Milei amplió partidas por $521.558 millones a áreas estratégicas y endureció el control sobre el petróleo de Malvinas

La disputa por los recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo con las medidas que el Gobierno de Javier Milei publicó este jueves en el Boletín Oficial. La administración nacional estableció un nuevo esquema de intervención para la Cancillería frente a actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y, al mismo tiempo, dispuso una ampliación presupuestaria para organismos vinculados con defensa, seguridad, inteligencia y política exterior.

Las decisiones quedaron plasmadas en el Decreto 868/2026 y el DNU 867/2026, difundidos después de la cadena nacional en la que el Presidente volvió a colocar la soberanía sobre las Malvinas entre los principales objetivos de su gestión.

Una de las principales novedades alcanza a las compañías que desarrollen o faciliten actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Desde ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto será la autoridad de aplicación de la Ley 26.659, norma que contempla sanciones para ese tipo de operaciones.

Cómo funcionará el nuevo esquema de sanciones

La reglamentación establece un circuito específico para que el Estado pueda detectar y tramitar posibles infracciones.

Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a Cancillería cualquier hecho que pueda estar comprendido dentro de las conductas prohibidas por la Ley 26.659. Para hacerlo tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos desde que tomen conocimiento de la situación.

Con esa información, la Cancillería podrá poner en marcha un procedimiento administrativo por iniciativa propia o a partir de la comunicación realizada por otro organismo.

Si durante esa etapa aparecen elementos suficientes para avanzar contra una empresa o entidad, el presunto infractor deberá ser notificado. A partir de ese momento dispondrá de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.

Concluida esa instancia, el Ministerio contará con otros diez días hábiles administrativos para definir el destino del expediente: podrá disponer su archivo o aplicar la sanción correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.

La medida le otorga así a la Cancillería un papel central en el seguimiento de las actividades relacionadas con recursos hidrocarburíferos en áreas que el Gobierno considera alcanzadas por la legislación argentina.

También habrá nuevos requisitos para inversiones y proyectos hidrocarburíferos

El alcance de la reglamentación no se limita a los procedimientos sancionatorios. El Gobierno incorporó nuevas exigencias para determinados trámites vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con el sector de hidrocarburos.

Las empresas deberán presentar declaraciones juradas en las que manifiesten que tanto ellas como sus participantes directos e indirectos no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Cancillería, además, podrá intervenir en esos trámites para determinar si existe alguna conducta incompatible con las disposiciones de la norma. La intervención también alcanzará los permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones previstos en la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

El Gobierno encuadró estas modificaciones dentro de una política de mayor coordinación entre organismos estatales. En esa línea, Milei había planteado durante su discurso la necesidad de contar con "leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno".

El Gobierno amplió el Presupuesto en $521.558 millones

El otro decreto publicado este jueves tiene un alcance presupuestario. El DNU 867/2026 dispuso un refuerzo de $521.558 millones para distintas áreas durante los meses restantes de 2026. Aunque la ampliación nominal alcanza ese monto, el impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.

De acuerdo con la explicación oficial, el resultado fiscal previsto no se verá alterado porque el financiamiento contempla $288.475 millones de reasignaciones dentro de la Administración Central y $234.122 millones provenientes de recursos acumulados por el Tesoro Nacional a partir de las últimas privatizaciones.

En términos relativos, el refuerzo representa menos del 0,16% del Presupuesto ampliado para 2026. También equivale al 5,1% del incremento del superávit fiscal acumulado durante los primeros ocho meses del año.

La distribución de los fondos involucra a diferentes organismos y contempla objetivos que van desde la política de defensa hasta la ciberseguridad y la inteligencia.

• La mayor partida corresponde al Ministerio del Interior, que dispondrá de $120.081,4 millones para identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional.
• La Jefatura de Gabinete de Ministros recibirá $119.964,5 millones. Los recursos estarán destinados al diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A, además de políticas de ciberseguridad.
• El Poder Judicial contará con $111.210,3 millones para tareas de interceptación y captación de comunicaciones.
• El Poder Legislativo Nacional tendrá una ampliación de $66.164,9 millones, destinada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y al control externo del sector público nacional.
• Para la Cancillería se asignaron $54.593,6 millones, que financiarán acciones diplomáticas relacionadas con Malvinas, la Antártida, la política oceánica y el Atlántico Sur.
• La Presidencia sumará $33.357,8 millones para asistencia legal, información e inteligencia, 
• El Ministerio de Defensa recibirá $11.061,4 millones para el alistamiento operacional de la Armada y la Fuerza Aérea y el planeamiento militar conjunto.

El resto de la ampliación se distribuye entre otras áreas: $3.119,5 millones para el Ministerio de Justicia, destinados a la prevención del lavado de activos, y $2.524,2 millones para el Ministerio de Economía, para tareas vinculadas con el control de la oferta pública y la seguridad de presas.

Por qué Milei puso el foco en el petróleo de Malvinas

El trasfondo de las medidas está relacionado con el avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvina Norte. Durante la cadena nacional, Milei hizo una referencia específica al proyecto Sea Lion, cuyo desarrollo en el área de las islas fue utilizado por el Presidente como argumento para advertir sobre la explotación de recursos que Argentina considera propios.

El jefe de Estado definió la situación como "especialmente grave" porque implicaría "la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos".

La preocupación expresada por Milei está relacionada con el avance de las operaciones petroleras y con la posibilidad de que las reservas ubicadas debajo del mar sean explotadas mientras continúa la disputa de soberanía con el Reino Unido.

"Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", sostuvo. El Presidente también vinculó la explotación hidrocarburífera con la disputa territorial y afirmó que "el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe explotando nuestros recursos".

Defensa, seguridad y una nueva base naval

Los decretos publicados en el Boletín Oficial forman parte de una estrategia más amplia que Milei presentó durante su mensaje.

El Presidente anticipó el envío al Congreso de un conjunto de iniciativas relacionadas con la seguridad nacional. Entre ellas se encuentran:

• La creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
• Un régimen destinado a proteger infraestructuras críticas.
• Un marco específico para la protección aeroespacial y marítima.

Otro de los anuncios fue la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, proyecto que tendrá como objetivo reforzar la presencia y proyección argentina en el Atlántico Sur.

La estrategia planteada por el Gobierno no quedó limitada a la defensa militar. Milei amplió el concepto de seguridad nacional hacia los recursos económicos y estratégicos, la infraestructura y la capacidad de decisión del Estado.

"La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro", afirmó.

El Presidente cerró su planteo sobre Malvinas con una convocatoria a los distintos sectores políticos y pidió mirar el reclamo desde una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, sostuvo que "defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección".

Milei también invitó a los sectores opositores a acompañar la iniciativa del Gobierno al considerar que la cuestión de las Islas Malvinas excede a una administración particular y debe ser abordada como una causa nacional.