Jubilados: cuánto debería aumentar el bono de $70.000 para recuperar su valor de 2024
Los jubilados que cobran el haber mínimo reciben en noviembre un ingreso bruto de alrededor de $514.158, con el bono extraordinario incluido. De ese total, apenas $70.000 corresponden al refuerzo que el Gobierno mantiene sin cambios desde marzo de 2024, pese a la suba acumulada de los precios.
La diferencia entre ambos componentes del ingreso previsional es cada vez más marcada. Mientras la jubilación base se ajusta mensualmente por movilidad, el adicional permanece congelado. El Poder Ejecutivo ratificó su continuidad mediante el Decreto 1296/2026, pero no dispuso una actualización del monto.
El efecto acumulado se refleja en la participación del bono dentro del ingreso mensual. Cuando comenzó a pagarse, representaba el 34,2% de lo que cobraba un jubilado de la mínima. Para noviembre de 2026, luego de los aumentos aplicados al haber previsional, esa proporción se redujo al 13,6%.
Cuánto debería valer el bono para compensar la inflación
La pérdida también puede medirse en términos de capacidad de compra. Los datos oficiales relevados a fines de octubre muestran que el adicional resignó el 70% de su valor real desde su implementación.
El cálculo toma como referencia la evolución de los precios al consumidor entre marzo de 2024 y el último registro estadístico del INDEC. En ese lapso, la inflación acumulada superó el 159%, pero el refuerzo siguió en $70.000 durante 32 meses consecutivos.
Si se actualizara para mantener el mismo poder adquisitivo que tenía al comienzo, el monto tendría que alcanzar los $231.253. La diferencia frente a lo que se paga actualmente es de $161.253 por mes.
Ese cálculo permite dimensionar el deterioro del complemento, aunque no representa una suma reconocida como deuda ni un pago que esté previsto para los beneficiarios.
La movilidad previsional no alcanza al refuerzo extraordinario
El sistema de actualización de las jubilaciones funciona de manera diferente al mecanismo del bono. Los haberes se modifican cada mes según la inflación, con un rezago de dos meses. El adicional, en cambio, continúa fijado en una suma nominal.
Para noviembre de 2026, la jubilación mínima sin bono quedó establecida en $444.158,46. Al incorporar el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto informado para ese segmento llega a $514.158,45, según los valores consignados.
La falta de ajustes del complemento hace que su incidencia se reduzca cada vez que aumenta el haber base. De ese modo, la asistencia pierde peso dentro de los ingresos de quienes dependen de ella para completar su jubilación.
El problema adquiere mayor relevancia frente al costo de vida. Los ingresos de los sectores previsionales más bajos siguen bajo presión y, según los reclamos judiciales y los informes del sector, pueden ubicarse en el límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que releva el INDEC.
Las presentaciones en la Justicia también plantean cuestionamientos por el carácter confiscatorio que atribuyen al congelamiento del bono. La discusión alcanza a millones de jubilados y pensionados que dependen de ese refuerzo para sostener sus ingresos mensuales.
El gasto en medicamentos suma presión al bolsillo de los jubilados
A la pérdida de poder adquisitivo del bono se suma otro gasto que puede reducir el dinero disponible para los adultos mayores: la compra de medicamentos. En ese rubro, PAMI contempla una excepción para los afiliados que superan el límite de ingresos establecido para acceder a la cobertura gratuita, pero destinan una proporción elevada de sus haberes a tratamientos recetados.
En octubre de 2026, el tope general para solicitar el subsidio social es de $653.622,77 mensuales, equivalente a una jubilación mínima y media. Sin embargo, quienes cobran por encima de esa cifra pueden pedir una evaluación especial si el costo de sus medicamentos representa al menos el 15% de sus ingresos.
Por ejemplo, un jubilado que percibe $700.000 por mes debe gastar como mínimo $105.000 en remedios para alcanzar ese porcentaje. Si cumple esa condición, puede iniciar un pedido de reconsideración para acceder a la cobertura del 100%. La aprobación no es automática: PAMI analiza la situación socioeconómica del afiliado y la necesidad del tratamiento indicado.
El régimen general también contempla condiciones patrimoniales y de cobertura médica. Entre ellas, no estar afiliado a una medicina prepaga, no tener más de un inmueble, no poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo y no ser titular de vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo las excepciones previstas para hogares con integrantes que tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Para solicitar la reconsideración, el organismo puede requerir un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. El trámite se inicia a través de la página oficial de PAMI o en una agencia de atención.
Así, aunque el bono extraordinario continúa en $70.000 y perdió buena parte de su capacidad de compra, existen otros mecanismos de asistencia para determinados gastos de los jubilados. En el caso de los medicamentos, el acceso depende de los ingresos, el costo del tratamiento y la evaluación que realice el organismo