La Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad aprobada este miércoles en la Legislatura porteña con votos del oficialismo y de diputados aliados otorga herramientas diversas al Ejecutivo porteño para hacer frente a la pandemia de coronavirus y a los efectos sobre la recaudación derivados del aislamiento social y obligatorio.

Los siguientes son los nueve puntos destacados de la ley:

- Se faculta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para llevar adelante la reasignación de partidas presupuestarias con el fin de atender tanto la emergencia sanitaria como los efectos que la situación económica produzca. Queda suspendido el tope del 5 por ciento fijado por la legislación y desde la oposición sostienen que habrá discrecionalidad total para manejar el 100% de los fondos.

- Eliminación o suspensión transitoria de afectaciones específicas, exceptuando aquellos beneficios sociales a personas.

- Revisión de programas no esenciales, suspendiéndose o postergándose todo programa o acción que no sea crítica ni indispensable en el marco de la lucha contra la pandemia. Al respecto, la oposición criticó la falta de especificidad en la medida, que podría aplicarse a cualquier programa sin distinción respecto de su importancia para actores en riesgo.

- Bonificaciones y descuentos de hasta un 30% en ABL y la Patente Vehicular para quienes abonen de forma anticipadas estos tributos. Desde la oposición se señaló que se beneficiarán de esto aquellos sectores de mayores ingresos, los que pueden afrontar de mejor manera la crisis.

Legislatura porteña durante la votación de la Ley de Emergencia Económica y Financiera

- Suspensión de medidas cautelares y ejecuciones fiscales: La AGIP no iniciará estos procesos ni otros similares hasta el 30 de junio del 2020.

- Revisión de los contratos de bienes, servicios, obras y concesiones. Los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones serán destinados reforzar acciones de la emergencia sanitaria, afirmó el Gobierno.

- Congelamiento de la planta de personal y de las estructuras de autoridades superiores. No habrá nuevas incorporaciones en ninguno de los tres poderes ni en el resto de los organismos alcanzados por la ley. Cada poder establecerá sus excepciones, por ejemplo, en las áreas de mayor criticidad como Salud.

- Suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales, quedando exceptuados los que se otorguen en el marco de la prestación de servicios inherentes a la emergencia sanitaria.

- Tope al incremento de remuneraciones. Autoridades de entes descentralizados y empresas y sociedades del Estado no podrán incrementar aquellas remuneraciones que ya se encuentren por sobre la del Jefe de Gobierno, según equivalencias que se establezcan.

Cómo fue la aprobación de la ley de Emergencia Económica y Financiera

La Legislatura porteña aprobó la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad por la que se otorgan diversas herramientas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para afrontar las dificultades de la pandemia de coronavirus.

Entre estas medidas se destacan la reasignación de partidas, la revisión de programas no esenciales y de contratos de bienes y servicios.

La iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN, mientras que concitó el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda.

El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y, durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, dilatando su tratamiento y haciendo peligrar su aprobación, lo que derivó en una serie de modificaciones.

El punto más polémico era aquel que facultaba al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.

En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un "error" que fue "subsanado", pero no dejó de recordarle a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992, y un gobierno progresista, en 2002.

La Legislatura porteña durante la sesión en que se trató la Ley de Emergencia Económica y Financiera

Sin embargo, los partidos opositores señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo a "cerca de 18 mil trabajadores".

También se criticó de manera particular que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.

La creación de una comisión especial de seguimiento como respuesta del oficialismo fue insuficiente a los ojos de la oposición.

Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) dijo que la estructura de ese cuerpo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de "que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad".

Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos.