Reforma laboral 2026: qué se mantiene, qué cambia y cómo puede afectarte
El debate por una reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda política de cara a 2026, con fuerte impacto en el empleo. El Gobierno nacional presentó un proyecto con amplias modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que, según sus impulsores, apunta a modernizar el mercado y reducir los niveles de informalidad.
La iniciativa, sin embargo, generó un inmediato rechazo en sectores sindicales y espacios críticos, que advierten sobre una posible pérdida de derechos adquiridos.
Qué derechos laborales el Ejecutivo dice mantener en la reforma
En el borrador de la reforma, el Poder Ejecutivo sostiene que no avanzará sobre la eliminación de derechos laborales considerados esenciales. Fuentes oficiales indicaron que garantías como el salario mínimo, la jornada máxima semanal y los descansos obligatorios continuarían vigentes sin cambios estructurales.
También se mantendrían derechos como las vacaciones, la estabilidad durante las licencias médicas y la protección de las trabajadoras embarazadas. No obstante, el proyecto habilita una mayor flexibilidad en su aplicación mediante acuerdos individuales o convenios específicos, lo que introduce un nuevo margen de negociación en cada sector.
Las licencias por maternidad y paternidad seguirían contempladas, aunque con posibles ajustes en los plazos de goce. Además, se incorporan criterios más precisos para el cálculo de haberes durante las licencias médicas, con el objetivo de que los trabajadores con ingresos variables perciban un promedio de sus remuneraciones habituales.
Cambios en jornada laboral y negociación colectiva
Uno de los puntos que concentra mayor atención es la creación de un sistema de "banco de horas", que permitiría compensar horas extra trabajadas con reducciones de jornada en otros períodos. Si bien no modificaría el tope semanal, sí alteraría la forma de distribuir el tiempo de trabajo.
El proyecto también promueve mayor flexibilidad en la duración y condiciones de los contratos laborales, incorporando esquemas de compensación vinculados al rendimiento o la productividad, bajo la figura del denominado "salario dinámico". Este enfoque podría alejar los aumentos salariales de los mecanismos tradicionales ligados a la inflación o a las negociaciones paritarias.
En paralelo, se plantea una mayor autonomía para adaptar los convenios colectivos a las particularidades de cada actividad. Mientras el Gobierno sostiene que esto permitiría acuerdos más eficientes, los sindicatos advierten que podría debilitar el rol histórico de la negociación colectiva.
Indemnizaciones y nuevas modalidades de empleo
Otro de los ejes más controvertidos es la discusión sobre el régimen de indemnizaciones por despido. Entre las alternativas que se analizan figura la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, que reemplazaría o atenuaría el esquema tradicional mediante aportes previsibles.
De concretarse, implicaría un cambio de fondo en el sistema actual y podría modificar la protección económica ante la pérdida del empleo.
El proyecto también contempla revisar la presunción automática de relación laboral en contratos de servicios y avanzar en una regulación específica para los trabajadores de plataformas digitales, con nuevas obligaciones de registro y aportes a la seguridad social.
Resistencia sindical y debate legislativo
La propuesta generó una fuerte reacción de la dirigencia gremial. Desde la CGT advirtieron que varios puntos del proyecto podrían representar un retroceso en materia de derechos laborales y anticiparon que buscarán bloquear o modificar aquellos artículos que consideren regresivos o contrarios a garantías constitucionales. De hecho, anunciaron un paro nacional con movilizaciones en todo el país para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.
El texto deberá ser debatido en el Congreso desde el 10 de febrero, donde se espera un intenso proceso de negociación política. La reforma laboral forma parte, además, de una agenda más amplia que incluye cambios fiscales y medidas orientadas a mejorar la competitividad.