Con la reforma de la Ley de Alquileres empantanada, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que convoque "en el menor tiempo posible" al plenario de comisiones que debe completar el trámite para que el debate llegue finalmente al recinto.

Lo que ocurrió fue que a mediados de mayo a Comisión de Legislación General emitió tres dictámenes para modificar la Ley 27.551: uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y un tercero del Interbloque Federal. Dos de ellos contemplan beneficios impositivos, una materia sobre la cual esa comisión no puede expresarse.

Por esa razón, es necesario que los dictámenes del Frente de Todos y del Interbloque Federal pasen por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para terminar con el trámite parlamentario, pero ese cuerpo que preside el oficialista Carlos Heller todavía no fue citado. Así, se excedió el plazo de 30 días que los propios diputados habían acordado para resolver el tema.

En ese contexto, fuentes de la oposición confirmaron a iProfesional que ya le enviaron una nota a Massa en la que le pidieron que "arbitre y disponga todos los medios necesarios para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General".

Le pidieron a Massa que intervenga para convocar a las comisiones que deben completar el trámite 

El pedido de la oposición a Massa por la Ley de Alquileres

La nota lleva las firmas de los diputados Karina Banfi, Juan Manuel López, Carla Carrizo, Pablo Tonelli, Alejandro Cacace y Pablo Torello por Juntos por el Cambio, y de Graciela Camaño e Ignacio García Aresca por el Interbloque Federal.

Los legisladores de la oposición remarcaron allí la necesidad de "cumplir con el tiempo en los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres". De esta manera se refirieron al plazo que habían consensuado el 31 de marzo pasado, ante el reclamo del sector inmobiliario y parte de las agrupaciones de inquilinos de revisar la ley vigente.

El pedido puntual al presidente de la Cámara baja es que interceda para las comisiones de Presupuesto y de Legislación General -que también preside el oficialismo, a través de Cecilia Moreau- se reúnan para "completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema". Sin embargo, según precisaron fuentes del oficialismo y de la oposición a iProfesional, todavía no hubo respuesta. 

Uno de los motivos de la demora para continuar con el debate fueron los feriados que se sucedieron en las últimas dos semanas de mayo, pero la falta de novedades en torno a qué proyecto avanzará y cómo quedará finalmente la ley suman argumentos a las críticas de los corredores inmobiliarios, que advierten sobre las fuertes disparadas de los precios.

Las inmobiliarias advierten sobre los efectos negativos de la incertidumbre que rodea a la reforma

¿Por qué deben volver a pasar los proyectos por comisión?: el detalle fiscal

Al haber reunido más firmas en la Comisión de Legislción General, el dictamen del Frente de Todos tiene prioridad en el debate parlamentario. Es precisamente éste el proyecto que introduce los cambios en materia fiscal que obligan a la Cámara baja a llevar el tema a la Comisión de Presupuesto.

El proyecto del oficialismo plantea "incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional" con el objetivo de solucionar el problema de escasez de inmuebles para alquiler que remarcaron tanto el sector de las inmobiliarias como el de los inquilinos

Así, propone beneficios para incentivar la oferta como la exención del impuesto sobre Bienes Personales para los inmuebles en alquiler "con destino exclusivo a casa habitación", los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea "igual o inferior" a $1.050.000, que es el establecido por la ley de Bienes Personales para el período fiscal 2018 y siguientes.

También fija un beneficio para los pequeños contribuyentes que tengan inmuebles en alquiler para vivienda. El dictamen señala que podrán seguir en el Régimen Simplificado quienes "no posean más de tres (3) unidades de explotación, sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia".

Los beneficios fiscales del proyecto del Frente de Todos obligan a llevar el debate a Presupuesto y Hacienda 

Además de estos cambios, que justifican la necesidad de convocar a la Comisión de Presupuesto, el proyecto del oficialismo incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen "los datos bancarios" de la parte locadora para recibir el pago "por transferencia" y prohíbe la publicación de precios en dólares.

Nueva Ley de Alquileres: los dictámenes de minoría

Mientras que el dictamen del Interbloque Federal incorpora beneficios fiscales muy parecidos para los pequeños contribuyentes y para los sujetos alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales, el de Juntos por el Cambio dejó fuera de su proyecto el tema de los incentivos, aunque algunos legisladores presentaron iniciativas en la misma línea que también deberán pasar por la Comisión de Presupuesto.

En cambio, el dictamen de la principal bancada opositora se centró en los dos puntos más conflictivos de la ley vigente: el contrato de tres años y el ajuste anual determinado por un índice que combina la variación de la inflación y la de los salarios.

Mientras que el dictamen del oficialismo no modificó estos puntos en atención al pedido de varias agrupaciones de inquilinos para que quedaran así a pesar de las críticas del sector de las inmobiliarias, el de Juntos por el Cambio propone bajar la duración de los contratos a dos años, con la posibilidad de una extensión por un año más "si al vencimiento del mismo, el locatario continúa en la tenencia del inmueble sin oposición del locador".

Respecto de la actualización del precio de alquiler, el proyecto opositor señala que "podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos no menores a seis meses".

Además, elimina la indexación tan criticada y establece que "las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden".