"Plata hay". Es el argumento que expresó días atrás la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para justificar el reclamo de una mayor asistencia estatal a los más perjudicados por la pandemia, concretamente mediante el regreso de los programas IFE y ATP.

Y lo que en algún momento pareció una expresión exagerada o motivada por el enojo en un contexto de crisis, se está transformando en el mantra de una facción mayoritaria en el sindicalismo y en el sector político kirchnerista.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, una de cuyas tareas es la de explicar que "plata no hay" y que por eso en las próximas semanas le pedirá prestado $1 billón a los inversores privados y ruega para poder cumplir su objetivo de un déficit fiscal de 4,5%, intenta contener los reclamos. Lo hizo, por ejemplo, al enumerar los usos que se le darán a los $145.000 millones que ya se recaudaron por el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

Pero todos los días el ministro recibe señales en el sentido de que no alcanza con esa cifra y que, además, "plata hay". Por lo pronto, en lo que respecta a los salarios estatales -que  tomando en cuenta los niveles nacional,  provincial y municipal, suman casi cuatro millones de trabajadores y explican una cuarta parte del gasto público-, ya está quedando claro que el 35% que firmó el Gobierno con los sindicatos está lejos de ser un número sin discusiones a futuro.

En ese sentido, Hugo Godoy, secretario general de ATE, dijo que más que la cifra acordada, el tema importante es la aceptación, por parte del Gobierno, de que haya una cláusula de revisión que se pondrá en efecto durante el segundo semestre. Dijo que de ello depende "la garantía de superar la inflación".

La paradoja es que Guzmán, que durante todo el arranque del año admitió que los salarios debían ubicarse por encima de la inflación, no tiene muchas armas para defenderse ante los reclamos. Ni en lo argumental, porque las encuestas de economistas marcan que la inflación cerrará encima del 45%, ni en lo político, porque cada vez cuenta con menos apoyo interno.

La señal más clara la dio, en forma indirecta, la mismísima Cristina Kirchner, al promover que los salarios del Congreso tuvieran un 40% de aumento. Es una cifra que hace pocos días causó sorpresa cuando estuvo en la plataforma reivindicativa de los dos gremios vinculados al clan Moyano -el de camioneros y el de controladores de peajes- pero que ahora ya forman parte de la "nueva normalidad".

De manera que la interpretación que se está haciendo en el ámbito político es que esos reclamos que parecían ir en contra del pedido de moderación que en su momento había hecho Guzmán, son ahora refrendados desde la máxima autoridad del kirchnerismo.

Por cierto que la medida ya causó controversia política, como se evidenció en la protesta de Florencio Randazzo, que aspira a encolumnar al peronismo disidente. "Ellos se aumentan el 40% y a nosotros nos dan el 29%" se quejó el ex ministro de Cristina.

Pero lo cierto es que, a esta altura, muchos de los que habían firmado en las paritarias por 29% o por los tres o cuatro puntos de recuperación que Guzmán aprobaba, ya están revisando los números, ante la evidencia de que la meta inflacionaria que el ministro había soñado para todo el año se cumplirá en el primer semestre.

Los primeros conatos de conflicto ya se están viendo en dos de los gremios más relevantes de esta coyuntura: el de la alimentación y el de la sanidad.

Y hasta en sectores que habían sido elegidos por el propio Alberto Fernández como ejemplo y referente de los demás gremios, como el de los bancarios que dirige Sergio Palazzo, ya surgieron problemas: la cláusula de revisión salarial podría adelantarse dos meses.

Al convalidar el 40% de ajuste salarial en el Congreso, Cristina fijó un nuevo piso como referencia para el mercado laboral

Del "techo Palazzo" al "piso Cristina"

Es por eso que el porcentaje de aumento de 40% en el Congreso pasó a ser un tema de debate político: ¿debe considerarse un gesto condenable, porque implica un desconocimiento de lo que ocurre en el resto de la economía? ¿O más bien debe ser visto como una señal sobre el nuevo "piso" salarial que quiere marcar Cristina Kirchner como referencia para el mercado?

En el kirchnerismo están convencidos de esta segunda interpretación. Artemio López, uno de los principales encuestadores y analistas políticos vinculados a este sector, no dudó en calificar la medida como "una señal potente" con vistas a lo que deberá ser la política de ingresos del Gobierno antes de las elecciones legislativas.

"Un 40% de aumento salarial es un piso mínimo desde donde empezar y es imposible imaginar uno menor", argumentó López. Y le asignó a este punto de inflexión una importancia fundamental, porque considera que está destinada a impactar en el segmento de ingresos medio y medio-bajos de la población.

Más concretamente, se refiere al sector que, en el análisis estadístico por deciles que hace el Indec, se ubican entre el segmento 3 y el 6. Hablando en plata, es la gente que tiene ingresos individuales promedio desde $8.200 -tercer decil- hasta $15.900 -sexto decil.

Esa masa de trabajadores conforma el 40% del electorado y, según López, es ahí donde se defina cualquier elección. Lo califica como un sector de la ciudadanía que no vota por simpatías ideológicas sino en relación muy directa a cuál sea su situación económica en ese momento.

Y lo que más preocupa en el kirchnerismo es que se trata de un sector que en este momento es el más afectado por la pandemia. No tiene ingresos suficientes como para sentir el alivio del impuesto a las Ganancias, que recién beneficia a aquellos que ganan más de $150.000, pero tampoco están en el segmento de ingresos más bajos, que son los que reciben la asistencia directa del Estado, ese paquete de $480.000 millones que Alberto Fernández anunció recientemente.

