El oficialismo fijó un cronograma para los proyectos sobre morosidad, pero la oposición apura una sesión

La problemática del endeudamiento familiar y la morosidad es objeto de una nueva pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la oposición en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo fijó un cronograma para tratar en comisiones los proyectos sobre el tema, pero el kirchnerismo y otros bloques opositores lo calificaron como una maniobra dilatoria y buscan mantener en pie la sesión convocada para la semana próxima.

El paquete con más de 30 proyectos referidos a la morosidad empezó a tratarse este miércoles en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados que encabeza el oficialista Santiago Pauli. Pero el eje central para la discusión pasó a ser la intención de La Libertad Avanza (LLA) de estirar el debate sobre un "problema" que el Gobierno no considera tal, versus la de los bloques opositores de avanzar rápido con una "solución".

La bancada de Unión por la Patria, junto a Encuentro Federal, Coalición Cívica y buena parte de Provincias Unidas -uno de los más numerosos- convocaron a una sesión para el 9 de septiembre, con el fin de aprobar un emplazamiento a las comisiones para que dictaminen sobre uno o varios de los proyectos referidos al endeudamiento familiar, así como la prórroga de la emergencia en disapacidad.

El oficialismo al mando de Martín Menem, presidente de la Cámara y mano derecha de Karina Milei, busca impedir que esa sesión tenga quórum ante el riesgo de perder la votación y que la oposición fije una agenda resistida por la Casa Rosada. Con ese fin convocó a la Comisión de Finanzas y se adelantó a fijar un cronograma para los proyectos.

¿Cómo es el cronograma que LLA para los proyectos sobre endeudamiento familiar?

Al iniciar la reunión, Pauli recibió a la oposición con una hoja de ruta para los proyectos -algunos de los cuales también deben ser tratados por otras comisiones- que culminaría el 30 de septiembre. El cronograma estableció una reunión informativa para el próximo martes, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, y otra más el miércoles 16 de septiembre.

Seguidamente se realizarían otras dos reuniones de la Comisión de Finanzas, una el 23 de septiembre y otra el 30 de septiembre, cuando se firmarían los dictamenes que correspondan. El presidente del cuerpo se comprometió además a "trabajar para la unificación de giros", ya que en total hay 50 proyectos que deben pasar por unas nueve comisiones.

La oposición lo rechazó y ratificó su intención de sesionar el 9 de septiembre. "Esto es una maniobra para ganar tiempo", advirtió la diputada peronista Cecilia Moreau al tiempo que sostuvo que "lo que están intentando hacer es evitar que el Congreso avance". En ese sentido, indicó que la Cámara baja tiene que "legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el Gobierno niega sistemáticamente".

Por su parte, Pablo Juliano (Provincias Unidas) calificó el cronograma que estableció LLA como una "tomada de pelo" y recordó, además, que la discusión sobre los proyectos en torno a la morosidad y las deudas familiares debe pasar también por la Comisión de Defensa del Consumidor, donde aún no se activó el tratamiento.

"No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo", remarcó Juliano frente a la jugada del oficialismo.

El objetivo del oficialismo y la pulseada con la oposición por la próxima sesión

En línea con la definición que ya dio Milei sobre el tema, el bloque de LLA señaló que el cronograma fijado para abordar los proyectos tiene que ver con "promover debates basados en datos precisos, garantizando que la sociedad esté adecuadamente informada sobre la complejidad" del tema.

"Con ese objetivo las comisiones abrirán el espacio a especialistas e integrantes de los sectores involucrados -convocados a propuesta de todos los bloques- para que aporten su experiencia e información técnica", agregaron los diputados libertarios en un comunicado oficial del bloque.

No obstante, el objetivo de corto plazo del oficialismo es que, al estar abierto el debate sobre el endeudamiento familiar en la Comisión de Finanzas con un cronograma ya establecido, la sesión del 9 de septiembre pierda sentido. Es otra manera de tratar de evitar que la oposición junte el quórum, para lo cual necesitan del apoyo de los bloques dialoguistas.

La semana pasada la oposición trató de incluir el tema de la morosidad en la agenda de la sesión donde se aprobó la reforma de la carta orgánica del BCRA. Juntaron 133 votos a favor que no fueron suficientes en ese momento, pero que sí les permitirían tener quórum (129) el 9 de septiembre emplazar a las comisiones a dictaminar antes de la fecha prometida por LLA.

El punto clave es que lograron llegar a ese número gracias a los diputados salteños y misioneros de Argentina Federal, los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que responden a gobernadores de diálogo aceitado con la Casa Rosada pero que hoy oscilan, según el tema que se trate y la atención que preste Milei a sus reclamos.

El oficialismo necesita convencer a esos sectores -que agrupan a unos 13 diptuados- de no dar quórum a la sesión pedida por la oposición. Eso es lo que busca al definir un cronograma antes de que los opositores traten de abrir el recinto. Los libertarios esperan que las exposiciones de los especialistas invitados también contribuyan a quitarle apoyo a los proyectos.

Qué plantean los proyectos sobre endeudamiento y morosidad

De esta forma, la primera reunión de la Comisión de Finanzas sirvió para largar la pulseada por el quórum de cara al próximo miércoles. Entre los libertarios creen que tienen chances de frustrar la sesión y encapsular el debate, dado que de los bloques dialoguistas solo el de Jalil firmó la convocatoria junto al peronismo y el resto de la oposición. Los demás se quedaron, por ahora, al margen.

La oposición encuentra igualmente otros inconvenientes. Los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad que impulsan los distintos bloques son muy variados. Algunos apuntan a quienes ya están en mora, otros buscan prevenir que una persona se endeude por encima de su capacidad de pago y otros proponen directamente modificar la Ley de Tarjetas de Crédito. Aún no hay un consenso claro para unificar uno o dos proyectos de ley concretos para dictaminar y votar.

Uno de los proyectos, presentado por Caren Tepp y Diego Giuliano (Unión por la Patria) propone refinanciar las deudas de familias con tarjetas de crédito y préstamos personales que se encuentren en mora y mecanismos para reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares. La iniciativa se concentra, por lo tanto, en quienes ya tienen dificultades para cumplir con sus pagos, en lugar de limitarse a medidas preventivas.

Otra iniciativa de Pablo Juliano (Provincias Unidas) crea un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y de Prevención del Sobreendeudamiento en el sistema de crédito. La propuesta contempla que una persona con más de una deuda pueda solicitar una instancia para revisar el conjunto de las obligaciones.

Allí se determinaría cuánto corresponde al capital, cuánto a intereses y cuáles son las condiciones para reorganizar los pagos. El mecanismo funcionaría como una instancia previa a un juicio para que el deudor pueda negociar una reestructuración. De esta forma, no plantea una condonación generalizada ni tampoco que el Estado asuma los créditos impagos.

Otras iniciativas directamente modifican la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. Una de ellas busca ampliar la protección de los usuarios frente a determinadas cláusulas contractuales, como impedir los cargos fijos por mora o el cobro de servicios no solicitados. También propone un tope para que los intereses punitorios no puedan superar en más de un 20% al compensatorio.