La disputa por el financiamiento universitario complica a Milei más allá de los disturbios

El violento y prolongado enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía durante la quinta Marcha Federal Universitaria empañó el legítimo reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para las universidades, pero también abrió un interrogante para el gobierno de Javier Milei, respecto de la conveniencia política de sostener su negativa a aplicar esa norma.

Por un lado, la puja por los fondos para el sistema universitario público ya empezó a meterse en la discusión en Diputados por el Presupuesto 2027 de Milei. Por el otro, las imágenes de la represión policial en las cercanías del Congreso y de los manifestantes que arrojaron piedras y sacudieron las vallas -casi todos ellos encapuchados- distan de lo que el Presidente busca transmitir a los mercados y al exterior, porque es una foto de descontrol.

En el oficialismo suponen que, en realidad, ayuda a Milei -que regresa este viernes de su vigésima visita a EE.UU.- a reforzar la polarización y el discurso sobre "el riesgo kuka" para cargarle nafta a su reelección.

Sin embargo, esa lectura permea más en el electorado propio que en el amplio universo de indecisos para 2027. Además, lo concreto es que siempre es mejor la imagen de una calle en orden y que todo el episodio tiene un origen específico: la pelea con las universidades por el financiamiento, que en rigor se da desde el inicio de la gestión libertaria y amenaza con distorsionar los planes futuros del Gobierno en el Congreso.

Por qué la pelea por el financiamiento universitario va más allá de los disturbios frente al Congreso 

La Ley de Financiamiento establece pautas de recomposición y actualización automática por inflación de las partidas para el funcionamiento de las universidades. Tras su aprobación en agosto de 2025, Milei aplicó el veto y el Congreso la ratificó con las mayorías agravadas que correspondían.

Sin más opciones, el Presidente la promulgó pero suspendió por decreto las erogaciones, con el argumento de que no tienen una fuente financiamiento específica. El Centro Interuniversitario Nacional (CIN) fue a la Justicia y consiguió un fallo favorable que declaró inconstitucional la suspensión , pero el Gobierno apeló a la instancia superior para defender esa decisión. Mientras tanto, la asignación de fondos aprobada por el Congreso no se cumple.

El Gobierno sostiene su negativa y, tras la movilización, en el oficialismo confían en haberse anotado un punto a favor de cara a la opinión pública por el accionar del grupo minoritario de violentos que corrió el foco del reclamo de docentes y estudiantes, en una movilización a la que además adhirieron la CGT, el Frente de Izquierda y otras agrupaciones políticas.

Hubo cerca de 31 detenidos y el Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva avanza con una denuncia penal. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", subrayó la ministra.

Sin embargo, la disputa por el financiamiento no se agotará con los incidentes ni con la respuesta penal del Gobierno. Todavía hay un expediente judicial en curso que, si se resuelve a favor del CIN, dejará a Milei sin ninguna otra herramienta legal para su intransigencia. A la vez, la asignación de fondos para el sistema universitario es algo ineludible en el tratamiento del Presupuesto y ya quedó demostrado que en este tema el oficialismo está en franca minoría en el Congreso.

En números concretos, las universidades públicas reclaman una asignación de $ 11 billones para salarios del personal docente y no docente, gastos de funcionamiento y becas. El monto se desprende, precisamente, de la recomposición y las actualizaciones automáticas que establece la Ley de Financiamiento.

Sin embargo, al mismo tiempo que esquiva el cumplimiento de la norma el Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto una asignación de $ 7,3 billones para las universidades públicas, un 33% menos de lo que reclaman las casas de altos estudios.

Tras la marcha universitaria, el conflicto pone una sombra sobre los planes de Milei en el Congreso

En la primera jornada de debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ya se escucharon reclamos de la oposición dura y también de sectores dialoguistas para que se modifique todo ese capítulo y se asignen las partidas que fija la Ley de Financiamiento.

Con aliados que ya empezaron a medir y dosificar su nivel de apoyo, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) se vio obligada ofrecer gestos de apertura. Por caso, el presidente de la comisión, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, consideró "razonable" el planteo y señaló que intentará que "venga la gente de Educación" a la nueva reunión prevista para el próximo martes.

