Sesiona Diputados: LLA quiere blindar Ley de Tierras y hay negociaciones por Discapacidad
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/661963c6b3762.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/10/585556.jpg)
Puntos importantes
El oficialismo LLA busca controlar la agenda legislativa en Diputados, enfrentando a la oposición.
Impulsa el proyecto de Propiedad Privada para blindar el DNU y la Ley de Tierras, reinstaurando límites y sumando desalojos exprés.
También propone leyes de Discapacidad y Endeudamiento familiar, chocando con las iniciativas de la oposición.
La pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la oposición por el control de la agenda legislativa sigue este miércoles, con el inicio de una mega sesión en la Cámara de Diputados donde La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar la polémica en sobre la Ley de Tierras a través del proyecto de Inviolabildad de la Propiedad Privada y negocia contrarreloj para imponer su propio proyecto sobre prestaciones en discapacidad, para evitar que la oposición avance con sus propuestas.
El oficialismo logó el quórum poco antes de las 12:30 con 132 diputados presentes, entre ellos los aliados del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas y bloques provinciales como el de Catamarca. Estiman que la sesión durará entre 17 y 20 horas en total. Propiedad Privada y los proyectos sobre discapacidad son los temas centrales junto a las iniciativas sobre endeudamiento familiar y morosidad.
La tropa libertaria convocó a esta sesión en modo defensivo, ante el avance de la oposición para instalar esos temas en la agenda legislativa. De hecho, ninguno de los tres se convertiá en ley hoy sino que pasarán al Senado, pero su inclusión es lo que le permitió al oficialismo frustrar la semana pasada el intento de la oposición de derogar el DNU 70/2026 de Milei bajo la bandera de la defensa de la Ley de Tierras.
La complejidad del proyecto sobre Propiedad Privada, donde el oficialismo metió un tema caliente como es el de los límites para la venta de tierras a extranjeros, así como la interminable controversia sobre los recursos que asigna el Gobierno al área de discapacidad, concentran la mayor atención.
En las filas libertarias confían en aprobar el proyecto de Propiedad Privada y con ello cerrar uno de los frentes por donde se ve amenazado el DNU 70, pero en el tema discapacidad el resultado está más abierto. "Seguimos negociando", señalaron a iProfesional en LLA.
Y es que a pesar de que el oficialismo acordó con los aliados del PRO, la UCR y otros, al inicio de la sesión todavía se estudiaban cambios en la letra chica, como la incorporación de las partidas presupuestarias concretas y la garantía de cobertura de salud para las pensiones por invalidez y discapacidad sin distinción.
La novedad es que el peronismo se sumó a la negociación porque su dictamen -que propone prorrogar la Emergencia en Discapacidad- no reúne mayoría y la idea que empezó a correr en las últimas horas, según supo iProfesional, es la de arribar a un consenso amplio sobre el tema.
Debate sobre Propiedad privada en Diputados: el plan de LLA para blindar la Ley de Tierras y el "mega DNU"
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprobó en el Senado el 7 de agosto pasado, pero llegó mutilado respecto de su versión original. El texto impulsado por el ministro de Desregulción, Federico Sturzenegger, proponía una reforma a la Ley de Tierras Rurales (26.737) que no pasó el filtro de la negociación con los dialoguistas. Patricia Bullrich retiró ese capítulo entero, así como también el que modificaba la norma sobre uso de terrenos incendiados.
Sin esos puntos clave, el proyecto quedó reducido a una reforma sobre la normativa que regula los desalojos de inmuebles y las expropiaciones del Estados. El oficialismo lo dejó dormir en la Cámara de Diputados pero lo rescató la semana pasada, para frenar el avance opositor contra el DNU 70 que se organizó en medio de las idas y vueltas de la Corte Suprema en torno al artículo 154 de ese decreto, que deroga la Ley de Tierras y, por tanto, todos los límites a la "extranjerización".
La bancada de LLA reunió apresuradamente a las comisiones y firmó el mismo día el dictamen para el proyecto, con dos nuevos artículos: uno que deroga el articulo 154 del DNU 70 y otro que restituye "la plena vigencia de la Ley 26.737" que sancionó en 2011 el gobierno de Cristina Kirchner y dispone un límite del 15% del territorio nacional en manos extranjeras.
De esta forma abandonó la pretensión de eliminar esa norma e incluso de reformarla y, en cambio, ahora apunta a blindarla aunque ello implique derogar un artículo del DNU fundacional de la gestión de Milei. La idea es reforzar los límites que ya regían para la venta de tierras a extranjeros, de modo tal que una decisión judicial futura sobre el tema no vuelva a amenazar la totalidad del decreto en Diputados. Cerrar ese frente de batalla parlamentaria.
El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que en ese caso deberá volver al Senado por haber sido modificada. La oposición alimenta la desconfianza sobre esta jugada, con el antecedente de que el tema tierras ya se frustró una vez en esa Cámara. Sin embargo, en esta ocasión el proyecto propone un cerrojo legislativo para dejar la Ley 26.737 tal y como estaba antes de la gestión libertaria, lo que no le deja a los senadores opositores o dialoguitas muchos argumentos para rechazarlo. La clave estará en cuánto tiempo demore Bullrich en ponerlo a votación.
