Pedro Sánchez amplía el freno a los desalojos hasta 2030 y prorroga alquileres en España
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El caso de Maricarmen Abascal, la jubilada madrileña de 87 años que fue desalojada después de haber alquilado durante 70 años, terminó convirtiéndose en el punto de partida de un nuevo paquete de medidas sobre vivienda en España. El gobierno de Pedro Sánchez acordó con sus socios de Sumar una serie de cambios que incluyen una extensión de los contratos vigentes, nuevas reglas para los alquileres temporales y por habitaciones y un freno a los desahucios que se extendería hasta 2030.
El paquete también contempla impedir la compra de viviendas por parte de los llamados fondos buitre, una de las principales demandas de las organizaciones de inquilinos que mantienen movilizaciones en distintas ciudades del país.
La propuesta, sin embargo, todavía no está aprobada. El Ejecutivo deberá conseguir respaldo parlamentario porque no dispone de mayoría en el Congreso. De acuerdo con El País, el tratamiento legislativo está previsto para este viernes.
Alquileres y desahucios: las nuevas medidas sobre vivienda que impulsa España
Las negociaciones dentro de la coalición de gobierno desembocaron en una serie de medidas que ahora deberán atravesar el Parlamento.
Entre ellas figura la extensión de los contratos de alquiler actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028. El acuerdo también incorpora la regulación de los contratos de temporada y de los alquileres de habitaciones.
Otro de los puntos centrales es la suspensión de los desahucios hasta 2030. A su vez, el Ejecutivo prepara una segunda norma destinada a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler.
La ministra de Sanidad, Mónica García, fue la encargada de comunicar el acuerdo a través de las redes sociales y vinculó las nuevas medidas con las protestas que se desarrollaron durante los últimos días.
"Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible"
El conjunto de iniciativas comenzó a ser conocido como "decreto Maricarmen", en alusión a la mujer cuyo desalojo volvió a colocar el acceso a la vivienda en el centro de la discusión política española.
La presión de las organizaciones de inquilinos
Las organizaciones que impulsaron las protestas reclamaban cambios más profundos en el sistema de alquiler. Entre sus principales pedidos se encontraba la creación de contratos indefinidos, en reemplazo de los cinco años de duración vigentes.
El Sindicato de Inquilinas y otras plataformas también cuestionan el impacto de los fondos de inversión y de los alquileres turísticos de corta duración sobre el mercado inmobiliario.
En ese punto aparecen empresas y plataformas como Airbnb, señaladas por los manifestantes como parte de un fenómeno que reduce la cantidad de viviendas disponibles para residentes y contribuye al aumento de los precios.
La respuesta del gobierno llegó mientras continúan las concentraciones. Desde el sábado, varios cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol, uno de los puntos turísticos más conocidos de Madrid, para reclamar medidas de protección para los inquilinos.
"Celebramos esta victoria del poder popular", sostuvo Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, después de conocer el contenido inicial del acuerdo. De todos modos, aclaró que la organización todavía debía recibir el texto completo y analizarlo.
La movilización continuará. Valeria Racu, otra de las portavoces del sindicato, anticipó nuevas protestas: "Esto solo acaba de empezar y por eso convocamos también movilizaciones estatales en todas las ciudades del país este fin de semana"
Madrid no es el único lugar donde se registraron acampadas. También comenzaron a instalarse concentraciones, aunque de menor magnitud, en ciudades como Málaga y Sevilla.
Mientras tanto, las autoridades regionales de Madrid, gobernadas por el Partido Popular (PP), reclamaron a la Delegación del Gobierno que desmonte el campamento de la Puerta del Sol, al que calificaron de "ilegal", y le dieron un plazo máximo de 48 horas.
Junts condiciona el apoyo en el Congreso
El principal obstáculo para el gobierno de Sánchez se encuentra ahora en el Parlamento. El Ejecutivo dispone de 30 días desde la publicación del decreto para alcanzar un consenso con sus aliados, pero uno de los respaldos necesarios todavía no está garantizado.
Junts, el partido independentista catalán cuyo voto puede resultar determinante, sostuvo que todavía no estaba dispuesto a respaldar el paquete tal como está planteado. La formación reclama que las nuevas reglas contemplen también a los pequeños propietarios, que representan la mayoría de los dueños de viviendas en España.
La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, explicó la posición de su partido en la cadena estatal RTVE. Señaló que Junts está a favor de detener los desahucios cuando los inmuebles pertenecen a fondos buitre, pero cuestionó que se incluya en la misma categoría a todos los propietarios.
"Mezclar a aquellos que han invertido sus ahorros en un piso, en un restaurante o en una propiedad —metiéndolos a todos en el mismo saco— es un error".
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, directamente rechazó las medidas anunciadas por el Ejecutivo. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, cuestionó al gobierno durante una rueda de prensa en el Congreso:
"Sabemos desde hace muchos años que la vivienda es el principal problema de los españoles. El gobierno ha sido un actor necesario para que sea el principal problema de los españoles. Y en 24 horas el gobierno quiere arreglar lo que ha destruido en ocho años. Las medidas van orientadas todavía más a destruir el mercado de la vivienda".
Muñoz también apuntó contra la situación parlamentaria del Ejecutivo: "Ellos se buscaron este lío sin tener mayoría parlamentaria. En este lío se metieron ellos por querer gobernar habiendo perdido las elecciones y no pueden pretender que el PP les saque de este lío"
La discusión parlamentaria se producirá, además, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027, en un escenario donde el acceso a la vivienda ganó peso dentro de la agenda política española.
Por qué la vivienda se convirtió en un problema central
El conflicto no se limita al caso de Madrid. España atraviesa una situación de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, con un crecimiento de los precios de las viviendas y de los alquileres que supera la evolución de los salarios reales.
Uno de los factores señalados es la insuficiente construcción de nuevos inmuebles. El país todavía no recuperó el ritmo de edificación que tenía antes de la crisis financiera de 2008.
Según el Banco de España, existe actualmente un déficit de alrededor de 750.000 viviendas y esa brecha podría superar el millón de inmuebles en 2028. El faltante sería casi el doble del registrado en Italia.
La dificultad para comprar una vivienda trasladó una mayor cantidad de demanda hacia el alquiler. A esto se suma el crecimiento de la actividad turística, que también incide sobre la disponibilidad de inmuebles en determinadas zonas.
El Consejo de la Juventud de España calculó que el alquiler medio alcanza los 1.176 euros (1.337 dólares), una cifra equivalente aproximadamente al 98,7% del salario medio mensual del país.
