El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña
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El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña como presidente, luego del escándalo del Ueno Bank. Peña había presentado su renuncia el jueves y este viernes le tomarán el juramento a Pedro Alliana, quien será el nuevo presidente.
Con esta destitución, Peña no tendrá fueros y podría ser juzgado y enviado a prisión por el caso del banco Ueno.
Durante el juicio político que se llevó a cabo este viernes en el Congreso paraguayo, los abogados del presidente habían objetado las pruebas ofrecidas y cuestionado su presunta falta de rigor. Sin embargo, el tribunal parlamentario desestimó esos reparos y habilitó el avance del procedimiento hacia su etapa final, que culminó con la destitución.
El mensaje de Santiago Peña durante el debate
Mientras se llevaba a cabo el debate en el Congreso, Peña publicó un mensaje en el que afirmó que presentó su renuncia para "evitar más daño al país" y para contribuir a que Paraguay recupere la tranquilidad.
"Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", manifestó el jefe de Estado en la publicación.
El mandatario pidió que los paraguayos sumen esfuerzos para restablecer las instituciones y dar respuestas a las personas afectadas.
En su despedida, Peña expresó gratitud, aunque reconoció la angustia de quienes aguardan explicaciones. "Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados", afirmó.
La defensa de Peña cuestionó la validez del proceso
Antes de que el Congreso confirmara la destitución, la defensa de Santiago Peña había cuestionado la validez jurídica del proceso durante el inicio de los alegatos de clausura ante el Senado. El abogado Ricardo Preda sostuvo que el trámite vulneró garantías básicas del debido proceso y el derecho a la defensa.
Según planteó el letrado, el Congreso aplicó un procedimiento sumario que impidió una revisión rigurosa de las actuaciones vinculadas al caso. También afirmó que la comisión acusadora de Diputados no logró acreditar la causal constitucional de mal desempeño de funciones.
Preda remarcó, además, que las acusaciones financieras expuestas durante la jornada no tendrían un vínculo causal directo con conductas u órdenes atribuibles a la investidura presidencial.
Las acusaciones de los legisladores
El diputado Adrián Vaezken ratificó la acusación contra el mandatario y pidió al Senado que declare su culpabilidad por mal desempeño de funciones.
El legislador cuestionó el argumento de la defensa, que invocó la autonomía del Banco Central del Paraguay (BCP) para sostener que Peña no puede responder por las decisiones de la entidad. Vaezken afirmó que esa postura omite que el presidente tiene la facultad de proponer a las autoridades del organismo, lo que, a su entender, lo vincula con su conducción institucional.
El diputado sostuvo que el caso provocó un daño institucional que se refleja en la desconfianza hacia el sistema financiero y en el deterioro de la credibilidad del Estado.
"Ratificamos la acusación y solicitamos al Senado que declare la culpabilidad de Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones", expresó.
El diputado Freddy Franco cuestionó la conducta ética de Santiago Peña y su gestión frente a la crisis financiera vinculada a Ueno. El legislador sostuvo que el derrumbe de la entidad no fue consecuencia de un revés del mercado.
"La caída de Ueno fue un atraco, el banco asaltó a la gente", afirmó ante los senadores.
Franco consideró que el presidente perdió legitimidad por la situación y aseguró que Peña "no cuenta con la confianza de su gente ni del pueblo paraguayo".
El diputado también calificó al mandatario de "angurriento". Su crítica apuntó al intento del Gobierno de utilizar fondos de garantía para cubrir el agujero financiero de la entidad bancaria, de la que Peña fue accionista. Para Franco, una eventual utilización de esos recursos representaría una afrenta contra el dinero de la ciudadanía.
El diputado Mauricio Espínola sostuvo que los elementos presentados durante el proceso son "irrefutables" y que exponen una subordinación de instituciones públicas a un esquema orientado a obtener un beneficio financiero particular.
A criterio del legislador, esa situación configura la causal de mal desempeño de funciones atribuida al presidente Santiago Peña. Espínola pidió a los senadores que evalúen las pruebas y adopten una decisión con firmeza patriótica para restablecer el orden democrático.
Santiago Peña no se presentó en el Congreso de Paraguay
Más temprano, el Senado de Paraguay había rechazado el pedido de Peña para obtener una prórroga de 72 horas en el juicio político que se tramita en su contra. A las 12.10, el mandatario debía sentarse en el banquillo de los acusados, pero no lo hizo.
Cerca de las 13, sus abogados defensores se presentaron en el recinto y avisaron que estarían presentes para ejercer la defensa técnica del mandatario, quien concurriría recién al momento de los alegatos.
El titular del Poder Legislativo, Basilio "Bachi" Núñez, había convocado de urgencia a los líderes y vicelíderes de las bancadas para evaluar la solicitud, antes de que el pleno del Senado resolviera si mantenía el cronograma previsto, pero no hubo acuerdos. De esta manera, la decisión se trasladó al plenario, donde la solicitud obtuvo 44 votos en contra y solo 3 a favor.
Peña había presentado una nota formal dirigida a Núñez en la que pidió más tiempo para preparar su defensa y ofrecer pruebas. El mandatario argumentó que el plazo inferior a 12 horas que recibió para responder a las acusaciones resulta insuficiente para garantizar el debido proceso y el ejercicio de su derecho a la defensa.
En el documento hizo referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su descargo. Según detalló, recibió la comunicación a las 22:15, acompañada por un escrito acusatorio de 15 páginas y documentación anexa que comprende unas 300 fojas.
El presidente sostuvo que necesita tiempo para elegir un abogado de confianza, analizar los cargos y preparar las pruebas correspondientes. Por ese motivo, solicitó una extensión de 72 horas.
Núñez consideró atendible el planteo relacionado con las garantías del derecho a la defensa y mencionó la posibilidad de que una eventual vulneración de esas condiciones derive en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para fundamentar su posición, hizo referencia a los antecedentes de los expresidentes Fernando Lugo y Raúl Cubas Grau.
Qué se cuestiona sobre Ueno Bank y los fondos públicos
El juicio político contra Peña se originó en la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay luego de detectar incumplimientos en sus requisitos de solvencia. La entidad mantenía depósitos de millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, entre ellos fondos de organismos previsionales.
Las acusaciones contra el mandatario incluyen los siguientes puntos:
- Presuntos conflictos de intereses por sus anteriores vínculos societarios con el Grupo Vázquez, conglomerado al que pertenece Ueno Bank
- Cuestionamientos sobre la colocación de fondos públicos en la entidad financiera
- Presuntas irregularidades en las operaciones crediticias con empresas vinculadas
- Cuestionamientos al desempeño de las autoridades del Banco Central de Paraguay en el control de la entidad
En ese contexto, la senadora opositora, Esperanza Martínez, denunció que fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron colocados en Ueno. La legisladora cuestionó que se destinaran recursos previsionales a la entidad mientras el Gobierno responsabilizaba públicamente a docentes y trabajadores estatales por el déficit de la Caja Fiscal.
Martínez sostuvo que las colocaciones se realizaron pese a las advertencias y cuestionamientos sobre los vínculos entre Ueno y el poder político. También atribuyó responsabilidades al Poder Ejecutivo por el manejo de esos recursos.
Dentro de las cifras mencionadas en las denuncias figura un monto de u$s860 millones, de los cuales u$s350 millones corresponderían a ahorros previsionales. Se trata de montos incluidos en los cuestionamientos formulados durante el proceso, no de fondos cuya desaparición haya sido acreditada judicialmente.