Desalojos exprés y expropiaciones: los otros puntos del proyecto sobre Propiedad Privada
No obstante, los otros capítulos del proyecto de Propiedad Privada sobre desalojos y expropiaciones casi ni se tocaron en las comisiones de Diputados y ya en el Senado habían generado algunas diferencias entre oficialistas y aliados. Por lo tanto, el destino de la iniciativa con la que LLA quiere cerrar la polémica por la Ley de Tierras también depende del debate en el recinto sobre esos puntos.
El proyecto propone un marco legal para el desalojo "exprés", al reformar el Código Civil y Comercial y establecer que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo. Cuando la ocupación sea ilegal el juez podrá disponer el desalojo una vez iniciado el litigio sin importar en qué etapa esté el juicio.
En tanto, cuando se trate de un inquilino legal a quien el propietario quiere desalojar por falta de pago, se le otorgarán 10 días corridos desde la intimación formal para que regularice la situación y, si nada cambia una vez cumplido el plazo, recién entonces el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo. Esta distinción entre "ocupas" e inquilinos fue reclamada por los bloques dialoguistas del Senado, dado que no figuraban en el texto original.
Por otro lado, el proyecto modifica el régimen de expropiaciones por parte del Estado. Establece una "interpretación restrictiva" sobre la medida, con la obligación de probar de manera concreta su necesidad y el fin perseguido. También cambia la forma de calcular la indemnización, que tomará como referencia el valor del bien expropiada a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto administrativo o anuncio público. Además, el monto se actualizará según el IPC.
La iniciativa también fija la limitación del cálculo sobre el lucro cesante, que "en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para evitar juicios millonarios que afecten las arcas públicas. En cualquier caso, el capítulo de expropiaciones es el menos conflictivo.
La pulseada que libran LLA y la oposición por la ley de discapacidad
En tanto, el debate de los proyectos sobre discapacidad y sobre morosidad asoma más tenso. Si bien el oficialismo se alzó con los dictámenes de mayoría en ambos casos -lo que les da prioridad en la sesión por sobre los proyectos de la oposición sobre los mismos temas- los votos para aprobarlos en el recinto no estaban asegurados al inicio de la sesión y las negociaciones continuaban.
Mientras la oposición impulsa la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, LLA avanza con un proyecto prácticamente igual pero sin la definición de "emergencia" que obliga a renovaciones anuales. Lo definen como "superador", porque pone todas las prestaciones dentro de un marco legal permanente.
La iniciativa mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70% de la jubilación mínima) y la actualización mensual por inflación, así como la posibilidad de que sean compatibles con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios mínimos. También sostiene el nomenclador universal para las prestaciones y la actualización de los valores por IPC.
Además, ante el reclamo de los aliados del PRO y la UCR el oficialismo aceptó incluir un cronograma de pago de deuda con los prestadores. No obstante, todavía hay planteos en torno a la garantía de cumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo. Un sector quiere que se especifique en el proyecto su costo fiscal (estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en $598.912 millones para 2027) y que ese mismo monto se refleje en el Presupuesto 2027.
"Eso está", aseguró a iProfesional un diputado libertario que sigue de cerca la pulseada por discapacidad. La ley de gastos e ingresos para el año próximo está en plena discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La semana pasada, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó que el financiamiento "está garantizado", pero un sector de los dialoguistas espera más garantías.
Esto estiró las negociaciones, pero generó también que la bancada de Unión por la Patria se sumara al diálogo, con la posibilidad de que el proyecto se apruebe con un consenso amplio.
Entre los nuevos cambios que se negocian sobre el dictamen figuran un presupuesto incorporado descriptivo, compatibilidad absoluta de las pensiones con distintos programas, sacar la evaluación sanitaria y garantizar cobertura de salud para las pensiones por invalidez y discapacidad sin distinción, según indicaron a este medio fuentes parlamentarias.
El debate sobre morosidad, con final abierto
El otro foco de tensión son los proyectos referidos al endeudamiento familiar y la morosidad. Los dictámenes de la oposición declaran la emergencia crediticia por 180 días, con un esquema de refinanciamiento para las deudas que sean el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales (unos $4.897.515).
En cambio, el dictamen que acordó LLA con los aliados en las comisiones pone el foco en la transparencia y la educación financiera. Por caso, establece una discriminación más visible del Costo Financiero Total (CFT), las tasas que deben pagarse, los punitorios, los plazos y los impuestos, además de un doble conforme para el otorgamiento del préstamo de bancos y billeteras virtuales. No fija ningún tipo de refinanciamiento o facilidades de pago.
Las iniciativas sobre morosidad fueron ubicadas al final del temario y entre los diputados opositores corre la especulación de que LLA apueste a que la sesión se quede sin quórum para el momento de tratar ese tema, dada la extensión de varias horas que prevén para la cita y la intensidad de los debates sobre Propiedad Privada y Discapacidad. Final abierto.
