Patricia Bullrich volvió a criticar a la jueza que frenó por dos meses el régimen penal juvenil y apuntó a Kicillof
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La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión de una jueza bonaerense de suspender durante dos meses la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la falta de adecuación de las estructuras necesarias para implementar la norma.
La senadora sostuvo que las jurisdicciones contaron con seis meses para preparar los dispositivos requeridos antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema. En ese sentido, defendió la reducción de la edad de imputabilidad y destacó que la normativa contempla mecanismos orientados a que los menores puedan abandonar el delito.
"Nosotros fuimos muy prudentes cuando votamos la ley de imputabilidad a los 14 años, algo absolutamente necesario en la Argentina para que aquel que delinque tenga consecuencias y además pueda salir del delito", afirmó Bullrich en ¿La ves?, por TN.
Según la dirigente, el objetivo del régimen no se limita a establecer consecuencias penales. "Está muy bien pensado el proyecto, para que tenga un camino de salida y no de cárcel toda la vida. Le dimos seis meses para que cada distrito ponga en marcha los dispositivos necesarios para poner en marcha la ley", señaló.
Bullrich cuestionó la intervención de una jueza bonaerense
La senadora también puso en duda la facultad de la magistrada provincial para suspender la aplicación de una normativa nacional. A su criterio, la decisión judicial excede las atribuciones de la jueza Marta Elba Pascual.
"La jueza de la provincia de Buenos Aires no tiene control de constitucionalidad, capacidad de decidir sobre una ley nacional", sostuvo Bullrich.
La legisladora cuestionó, además, que la suspensión se extienda por dos meses y planteó que ese plazo no resolvería las cuestiones de infraestructura que, según su argumento, debieron ser atendidas durante los seis meses anteriores.
"Decidir que no la aplica por dos meses, ¿en dos meses va a hacer lo que no hicieron en seis? ¿Qué está buscando? Generar una zozobra sobre un tema que es absolutamente fundamental en la Argentina, que es el que las hace las pague", cuestionó.
Bullrich rechazó que la falta de recursos pueda justificar la demora en la puesta en marcha del régimen. "No solamente hay dinero, sino que además hay una responsabilidad frente a la sociedad", afirmó.
También advirtió por las consecuencias que, según su interpretación, puede generar la suspensión sobre los casos alcanzados por la nueva normativa. "Sigue la puerta giratoria", señaló.
La exministra de Seguridad sostuvo que el régimen ya comenzó a implementarse en otras jurisdicciones y mencionó a Mar del Plata y Mendoza como ejemplos.
"Estamos hablando de una herramienta pedida hace muchísimos años por toda la sociedad y los expertos en el tema, y por la necesidad de que no haya impunidad. Y que los menores no sean la carne de cañón de los mayores ni los soldaditos de la droga", explicó.
En paralelo, Bullrich vinculó el conflicto con la postura que mantuvo el kirchnerismo frente al tratamiento de la ley en el Congreso. "Es totalmente contraria a lo que está haciendo todo el país", afirmó, y agregó: "No votar una ley no implica desconocer lo que hace el Congreso nacional".
La senadora también acusó al gobierno bonaerense de recurrir a una magistrada cercana al peronismo para impedir la aplicación de la norma. Ante una consulta sobre una posible coordinación con Kicillof, respondió que no tiene "la menor duda" y sostuvo que "no es casualidad que estén boicoteando esta ley".
El antecedente de Bullrich antes de la suspensión
La postura de Bullrich se conoció después de que la senadora hubiera respaldado públicamente la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil a nivel nacional. En ese momento, destacó que la reforma modificaba el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes y planteó que la edad dejaba de ser un impedimento para que existieran consecuencias penales.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había celebrado la puesta en marcha de la normativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el nuevo esquema terminaba con la posibilidad de utilizar la edad como argumento para evitar una respuesta penal.
La aplicación del régimen, sin embargo, quedó rápidamente atravesada por la decisión de la Justicia bonaerense. La medida cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual suspendió durante 60 días su implementación en la provincia, mientras se analizan las condiciones existentes para aplicar la nueva normativa.
El conflicto entre Nación y Provincia por la implementación
La discusión por la aplicación del régimen penal juvenil sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Bullrich ubicó el cuestionamiento a la suspensión dentro de una disputa más amplia y señaló que la provincia debe avanzar con las medidas necesarias para adecuarse a una normativa aprobada por el Congreso.
La senadora también rechazó que las diferencias políticas con el oficialismo nacional puedan traducirse en un freno a la aplicación de una ley. Su argumento se apoyó en la necesidad de que las distintas jurisdicciones adapten sus estructuras para cumplir con las disposiciones nacionales.
El planteo de Bullrich se produjo además en un contexto de fuertes cruces entre el Gobierno de Javier Milei y Kicillof por distintas políticas públicas. En este caso, la controversia quedó concentrada en la implementación del régimen penal juvenil y en las condiciones con las que cuenta la provincia para aplicarlo.
Para la dirigente oficialista, la discusión no debería centrarse únicamente en la decisión de la Justicia, sino también en la responsabilidad de las autoridades provinciales frente a la entrada en vigencia de la normativa. Por eso, insistió en que el plazo otorgado previamente debía haber permitido avanzar con las adecuaciones necesarias.
El conflicto quedó así planteado en dos planos: por un lado, la discusión judicial sobre la suspensión temporal; por otro, el enfrentamiento político entre Nación y Provincia por la aplicación efectiva del nuevo régimen.
