El Gobierno empezó a ajustar el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y ya evalúa alternativas para ayudar a las empresas a pagar el medio aguinaldo de junio. Los cambios fueron puestos en marcha en la reunión de este miércoles del gabinete ecónomico, encabezada por el jefe de ministros, Santiago Cafiero, quien dio luz verde a la reconversión de los subsidios destinados al pago de salarios en el sector privado, mediante la reducción de los trabajadores alcanzados por el beneficio y la focalización de los fondos en las actividades más críticas, que aún siguen paralizadas.

El ATP consiste en el pago del 50% del sueldo hasta un tope de $33.750 y está dirigido a las compañías cuya facturación registró una caída real en el último año, incluidas aquellas que acordaron rebajas salariales con sindicatos. Aunque el Gobierno acaba de ampliar el presupuesto en $40.000 millones para enfrentar la pandemia (desde su inicio ya lo había expandido en $575.000 millones), las autoridades están preocupadas por reducir el costo fiscal en subsidios. Ese debate iniciado el mes pasado a partir de una fuerte interna con el kirchnerismo derivó en un endurecimiento de los requisitos a las empresas para ingresar al salario complementario. Y ahora empezó a traducirse en un achique.

Así, el beneficio que en mayo alcanzaba a 2,4 millones de trabajadores se limitará desde este jueves a 2 millones en la segunda ronda del ATP, un 16% menos de la nómina. Lo mismo ocurriría con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000, percibido por 9 millones de personas, y los créditos a pymes con tasas subsidiadas de 24%. El nuevo criterio es enfocar la ayuda en los sectores con menor nivel de actividad o ingresos, teniendo en cuenta el avance de la flexibilización de la cuarentena. "La idea es que el ATP, IFE y los créditos estén dirigidos a las actividades que más lo necesitan y ayer se empezó a definir cuáles son esos sectores", explicaron fuentes del gabinete.

El Gobierno busca reducir el costo fiscal de los subsidios económicos por la emergencia, en medio de la expansión del gasto y la negociación de la deuda.

El gabinete económico acordó la necesidad de revisar el paquete financiero contra la pandemia en vistas de que el 85% del país retomó su capacidad productiva y comercial, pero "sosteniendo -e incluso ampliando- las herramientas y medidas para los sectores afectados por el aislamiento obligatorio", informaron en un comunicado. De esa manera, los próximos fondos se concentrarían en el AMBA, una región todavía bajo cuarentena y que, según reconoció el Presidente, podría volver a la fase I, de restricción total, por el incremento de casos en los últimos días. "La readecuación va a ser por sectores vía ATP o puede que el programa se reconfigure, no hay nada firme", señalaron fuentes oficiales.

Lo que está claro es que el Gobierno está buscando ajustar los recursos destinados a atender el impacto económico de la emergencia sanitaria en medio de la negociación de la deuda. En efecto, el salario complementario y el IFE fueron en mayo los principales motores del aumento del 45% del gasto primario en términos reales, en relación con el año pasado. Una situación que llevó al Banco Central a transferir utilidades por $430.000 millones al Tesoro para compensar un retroceso real en la recaudación del orden del 38%. En ese marco, los cambios en estudio contemplan la posibilidad de transformar el subsidio en un crédito a las más de 200.000 empresas beneficiadas en mayo.

Los funcionarios también analizan "diferentes modalidades" para el pago del Salario Anual Complementario (SAC) en un escenario de creciente tensión entre las empresas y los sindicatos. Las cámaras privadas solicitaron al Gobierno que sea incluido dentro del ATP, pero las autoridades todavía no dieron una definición. "Por ahora, no piensan pagar el ATP y dicen que ahora en lugar del subsidio darían un préstamo así que se va a poner bravo porque la CGT lo quiere cobrar completo", despotricaron desde la UIA.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer que no prevé diferir la liquidación del aguinaldo, aunque señaló que si una empresa y un sindicato llegaban a un acuerdo "hay que verlo".

Los empresarios piden fraccionar el medio aguinaldo, pero tanto el kirchnerismo como la CGT se oponen.

Por estas horas, el equipo de Alberto Fernández enfrenta presiones cruzadas. Desde el kirchnerismo, el exdiputado nacional Héctor Recalde se pronunció el lunes en contra de las rebajas salariales al personal en actividad y señaló que "si el medio aguinaldo se paga en cuotas se desnaturaliza el sentido del aguinaldo" vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. Por ello, se mostró partidario de que el Estado otorgue créditos para que las empresas puedan pagarlo en tiempo y forma, y evitar de ese modo su fraccionamiento. Su postura está en sintonía con la CGT, pero el Ejecutivo tiene otro frente abierto con los gobernadores.

Mendoza confirmó ayer la postergación del pago del salario extra hasta septiembre con un cronograma escalonado, un camino que podrían seguir Santa Fe, Río Negro, Chubut y Chaco. La pelea de fondo es por las transferencias de Nación.

El Gobierno aprobó en abril el envío de 120.000 millones a las provincias. La mitad mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otra a través de préstamos de un fondo difuciario con seis meses de gracia. "Desde nacion se aprobaron los famosos 120 millones para que las provincias cuenten con más liquidez ya sea para sueldos o proveedores", señalaron desde la Casa Rosada. Pero las provincias reclaman partidas adicionales para poder pagar el aguinaldo, una decisión que fue minimizada en los despachos oficiales. "Cada jurisdicción debe decidir (si lo paga en cuotas) pero no tengo información de que se vaya a pagar así", señalaron.

En cuanto al IFE, la ANSES comenzó el lunes a pagar la segunda ronda en un cronograma que se extenderá durante cinco semanas. Los créditos al 24% con garantía estatal ya acumulan un desembolso superior a los $220.000 millones y hasta la fecha se otorgaron 500.000 préstamos a tasa cero, con un volumen promedio fue de $109.000.

Del encuentro de este miércoles participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, su par de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Desarrollo Productivo,  Matías Kulfas, junto con el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Gustavo Beliz; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el del Banco Central; Miguel Ángel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.