amparo contra el Ministerio de Economía de la Nación –Secretaría de Industria y Comercio– solicitando la inconstitucionalidad de la Resolución N° 267/2024 por causar un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio. Además, solicitó el dictado de una medida cautelar suspensiva. Según se sostuvo, el derecho manifiesto e incuestionable del municipio de Pilar de percibir la Tasa de Servicios Generales (antes Tasa Municipal de Alumbrado Público), incorporando la misma a la boleta individual emitida por Edenor S.A.; y la Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, incluyendo la misma en la boleta individual emitida por Naturgy Ban S.A. Eso permitió que Achával siguiera cobrando esas tasas municipales hasta el presente.
Trayectoria de Alberto Lugones en el Poder Judicial
En relación con el juez Alberto Lugones, hay que mencionar que integra la Cámara de San Martín desde 2014, luego de acceder al cargo por concurso. Su influencia no se limita solo a la función jurisdiccional, ya que desde hace años es una figura central en el manejo del Poder Judicial.
También representó a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación y fue elegido presidente de ese organismo en dos oportunidades, la última en 2022, con el respaldo de todos los bloques, pero con el impulso determinante del peronismo.
En el kirchnerismo, Lugones participó de la génesis de Justicia Legítima, una agrupación que avaló y dio letra a las reformas que impulsó Cristina Kirchner para el Poder Judicial. El grupo se identificó con la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
Lugones fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la Coalición Cívica, el sector político que también fue uno de los primeros en apuntar a la mansión de Pilar y a Toviggino.
Denuncias previas y posicionamientos públicos
La denuncia fue en 2019, a partir de la investigación contra el juez Ariel Lijo por el caso Siemens. Lijo había sido denunciado por procesar a los empresarios alemanes por sobornos, pero nunca haber indagado a los menemistas que aparecían involucrados.
En sus últimas declaraciones públicas, Lugones sostuvo posiciones que fueron leídas en clave política. Cuestionó el uso extensivo de la prisión preventiva, planteó reparos sobre sentencias basadas en testimonios de arrepentidos —una herramienta clave para luchar contra la corrupción— y afirmó que ciertos fallos debían ser revisados por instancias superiores.
Por su parte, el juez Néstor Barral, a quien le correspondía resolver el caso pero amplió su período de licencia, fue designado en 2023 en el Tribunal de Disciplina de la AFA y, frente al reciente escándalo, renunció a fines del año pasado a la entidad. Fue el primer integrante de la Justicia en dejar su lugar en la asociación. Su salida estaría motivada en que no habría querido firmar una resolución contra Juan Sebastián Verón, quien estaba enfrentado a Tapia.
Hasta ahora, la situación del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino es muy complicada frente a la gran cantidad de denuncias que se acumulan en su contra. Pero el cambio de juez y de jurisdicción podría generar un vuelco en la causa.
La IGJ, los balances de la AFA y nuevas medidas
La semana pasada, la AFA dio a conocer a través de un comunicado, en relación con los pedidos de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre aclaración de gastos en los balances presentados desde 2017 a 2024, que no deja en claro varios aspectos acerca de los balances de la entidad.
Hay que destacar que en diciembre la IGJ había dejado sentada su posición como denunciante. "Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los 110 millones de dólares y los 340 millones de dólares, respectivamente", indicó Vitolo en distintas entrevistas periodísticas y a través de un comunicado oficial.
En ese mismo planteo, el organismo anticipó nuevas medidas. "La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales". Y recordó un punto clave: "La AFA es una asociación sin fines de lucro".
Por ahora no se sabe qué pasará el próximo 2 de febrero, ya que en el marco de una medida de prueba clave, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky había citado para ese día al empresario Guillermo Tofoni, el impulsor del proceso de discovery en la Justicia de los Estados Unidos que reveló una red de empresas fantasma armada desde la empresa TourProdEnter en el exterior, adonde se giraron fondos de la AFA por 42 millones de dólares a cuentas de cuatro empresas, a las que luego se les perdió el rastro porque fueron cerradas por sus dueños en los Estados Unidos.
El discovery en Estados Unidos y el dinero de la AFA
Frente a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, Aguinsky le solicitaría a Tofoni que, como testigo, aporte todas las pruebas de movimientos financieros sospechosos del empresario Javier Faroni y su mujer, Erika Gillette, la dueña de Tour ProdEnter LLC y Deportik, quienes serían agentes recaudadores oficiales del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, comentaron a iProfesional fuentes judiciales.
Del discovery de la Justicia de Estados Unidos surge que de los 260 millones de dólares recaudados por comisiones del 30 % por las empresas que serían de Faroni y su mujer entre los sponsors internacionales de la Selección, 42 millones fueron a empresas vinculadas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y firmas fantasma que se beneficiaron con operaciones que estarían sospechadas de lavado de dinero. Pero nada se sabe del 70 % restante que le corresponde a la AFA.