La fuerte pelea en Diputados complica al Gobierno de cara a fin de año y pone en jaque una ley clave en materia financiera
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La escandalosa pelea entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados a partir del conflicto que rodea al Consejo de la Magistratura dejó planteado un escenario muy complicado para la aprobación de algunos proyectos de ley sensibles que están pendientes, como la reforma de la ley de lavado de dinero, un tema clave para el Gobierno que podría rozar a la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.
"Está todo roto", resumió una fuente del interbloque Juntos por el Cambio ante iProfesional minutos después de que esa bancada, junto al resto de la oposición, le quitara el quórum a la sesión preparatoria e impidiera la elección de las autoridades de la Cámara, donde Cecilia Moreau (Frente de Todos) iba a ser ratificada como presidenta.
Tanto en la oposición como en el oficialismo aseguran por estas horas que el clima es el peor en varios meses. El escándalo que se dio en la sesión posterior a la fallida preparatoria, que debió levantarse luego de que diputados de uno y otro espacio se enfrentaron a los gritos y casi terminan a los golpes en pleno recinto, ratificó ese cuadro de situación.
Las fuentes consultadas indicaron que en este contexto será muy difícil que la Cámara de Diputados vuelva a sesionar y pueda aprobar proyectos de ley complejos antes del 31 de diciembre, cuando finaliza la prórroga de sesiones ordinarias. "Al oficialismo le cuesta llegar al quórum sin la oposición y eso complica todo para adelante", deslizaron.
¿Por qué la pelea en Diputados complica al Gobierno?
El detonante de la pelea fue la decisión de Moreau de apelar el fallo del juez del juez Martín Cormick que había rechazado el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura y, al mismo tiempo, suspender todas las designaciones para ese organismo, que ya habían sido acordadas y efectivizadas.
En Juntos por el Cambio sostienen que fue "ilegal" esa decisión y debe revertirse, pero en el Frente de Todos anticipan que la sostendrán, según supo este medio de fuentes parlamentarias. Sin un acuerdo en ese tema, el oficialismo necesitará del Interbloque Federal y de Provincias Unidas para tener el quórum de 129 presencias para sesionar.
Sin embargo, esos bloques tampoco bajaron al recinto para la elección de autoridades de este jueves. Así, el oficialismo podría encontrar problemas para avanzar con su agenda de aquí a fin de año, donde hay temas que interesan al Poder Ejecutivo por sus implicancias económicas y que, para colmo, ya generaban controversia con la oposición.
Uno de esos proyectos que está pendiente es la nueva moratoria previsional. El presidente Alberto Fernández tuvo que prorrogar la que se venció en julio de este año a la espera de que el Congreso "sancione una nueva ley", algo que ahora parece más complicado de lo que ya estaba antes.
El otro es el proyecto para reformar la ley sobre prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este tema fue enviado hace meses por el Gobierno a la Cámara baja pero en las últimas semanas se aceleró su tratamiento. En Diputados algunos ven allí un tema clave para el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos que Massa espera firmar próximamente para conseguir los dólares que la economía argentina tanto necesita, pero en el Ministerio de Economía descartan esto como un peligro para esas gestiones.
La importancia de la ley antilavado para Massa y el riesgo que plantea Diputados
Fernández envió el proyecto en junio pasado con el fin de adaptar la legislación argentina a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que el próximo año realizará una auditoría sobre el sector público y privado para evaluar la efectividad en la prevención del lavado de dinero.
Pero el tema se aceleró luego de que Massa encaminara la firma del acuerdo con Estados Unidos para que la AFIP reciba información sobre las cuentas de argentinos sin declarar que existan en ese país. Estiman que hay allí unos u$s100.000 millones y que la recaudación para la Argentina podría ser de u$s5.000 millones.
Ante ese apuro, en la Cámara de Diputados hay quienes creen que el acuerdo puede estar atado a que se apruebe esa reforma legal, pero cerca de Massa lo niegan. "No tiene nada que ver. El acuerdo se firma la semana que viene", indicaron a iProfesional fuentes de la cartera económica.
