Causa Cuadernos: ratifican el juicio, pese al pedido de nulidad de Cristina Kirchner, quien deberá declarar en persona
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó, este martes, los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Krichner, señalada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.
El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso del exministro de Planificación Julio De Vido, que argumenta irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".
De este modo, la expresidenta prestará declaración presencial el próximo 17 de marzo.
Abogado de Cristina Kirchner cuestionó cuadernos y declaró que imputados hablaron bajo presión
Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.
El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.
La fiscal Fabiana León fue quien intervieno para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.
Cómo funcionaban las amenazas y los pagos forzados en la construcción
A mediados de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 7 volvió a avanzar con la lectura de la elevación a juicio basada en los cuadernos de Oscar Centeno, en el segmento del expediente denominado "La Camarita", en una audiencia que se prolongó por unas cuatro horas.
Durante esa jornada se incorporaron las declaraciones de empresarios del sector de la construcción, quienes describieron el funcionamiento de un entramado de presiones, cobros ilegales y acuerdos previos para el reparto de la obra pública.
Patricio Gerbi, titular de la constructora COARCO, explicó que los conflictos comenzaron luego de firmar contratos de concesión vial. De acuerdo con lo que declaró, Claudio Uberti, en ese momento al frente del Órgano de Control de Concesiones Viales, le transmitió a su socio que "por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias".
En su testimonio, Gerbi explicó que la presión se tradujo en sanciones, controles y trabas económicas para la empresa tras la negativa inicial. "Me decía: ‘Te voy a hacer fundir’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’, 'me voy a quedar con tu empresa’", declaró. Finalmente, aceptó que entregó entre 15.000 y 20.000 dólares en citas realizadas en locales gastronómicos.
Pagos periódicos y amenazas directas
En el caso de Juan Chediak, el esquema de presión tuvo otro canal. Según declaró, los reclamos no llegaron por intermediarios, sino desde el propio Julio de Vido, quien ocupaba entonces el Ministerio de Planificación Federal. "Si querés seguir trabajando tenés que pagar", afirmó que le advirtió durante un encuentro en su domicilio.
Chediak relató que el mecanismo incluía pagos mensuales de seis cifras, que variaban entre 100.000 y 250.000 pesos. Afirmó que el dinero era llevado al domicilio del exministro o a oficinas oficiales, y que en más de una oportunidad le indicaron que los dejara "en el baño".
Más adelante, explicó, el circuito quedó bajo control del financista Ernesto Clarens, quien le advirtió: "Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo".
Cartelización y retornos en la obra pública
Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló que a partir de 2004 se organizó un mecanismo impulsado desde el Poder Ejecutivo para direccionar licitaciones y obtener fondos para fines políticos. "La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero", afirmó.
En su relato ante el tribunal, explicó que las compañías acordaban de antemano el reparto de las licitaciones y que, tras obtener la obra, el ganador debía reintegrar entre el 10% y el 20% del adelanto recibido. "Mi función era garantizar que el que ganaba pagara", sostuvo, y aceptó que su empresa, ESUCO, integró ese esquema.