El Gobierno aprobó el RIGI para Vicuña con una inversión por u$s 9.700 millones en San Juan
El Gobierno formalizó este jueves la aprobación del Proyecto Vicuña dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando el desembolso minero más importante de la historia del país, una iniciativa que se lleva adelante en la provincia de San Juan liderada por la alianza estratégica entre los gigantes globales BHP y Lundin Mining.
El desarrollo aprobado contempla un compromiso inicial de inversión de u$s9.737 millones, encuadrado bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Este paso administrativo habilita una proyección de desarrollo integral que podría alcanzar los u$s18.000 millones a lo largo de sus distintas fases en la próxima década.
La luz verde por parte del Ministerio de Economía llegó de la mano de un aval clave en materia energética. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) resolvió ayer a favor de la empresa el acceso a la capacidad de transporte requerida para operar en la cordillera sanjuanina.
La resolución asegura la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental derivada de las obras de ampliación en alta tensión que financiará la propia compañía, destrabando la factibilidad técnica para poner en marcha la construcción del complejo. Las cifras estipuladas en la Resolución 1154 del Palacio de Hacienda fijan un cronograma estricto para los activos computables.
De los u$s9.024 millones destinados directamente a infraestructura y equipamiento clave, las empresas desembolsarán u$s1.128 millones hasta finales de 2026. El tramo principal, equivalente a u$s7.895 millones, se ejecutará entre 2027 y 2031. Además, la norma exige un cumplimiento acelerado de u$s2.009 millones durante los primeros 24 meses para validar los beneficios fiscales y cambiarios.
El megaproyecto surge de la unificación operativa de los depósitos Josemaría y Filo del Sol. Se trata de un activo con una vida útil estimada en más de 70 años, pensado para posicionar a la Argentina nuevamente entre los proveedores globales de minerales críticos, ya que el megaemprendimiento apunta a exportar 395.000 toneladas de cobre al año y proyecta crear más de 31.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Una aprobación clave de suministro energético
Este miércoles el ENRGE autorizó formalmente las obras para conectar el proyecto minero Vicuña a la red nacional de alta tensión y le otorgó el derecho prioritario sobre la capacidad eléctrica que se genere. De esta manera, el organismo de control destrabó el avance del plan de transporte para la fase I del yacimiento de cobre Josemaría y dejó establecido el marco bajo el cual operarán las redes clave en la región.
El dictamen del organismo de control zanja la controversia técnica y administrativa iniciada tras la publicación de la Resolución ENRE N° 79/2026, la cual derivó en la celebración de una Audiencia Pública debido a las oposiciones planteadas por entes reguladores provinciales y empresas con proyectos vecinos en la cordillera sanjuanina.
La resolución ratifica el marco bajo el cual se desarrollará la infraestructura requerida para vincular el Distrito Vicuña con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y a la vez desestimó el reclamo de otros proyectos mineros en la provincia de San Juan.
En la audiencia pública de comienzos de junio, se presentaron las posturas de McEwen Copper, operadora del proyecto de cobre Los Azules; Barrick Exploraciones Argentinas de la mina de oro y plata Veladero; Golden Mining vinculada al proyecto minero de oro y plata Gualcamayo o Casposo, el yacimiento de oro y plata, además de funcionarios de las provincias de San Juan y La Rioja.
Las tareas contemplan la provisión y montaje en la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan del campo 05 de 500 kV, la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, la desconexión de la línea Nueva San Juan–Rodeo de los campos de 132 kV para su vinculación a sendos campos de 500 kV, la construcción de la Nueva ET Chaparro de 500/220 kV y el tendido de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de aproximadamente 167 kilómetros de extensión.
Con la publicación de la Resolución 330/2026 del ENRGE, concluye la etapa de revisión administrativa para el esquema de transmisión eléctrica del Distrito Vicuña. El instrumento legal aporta la certeza regulatoria requerida para iniciar las fases de construcción y montaje de las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión, infraestructura que sustentará la entrada en operaciones de uno de los emprendimientos mineros de mayor envergadura proyectados en la Argentina.
Proveedores y cadena de valor
El desarrollo de Vicuña moviliza una amplia red de empresas que participan en actividades de exploración, perforación, transporte, logística, mantenimiento, construcción, ingeniería y servicios especializados. Actualmente, el proyecto trabaja con una red activa de 245 proveedores, integrada por 45 proveedores de bienes y 200 proveedores de servicios.
La provincia de San Juan concentra 150 empresas (61,2%) de esa cadena de valor. Además, participa un 35,1% de empresas del resto del país y 3,7% proveedores internacionales, principalmente vinculados a bienes y servicios especializados. A medida que el proyecto avance en las distintas etapas previstas por la PEA, continuará creciendo la demanda de bienes, servicios, infraestructura y talento, ampliando las oportunidades para empresas y trabajadores de San Juan y del resto del país.
A nivel operativo, la minera ya desplegó la maquinaria pesada en el yacimiento. En los últimos meses ingresó una flota propia de camiones fuera de ruta de 40 toneladas para efectuar el movimiento inicial de suelos y la adecuación de la plataforma donde se construirá la futura planta concentradora. Estos avances permitieron activar un esquema de trabajo continuo de 24 horas, complementado con obras viales internas e ingeniería de detalle.
Estos avances no quedaron exentos de polémica cuando Vicuaña, a comienzos de junio, adjudicó a una compañía china una licitación para ampliar el campamento permanente de la iniciativa en la provincia de San Juan, lo que generó cuestionamientos por parte de sectores empresariales y legislativos.