De cualquier forma, el dictamen para el proyecto se demoró porque hasta el momento no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Esto es un problema para el Gobierno porque ahora, la ruptura de las relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio dentro de la Cámara de Diputados complican todavía más la posibilidad de encontrar consenso. Sin esa ley, la Argentina podría desaprobar la evaluación del GAFI algo que eventualmente podría tener algún impacto en la gestión económica y su relación con el exterior.
El proyecto plantea varias modificaciones sensibles. Por ejemplo, agrega "al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales", es decir que estarían sometidas a control anti lavado las criptomonedas. También incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Además, el proyecto le da mayor poder a la Unidad de Información Financiera (UIF), al convertirlo en un organismo descentralizado y darle la facultad de ser qurrellante en causas judiciales por lavado de activos. Pero para ser convertido en ley necesita tener dictamen, ser aprobado en el recinto de Diputados y luego tener la aprobación del Senado. Hoy parece casi imposible que se cumpla ese trámite antes del 31 de diciembre.
La moratoria previsional: ¿otro proyecto en jaque?
Por otro lado, el acuerdo de intercambio con Estados Unidos es uno de los elementos a los que el Frente de Todos apela para defender la nueva moratoria previsional a la que ya le dio dictamen y espera poder aprobar en la semana del 15 de diciembre.
Se trata de un proyecto que plantea un plan de pagos para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilattoria que no tengan los 30 años de aportes puedan precancelar deuda previsional. Lo impulsó el kirchnerismo desde el Senado y esta semana sus pares de Diputados avanzaron para convertirlo en ley.
Ante el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo necesita apoyo de otras bancadas como el Interbloque Federal. Sin embargo, esos potenciales aliados reclaman un informe sobre cómo hará el Gobierno para afrontar el impacto fiscal de la medida, que no fue contemplado en el Presupuesto 2023.
Como contó iProfesional, uno de los argumentos del oficialismo para convencer a esa bancada y contar con su apoyo es que esperan para el año próximo una recaudación impositiva más grande como fruto de ese acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos. Si, como afirman en Economía, el acuerdo se firma independientemente de lo que ocurra con la ley anti lavado, esto no sería un problema, aunque el oficialismo igual está muy ajustado para aprobar la nueva moratoria.
Una pelea de solución impredecible
El conflicto por el Consejo de la Magistratura empezó en el Senado y rápidamente se convirtió en una pulseada entre la vicepresidenta Cristina Kirchhner y la Corte Suprema. La llegada de esta pelea a la Cámara de Diputados es lo que detonó las relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Luego de que el oficialismo no lograra quórum para realizar la sesión preparatoria y ratificar a las autoridades de la Cámara (que igualmente, por reglamento, podrán seguir en sus puestos), dio inicio a una sesión especial con el quórum justo, gracias al apoyo de un puñado de legisladores del Interbloque Federal.
Recién después de iniciada esa sesión, donde el oficialismo pretendía aprobar la creación de nuevas universidades, los miembros de Juntos por el Cambio bajaron al recinto y advirtieron a los gritos que la sesión era inválida porque el inicio se postergó dos veces de forma "irregular". Moreu hizo caso omiso.
El griterío en el recinto no se detuvo un segundo y después de un momento de máxima tensión, cuando oficialistas y opositores se cruzaron en muy malos términos al pie del estrado de la presidencia, Moreau resolvió levantar la sesión a pedido del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
"Han actuado como dueños del Parlamento, pero hoy le pusimos un freno. Desgraciadamente me parece que están llevando al país a una situación de vacío institucional absolutamente peligrosa, ojalá recapaciten", afirmó el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri.
En la oposición creen que el oficialismo de la Cámara de Diputados se alineó con la estrategia de Cristina Kirchner de bloquear el Consejo de la Magistratura en el marco de su pelea con la Corte, que modifició sensiblemente la integración del organismo y abrió una disputa sobre los lugares que le corresponden a los seandores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.