Larga carrera para cobrarle a Musimundo: el proceso recién tendría definiciones en 2028
La crisis financiera de Carsa sumó un nuevo capítulo luego de que el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis Lavenas, dispuso una serie de medidas que ponen en marcha formalmente el proceso de verificación de créditos dentro del concurso preventivo de la compañía, propietaria de Musimundo.
Aunque la apertura del concurso ya había sido informada semanas atrás, la resolución conocida ahora da inicio a la etapa en la que quienes sostienen tener créditos contra la empresa deberán presentarse ante la sindicatura para demostrar sus acreencias y quedar incorporados al proceso.
Se trata de uno de los pasos más relevantes de cualquier concurso preventivo, ya que de esa instancia surgirá el universo definitivo de acreedores con derecho a participar de una futura propuesta de acuerdo.
El juez ordenó además la publicación de edictos durante cinco días para dar publicidad al proceso y fijó el 6 de noviembre próximo como fecha límite para la presentación de los pedidos de verificación ante la sindicatura, integrada por el Estudio Benítez.
A partir de ese plazo comenzará el análisis de cada presentación, una tarea que suele demandar varios meses debido al volumen de documentación que deben revisar los síndicos y a las posibles impugnaciones que pueden surgir entre los propios acreedores.
Para Carsa, este paso representa el comienzo de la etapa técnica del concurso, mientras que para quienes esperan cobrar significa ingresar formalmente a una carrera que, según el cronograma judicial, todavía tiene un largo recorrido por delante.
Un expediente con largo horizonte
La resolución también dejó definido el calendario de las principales etapas del proceso.
El síndico deberá presentar el 30 de marzo de 2027 el informe individual sobre cada uno de los créditos verificados, mientras que el 25 de junio del mismo año será el turno del informe general, documento que ofrecerá una radiografía integral de la situación patrimonial de la compañía y del conjunto de acreedores.
Más adelante, la Justicia fijó para el 10 de diciembre de 2027 la audiencia informativa, una instancia central dentro del concurso preventivo porque permite conocer el estado de las negociaciones y la evolución del eventual acuerdo con los acreedores.
Ese cronograma deja en evidencia que el proceso judicial todavía transita sus primeras etapas y que, salvo una resolución extraordinaria o un entendimiento anticipado entre las partes, el expediente continuará desarrollándose durante al menos otro año y medio.
De hecho, luego del último procedimiento de fines de 2027 se espera que el proceso continúe su marcha, con definiciones que recién se podrían empezar a conocer a partir de los primeros meses de 2028.
Quiénes podrían integrar la fila para cobrar
La apertura de la etapa de verificación de créditos no implica únicamente un trámite judicial.
También comienza el proceso que permitirá determinar con precisión quiénes podrán participar del futuro acuerdo concursal y cuál será el monto definitivo del pasivo que deberá afrontar Carsa, que actualmente supera los $63.500 millones, según los datos financieros citados por Moody's Local Argentina informados este mes de julio.
En una empresa del tamaño de Musimundo, el universo de acreedores suele ser amplio y heterogéneo.
Allí pueden encontrarse:
- Entidades financieras que otorgaron créditos
- Proveedores de electrodomésticos, tecnología, celulares y artículos para el hogar
- Empresas de logística
- Locadores de los inmuebles donde funcionan las sucursales
- Prestadores de servicios y otros acreedores comerciales
A ese listado se suman los organismos públicos.
De hecho, el propio juez ordenó comunicar la apertura del concurso y el plazo para verificar créditos a la Administración Tributaria de la Provincia del Chaco, a la Municipalidad de Resistencia y a cualquier otro organismo estatal que pudiera mantener acreencias contra la compañía.
También los trabajadores tienen un rol relevante dentro del proceso concursal.
La resolución establece que la empresa deberá notificarles la realización de la audiencia informativa prevista para diciembre de 2027, una instancia en la que se expondrá el estado de las negociaciones con los acreedores.
En paralelo, también deberán seguir de cerca la evolución del expediente los inversores que poseen obligaciones negociables emitidas por Carsa, ya que el concurso impacta directamente sobre el tratamiento de esos compromisos financieros.
Una empresa que busca reordenar su deuda
El avance judicial llega en un momento delicado para la dueña de Musimundo, una de las principales cadenas de comercialización de electrodomésticos y tecnología del país.
La compañía ya había recurrido al concurso preventivo como mecanismo para intentar reestructurar un pasivo que superaba los $98.000 millones, en un contexto de fuerte retracción del consumo, elevados costos financieros y caída de las ventas del sector.
Antes incluso de presentarse en concurso, había comenzado a analizar distintas alternativas para mejorar su liquidez, como la posibilidad de desprenderse de alrededor de 55 sucursales, una medida orientada a obtener fondos y concentrar la operación en los locales de mayor rentabilidad.
El desafío ahora será doble, porque por un lado deberá tratar de sostener la poca operación comercial que posee actualmente y, por el otro, tendrá que avanzar en un proceso judicial complejo.
Al mismo tiempo, deberá construir una propuesta que logre el respaldo de los acreedores para evitar un escenario más crítico.
El desafío de evitar un desenlace más complejo
En los próximos meses, el expediente comenzará a definir uno de los aspectos más importantes del concurso: cuál es el monto real del pasivo y quiénes tendrán derecho a votar una eventual propuesta de reestructuración.
La verificación de créditos es una etapa determinante porque no todas las acreencias presentadas son automáticamente reconocidas.
La sindicatura deberá analizar la documentación de cada caso y recomendar si corresponde admitir, observar o rechazar los reclamos.
Luego será la Justicia la que termine de resolver las diferencias que puedan surgir.
Recién una vez consolidado ese universo de acreedores, la empresa estará en condiciones de avanzar con una propuesta formal para renegociar sus deudas.
El objetivo de cualquier concurso preventivo es permitir que la compañía continúe operando mientras intenta alcanzar un acuerdo que haga viable su continuidad.
En ese sentido, el cronograma fijado por el juez deja en claro que el proceso será extenso.
Entre la verificación de créditos, los informes de la sindicatura y la audiencia informativa prevista para diciembre de 2027 todavía quedan numerosas instancias judiciales antes de conocer si Carsa logra reestructurar su pasivo o si el conflicto deriva en un escenario de mayor complejidad.
Un caso seguido de cerca por todo el retail
La evolución del proceso concursal trasciende a la propia compañía, ya que Musimundo es considerada como una de las marcas históricas del mercado argentino de electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en gran parte del país.
Por lo tanto, el desenlace del expediente será observado por fabricantes, importadores, bancos, proveedores y competidores, en un sector que viene atravesando una etapa de profundas transformaciones.
La recuperación gradual de las importaciones, el cambio en las condiciones de financiamiento, la mayor competencia de productos del exterior y la necesidad de adaptar las redes de locales físicos obligaron a las cadenas a revisar sus estrategias comerciales y financieras.
En ese contexto, el concurso preventivo de Carsa se convirtió en uno de los procesos empresariales más relevantes del año.
Las próximas fechas fijadas por la Justicia marcarán el ritmo de una negociación que definirá no solo el futuro financiero de la empresa, sino también las posibilidades de recuperación de cientos de acreedores que buscarán cobrar parte de una deuda multimillonaria.
Las próximas presentaciones judiciales permitirán medir si ese camino empieza a mostrar avances concretos o si el concurso se encamina hacia una negociación larga y compleja, con impacto sobre toda la cadena de proveedores, entidades financieras y actores vinculados al negocio de la electrónica y los electrodomésticos.