Escándalo por coimas en la Agencia de Discapacidad: cómo se habrían cobrado los retornos millonarios
Un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó al descubierto tras una investigación periodística. Proveedores pagaban retornos millonarios para acceder a contratos públicos y recibían facturas truchas que blanqueaban los pagos ilegales.
La información fue revelada en un informe del programa Telenueve Denuncia. El mecanismo combinaba intermediación ilegal, empresas fantasma y funcionarios que facilitaban información privilegiada.
El esquema consistía en que empresarios abonaban sumas significativas a intermediarios para integrar una "lista corta" de proveedores, y a cambio obtenían comprobantes fiscales emitidos por supuestos servicios inexistentes que permitían blanquear los pagos.
Los documentos analizados en la causa judicial muestran operaciones por decenas de millones de pesos que ocultaban coimas bajo conceptos como "servicios de consultoría" o "venta de equipamiento médico".
Cómo funcionaba el circuito de facturación de coimas
Miguel Ángel Calvete aparece como figura central de la trama. Según la investigación, habría operado a través de un entramado de empresas que emitían facturas por operaciones ficticias.
Un audio difundido en el informe expone el mecanismo con claridad. En la grabación se solicita la emisión de una factura por más de 16 millones de pesos bajo el concepto de "camas ortopédicas eléctricas reacondicionadas".
Finalmente, el comprobante se emitió por 15 millones. Ese monto, según la denuncia, correspondía a una coima para que una empresa pudiera convertirse en proveedora de ANDIS.
Entre las firmas utilizadas para estas operaciones figura Indecomm. Un exejecutivo del grupo empresario aportó detalles clave en su testimonio judicial.
Aseguró que las facturas no correspondían a operaciones reales. Las empresas no contaban con stock ni infraestructura para las ventas declaradas.
Los pagos respondían a servicios de "lobby" para facilitar el acceso a contrataciones dentro del organismo estatal.
La lista corta que excluía competidores y repartía contratos
El esquema se sostenía en un sistema de contrataciones restringidas. En lugar de licitaciones abiertas, ANDIS utilizaba mecanismos de contratación directa o compulsas abreviadas.
El argumento oficial era siempre el mismo: urgencia. Bajo esa excusa, solo un grupo reducido de proveedores previamente seleccionados era invitado a participar.
Calvete habría intervido en la conformación de ese listado y cobrado por garantizar la inclusión de determinadas empresas, mientras otros potenciales oferentes quedaban excluidos mediante trabas administrativas o falta de información.
Las firmas participantes no competían entre sí. Según la investigación, coordinaban sus ofertas para repartirse los contratos de manera premeditada.
Este sistema eliminaba cualquier posibilidad de ahorro para el Estado. Los precios se fijaban de antemano, con sobreprecios incluidos que luego alimentaban el circuito de retornos.
Funcionarios con acceso privilegiado a información sensible
La denuncia también señala la presunta participación de funcionarios dentro del organismo. Una empleada del área de compras habría tenido acceso a información clave sobre pagos y futuras adquisiciones.
Audios difundidos en el informe muestran conversaciones en las que se detallan montos pendientes de cobro y el estado de expedientes dentro del sistema estatal.
Esto permitía anticipar compras y coordinar presupuestos con sobreprecios. En algunos casos, según la investigación, los sobrecostos alcanzaban niveles que superaban el 60% del valor de mercado.
El acceso a esta información convertía a los intermediarios en actores privilegiados. Podían adelantarse a la competencia y preparar ofertas que parecían competitivas pero ya incluían los márgenes de ganancia y comisiones acordados.
Cómo se repartían los retornos millonarios
La hipótesis judicial indica que los sobreprecios generados en las operaciones se dividían entre las empresas proveedoras y los intermediarios. Luego, parte del dinero se distribuía entre distintos actores del esquema.
Entre las pruebas mencionadas se encuentran planillas con el desglose de pagos. En esos documentos se detallan porcentajes asignados a distintos participantes.
También se hace referencia al hallazgo de dinero en efectivo en domicilios vinculados a Calvete. Para la fiscalía, esto constituye evidencia del circuito de retornos.
Los documentos analizados muestran cómo se calculaban las ganancias y las comisiones derivadas de cada operación. Incluyen transferencias hacia cuentas personales y de allegados.
En algunos casos, el dinero se fraccionaba en múltiples pagos para evitar controles. Se utilizaban cuentas bancarias de familiares y empresas pantalla sin actividad comercial real.
El caso de las camas ortopédicas que costaron millones
Uno de los ejemplos más llamativos correspondería a la compra de camas ortopédicas. Según la documentación judicial, ANDIS abonó 7,7 millones de pesos por dos unidades.
De ese total, casi 5 millones de pesos habrían sido destinados a una empresa vinculada al esquema como costo de intermediación. El sobreprecio resultaba evidente.
Este tipo de operaciones evidenciaría la existencia de sobreprecios sistemáticos. También muestra la utilización de facturación simulada para justificar pagos irregulares.
Las camas, según el expediente, no justificaban ese valor. Equipamiento similar en el mercado costaba menos de la mitad.
Qué pasa ahora con la causa judicial
El caso se encuentra bajo investigación judicial y, de acuerdo con lo publicado, incluye imputaciones por defraudación a la administración pública.
La causa continúa en etapa de instrucción. Se analizan las pruebas recolectadas: testimonios, audios y documentación contable que sostienen la hipótesis de un esquema organizado.
La información difundida se basa en materiales presentados en el programa televisivo y en fuentes vinculadas a la investigación, que describen un entramado que combinaba intermediación, acceso privilegiado a contrataciones y mecanismos de blanqueo de pagos ilegales.
La fiscalía avanza en la identificación de todos los participantes del circuito. El objetivo es determinar responsabilidades y recuperar los fondos públicos desviados a través de este presunto esquema de corrupción en ANDIS.