Se acerca la nueva fecha estipulada por el Gobierno para que los bonistas acepten la oferta de canje de deuda. A una semana del cierre, 30 acreedores de Argentina enviaron una carta al Ministro Martín Guzmán, donde le aclararon que tienen mayoría y, por ende, capacidad de bloquear el acuerdo. 

En el mercado, las opiniones están divididas. Algunos interpretan la comunicación como una señal positiva y otros lo ven como una suerte de apriete por parte de los acreedores. Sin embargo, hay un punto de coincidencia: no creen que haya acuerdo cerrado el 4 de agosto y esperan una nueva prórroga. 

La carta de los acreedores

La nota enviada por los fondos a Guzmán ratifica la contraoferta presentada el lunes pasado y asegura que, entre todos los fondos que firman la carta y otros que no pueden dar su nombre por razones institucionales, concentran el 60% de los bonos provenientes del canje de 2005 y el 51% de los bonos Globales. 

En consecuencia, de no aceptar la oferta argentina, el Gobierno perdería la posibilidad de establecer mayorías requeridas y se caería definitivamente la posibilidad de cerrar un acuerdo con las condiciones propuestas hasta ahora por el país. 

Guzmán, por su parte, salió rápidamente a responder en una entrevista con Bloomberg TV, en la que dijo que se llegó al punto máximo de lo que puede ofrecer Argentina sin comprometer las metas sociales. 

El ministro Guzmán aseguró que Argentina ya está en el punto máximo de lo que puede pagar sin comprometer las metas sociales

También el Presidente, Alberto Fernández, se pronunció al respecto: "Los acreedores deben  saber que la salud y la vida son nuestras prioridades, y que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda insostenible", afirmó.

Consultado al respecto, Miguel Kiguel, de Econviews, sostuvo: "Creo que tanto el Gobierno como los bonistas tienen espacio para ceder un poco pero hubiera sido mejor preservar al Presidente de las discusiones con los bonistas en caso de que haya hacer una nueva concesión, porque siempre debería haber un fusible". 

Una pelea por poca plata

Los economistas y analistas coinciden en que la diferencia de dinero entre la oferta argentina y la contraoferta de los acreedores es insignificante a esta altura de la negociación. Si bien Guzmán había empezado con una oferta de u$s32 cada u$s100, hoy está en u$s53, mientras los acreedores reclaman u$s56.

"Están negociando. Es una negociación entre 2 que tienen fuerza. Si bien a ambos les interesa cerrar, están jugando al póker a ver quién cede primero. En lo económico, para el Gobierno es muy chica la diferencia. Entre los u$s53 o los u$56 que piden los acreedores, estamos hablando de u$s400 millones por año, que serían unos $2.800 millones por mes. Como la diferencia financiera es chica, ahora se centra en quién gana la pulseada", opinó Kiguel.  

"Las propuestas son muy similares, hay apenas u$s3 de distancia", coincidió Guido Lorenzo, director de LCG. Y explicó: "La cuestión de la sostenibilidad de la deuda, con la que Guzmán empezó la negociación, ya se perdió a los valores de hoy. De hecho, creo que más adelante, cuando haya que hacer los pagos, se va a empezar a criticar a este canje". 

La diferencia entre la oferta argentina y el pedido de los acreedores está en torno a los u$s3. Sin embargo, las disputa pasa ahora por los términos legales del canje

Hoy, el contrapunto con los acreedores pasa por una cuestión legal dentro de la oferta. Fundamentalmente, por lo que tiene que ver con la cláusula de redesignación, también conocida como pacman. Este punto permitiría a Argentina ir avanzando en canjes parciales e ir agrupando las series de bonos según le convenga para cerrar los acuerdos. 

Una vez reagrupados los bonos, el emisor le ofrece otro acuerdo algo mejor a los bonistas que quedaron afuera y permite que también entren aquellos que hayan aceptado una propuesta anterior. De esta manera, reúne nuevamente una mayoría que arrastra a los holdouts. Este procedimiento se puede hacer varias veces para que no queden bonistas afuera de la propuesta. 