A pesar de que nadie ignora el juego de la política partidaria que siempre se mezcla con los reclamos legítimos, el desenlace violento de la movilización universitaria puede llevar a que diputados opositores y también dialoguistas -especialmente los de la UCR más algún PRO- unan voluntades para meter el financiamiento en el Presupuesto por la fuerza si el Gobierno insiste en su negativa.

Una situación así alteraría todas las cuentas que el ministro de Economía, Luis Caputo, con su consecuente impacto en las consideraciones del FMI y del mercado financiero sobre la gestión de Milei. También distorsionaría los acuerdos con gobernadores en torno a obras y fondos para las provincias, lo que a su vez afectaría la negociación del Gobierno en torno a la reforma electoral.

No es un escenario imposible, ya que el año pasado buena parte de esos bloques y diputados rechazó en el recinto y quitó del proyecto de Presupuesto 2026 un capítulo entero, en el que el Gobierno había incorporado la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. La pelea es la misma y está por verse si el resultado se repite, pero el antecedente no favorece al oficialismo.

Caos e incidentes en la Marcha Federal Universitaria: todos apuntan a "infiltrados"

La quinta Marcha Federal Universitaria empezó sin inconvenientes. Las columnas de agrupaciones de estudiantes de la UBA y otras casas de altos estudios empezaron a dirigirse hacia el Congreso a las 13:00. Ciertamente, el intento de la oposición de tumbar del "mega DNU" de Milei en la Cámara baja le agregó condimento político a la movilización, pero el inicio fue pacífico.

Todo cambió poco antes de las 16:00, cuando un grupo de personas encapuchadas se ubicó frente al vallado que separaba a los manifestantes de los efectivos de Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad federal, sobre la avenida Entre Ríos.

Fue entonces cuando empezaron los piedrazos hacia el operativo policial y la destrucción de bancos y cordones para reunir más cascotes que arrojar, entre otros objetivo. Las fuerzas de seguridad arrojaron agua, gases lacrimógenos y balas de goma.

A las pocas horas ya se reportaban al menos seis heridos, entre efectivos de Gendarmería y Policía Federal y manifestantes. Toda la zona se sumió en un caos de estruendos y gritos. Los gases lacrimógenos adectaron incluso a legisladores que tienen sus oficinas en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, ubicado frente al Congreso sobre la Avenida Rivadavia.

La palabra "infiltrados" no tardó en aparecer para definir lo ocurrido, que estuvo muy lejos de lo que buscaban los estudiantes y docentes que marcharon. Aunque no todos la usaron de la misma manera. Los manifestantes apuntan a servicios de inteligencia que operan para justificar la represión, mientras que el oficialismo señala a la Izquierda. En esa línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló de "zurdos infiltrados que no les interesa la educación".

¿Cuál fue el reclamo de las universidades que los incidentes taparon?

Los organizadores tuvieron que adelantar el acto central debido a la lluvia, pero los incidentes se impusieron como tema. Desde el escenario, la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, le apuntó directo al Gobierno: "Una vergüenza. Están reprimiendo en una marcha pacífica. No cumple con las leyes, gastan millones en operativos y no ponen la plata en universidades".

La proclama de la movilización fue distribuida y leída por un grupo de estudiantes. "El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano", señaló el texto, en referencia a la posición de Milei en este conflicto.

La comunidad universitaria remarcó que el Congreso y el Poder Judicial le dio "la razón sancionando una ley, declarando inconstitucional la pretensión del Gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de los artículos" que disponen la actualización de salarios y becas.

"Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país. Es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución", concluyó la proclama de la nueva Marcha Universitaria.

De esta forma, el reclamo se sostiene a la par de la negativa del gobierno de Javier Milei a aplicar las pautas de financiamiento para las universidades que fijó la ley. Esa es la disputa de fondo. Las escenas de batalla campal no le ponen fin, sino que le suman un nuevo capítulo que puede tener derivaciones políticas incómodas para un oficialismo que encuentra un campo minado en el Congreso.