Para colmo, las encuestas están marcando que la inflación, que venía en segundo o tercer lugar en el ranking de preocupaciones de los argentinos, volvió al primer lugar. Es la consecuencia de la aceleración en la suba de precios pero también -como temían algunos referentes del kirchnerismo- de que a medida que avanza la campaña vacunatoria, el eje de la agenda política vuelve a centrarse en la economía.

Una desigualdad creciente

La preocupación del oficialismo respecto de las disparidades en los niveles de ingresos parece justificada. Mientras hay sectores que están pensando en ajustes del 40%, hay otros que, afectados por las restricciones a la circulación, siguen perdiendo puestos de empleo. La gastronomía y el turismo son los más emblemáticos en esa nómina.

De hecho, las consultoras económicas están revisando a la baja sus previsiones sobre crecimiento de la economía, y hoy ya nadie comparte el optimista pronóstico de Guzmán sobre un crecimiento de 7%. Previendo un rebote mucho más modesto, hay quienes se animan a hablar de un nuevo año de caída real en el salario. Por caso, un informe de Eduardo Fracchia, del IAE, prevé una caída de 7%, lo cual acumula una caída de 25% en términos reales desde 2015.

También se da otra paradoja: la política de "anclar" al dólar para moderar la inflación también incide en una pérdida de poder adquisitivo. Un informe de la Fundación Mediterránea señala que, medido en dólares financieros, hay un fuerte encarecimiento de los bienes de consumo durable y del costo de la construcción. Además, señala una tendencia creciente al desfase entre los "bienes salario" y el ingreso de los trabajadores.

Tal vez uno de los mayores signos en ese sentido sea el salario mínimo, que tras un ajuste de 9% en abril y otro de 4% en mayo, se ubica en $24.400. Esto implica que le faltan $2.600 para cubrir una canasta básica.  En una época, Cristina Kirchner se jactaba de que el salario mínimo de Argentina era el más alto de la región. Actualmente, su poder de compra de ubica entre los de menor poder adquisitivo.

El escenario de disparidad salarial queda más claro cuando se observa el contraste con los ingresos se las industrias menos afectadas por la pandemia y, dentro de ellas, por los empleados de mayor rango. Una reciente reciente encuesta de la consultora Willis Towers Watson sobre remuneraciones "fuera de convenio" -es decir, para el personal no sindicalizado, los mandos medios y las gerencias-, indica que promediarán en el año un 43,2%, con sectores líderes que tienen previsto superar el 48%.

¿Plata hay?

El diagnóstico político del kirchnerismo está claro: o se mejora drásticamente el nivel de ingresos o está en riesgo el proyecto político. En cambio, lo que sigue en debate es si habrá posibilidades de fomentar una mejora de ingresos sin que se genere una turbulencia financiera.

En lo que respecta al sector público, Guzmán se las ingenió para que en el primer cuatrimestre los ingresos impositivos crecieran a un ritmo de 65% mientras el gasto lo hizo al 33%. Y, al mismo tiempo, el Banco Central hizo crecer nominalmente la base monetaria un 18% en comparación interanual, contra una inflación de 46%.

Pero todo apunta a que ya no quedará margen para esa política contracíclica. Un grupo de economistas del Frente de Todos publicó un documento en el que afirma que llegó el momento de usar sin timideces el estímulo estatal para reactivar la actividad y el consumo.

El récord en el ingreso de exportación agrícola convenció al kirchnerismo de que hay margen para aumentar la presión sobre el sector

Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de Cristina, es uno de los líderes de esta tendencia. Reclama que "la política monetaria y fiscal deben ser expansivas para apuntalar la continuidad de la recuperación".

Pero advierte que para que esta política pueda llevarse a cabo, deben darse dos condiciones. Una es que el Banco Central se robustezca en reservas, de manera de poder intervenir ante eventuales aumento de la demanda de dólares. La otra es extremar la intervención y regulación en el mercado de alimentos, para desacelerar los precios.

En otras palabras, que gracias al ingreso extra de divisas de la exportación agrícola y a la mejora de la recaudación impositiva, "plata hay".

Es una mirada que se engarza con la visión de que también en el sector privado hay de dónde sacar recursos. Además de la reciente reforma de Ganancias, siguen en pie las iniciativas para aumentar las alícuotas de Bienes Personales.

Por cierto que el sector agroexportador está en la mira para "captar rentas extraordinarias". Como dijo el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar, el autor de la frase "plata hay", estos sectores generaron ingresos por más de u$s13.000 millones en el arranque del año, una cifra récord que el Gobierno debe mirar con un ánimo redistributivo.

Y, además, un tema que está llamando la atención es el balance de las grandes empresas alimenticias, tales como Molinos, Arcor y Ledesma. Referentes del mundo K descubrieron una falta imperdonable: dieron ganancias aun en un año recesivo, con plena pandemia y en un entorno inflacionario.

Las empresas dijeron que el punto de inflexión para abandonar los números en rojo se basó en  una dura política de recorte de gastos, una búsqueda en la mejora de la eficiencia y una disminución a la exposición de la deuda.

Pero desde el punto de vista K, es la demostración de que todavía hay margen en el sector privado para aumentar la presión.