Esa cláusula es rechazada por los acreedores y se espera alguna modificación de parte del Gobierno. En un comunicado publicado el fin de semana, el Ministerio de Economía aseguró que "desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores". 

Visión positiva

Del lado en el que ven como positiva la carta de los acreedores, afirman que da la pauta de que se puede cerrar un canje con alta aceptación. Esto es, por supuesto, si el Gobierno cede al menos marginalmente en su posición actual. 

"Antes de esta novedad, y suponiendo que los grupos Ad hoc y Exchange no aceptaban la oferta, veíamos al Gobierno tratando de que se rompieran los comités y haciendo canjes parciales. Con esa estrategia, siendo muy optimista, se podía llegar a una aceptación de 70%", explicó Francisco Mattig, analista de Consultatio. 

Y agregó: "Ahora, ese escenario de canjes parciales queda desdibujado. Es una situación más binaria pero si el Gobierno, tal como ha dicho el propio Presidente, busca ser pragmático, lo lógico sería que trate de mejorar algo la oferta y cerrar el canje. Así, se aseguraría una alta aceptación". 

Es que, si se logra la aceptación en esa proporción de acreedores, el Gobierno estará muy cerca de activar las cláusulas de acción colectivas, que arrastran al resto de los tenedores a aceptar la misma oferta que convalidó la mayoría. 

"Suponiendo que se hace alguna mejora en el precio, por ejemplo, de u$s1 o u$s1,5 y se corrige la cláusula de redesignación, se podría cerrar con todos. Y la exit yield (la tasa a la que cotizarían los nuevos bonos) podría pasar del 11% que estimábamos a 10%", indicó Mattig, que consideró que el tono de la carta no fue negativo sino que deja entrever que los acreedores también quieren lograr un acuerdo. 

Marcaron la cancha

Para Lorenzo la lectura de la carta fue más bien negativa. "El tono es desafiante", calificó. "Especialmente en el último párrafo, donde los bonistas le recuerdan al Gobierno que también tienen inversiones en la economía real. Me parece que esto puede llevar a que la negociación se empantane", apuntó. 

En la visión del economista, la cuerda está tensa a ambos lados de la negociación. "Tanto para el Gobierno como para los bonistas, ceder un poco significaría pagar un costo reputacional", afirmó.

Mientras la discusión parece estar en un punto muerto, los analistas aseguran que la fecha del 4 de agosto no se cumplirá y esperan, al menos, por una nueva prórroga. "No me parece improbable que haya una nueva oferta pero, si el Gobierno se mueve rápido, podría mantener el 4 de septiembre como fecha de liquidación de los nuevos bonos", consideró Mattig. 

Algunos de los analistas creen que se necesita un mediador que destrabe la relación entre Guzmán y los acreedores

Lorenzo acordó: "Se va a extender un poco más. Los acreedores no tienen mucho apuro porque, mientras se extiende la negociación, corren los intereses". Y propuso: "Sería bueno hacer un cambio de nombres en materia de negociación y volver a empezar la relación entre las partes".

En la misma línea, Kiguel sugirió que sería bueno incorporar algún tipo de mediador a la mesa de diálogo. "No creo que se cierre antes del 4 de agosto. Con las cosas como están, los bonistas van a bloquear el acuerdo y el Gobierno no llegaría a las mayorías mínimas. Se caería la oferta. Así que creo que habrá una nueva extensión. ¿Cómo se destraba esto? Generalmente, cuando aparece un mediador, como podría ser un banco o un fondo. Por ahora, no parece haber nadie que pueda ejercer ese papel", lamentó. 

Guido Lorenzo, en cambio, se animó a plantear una mediación del FMI o, eventualmente, del equipo del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, que se posiciona por encima de Donald Trump en las encuestas. "Su equipo está muy asesorado sobre el tema deuda y cree en evitar los defaults soberanos", señaló.