El Gobierno busca aprobar lo que queda de "propiedad privada" y evitar un duro golpe a Bullrich y Sturzenegger

Luego de retirar el controvertido capítulo que reformaba la "Ley de Tierras", el gobierno de Javier Milei intenta aprobar en el Senado lo que queda del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", con desalojos exprés, cambios expropiaciones y en las regulaciones para campos afectados por incendios, pero el objetivo de fondo para el oficialismo es evitar una derrota más dura de la que ya sufrió.

De hecho, poco después de iniciado el debate el jefe del bloque peronista/kirchnerista, José Mayans, planteó una moción para que el proyecto volviera a comisión y se suspendiera su tratamiento en la sesión, pero La Libertad Avanza (LLA) logró con ayuda de aliados impedirlo. Reunió 38 votos, que serían los mismos que cuenta para aprobar la iniciativa. La votación se prevé para las 22:00, aproximadamente.

Igualmente, fue un momento tenso para el oficialismo, que el día anterior ya se había visto forzado a retirar el capítulo del proyecto que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros por la presión social -con movilización al Congreso incluida- que llevó a gobernadores y bloques aliados a retirarle el apoyo a ese apartado. El bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich lo resignó para tratar de salvar el resto del texto.

En rigor se trató de una derrota política para el Gobierno. Tanto la Casa Rosada como fuentes del bloque consultadas por iProfesional reconocieron extraoficialmente que la oposición les gano "el relato" frente a la opinion pública. Pero los más heridos por la caída del polémico capítulo fueron Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto.

¿Por qué es clave para el Gobierno aprobar el  proyecto sobre "propiedad privada"?

Más allá de que el proyecto sobre "propiedad privada" forma parte de la agenda parlamentaria -e ideológica- de Milei, Bullrich y Sturzenegger necesitan que en la sesión de este jueves el Senado le dé media sanción a lo que quedó del texto, porque un rechazo los dejaría muy mal parados puertas adentro del Gobierno.

La jefa del bloque oficialista fue la principal negociadora con los bloques dialoguistas. Buscó hasta el final los votos para sostener el capítulo que mantuvo trabado el tratamieto del proyecto, al extremo de elaborar 17 borradores distintos para tratar de reunir consenso. Pero además, hasta último momento prometía tener los votos.

"Tenemos los suficientes para ganar", lanzó confiada un día antes de la sesión, en u contacto informal con la prensa. En el oficialismo aseguran que hizo la misma promesa a la "mesa política" donde participan la secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor Santiago Capuuto, entre otros.

Por su parte, Sturzenegger fue el encargado de la elaboración del proyecto original que sufrió numerosos cambios. Bullrich se mantvo en contacto con él permanentemente durante las negociaciones con los bloques en torno al capítulo sobre tierras y en más de una oportunidad el desacuerdo entre ellos por las modificaciones conversadas hizo de traba.

El retiro del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros, que era el más importante para el Gobierno, fue un revés para ambos en un momento donde, además, el ministro enfrenta cuestionamientos por la desregulación por decreto del sector de los prácticos navales, que desató un paro de cuatro días en el comercio exterior con un costo millonario.

En ese contexto, el oficialismo debió resistir el intento de devolver el proyecto a comisión y ahora busca aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados para morigerar la derrota que significó la caída del capítulo sobre la Ley de Tierras y, en definitiva, reducir el impacto político no solo sobre Bullrich y Sturzenegger, sino sobre la gestión de Milei.

Desalojos exprés: qué cambia para propietarios e inquilinos

El principal punto que mantiene el proyecto es la reforma del régimen de desalojos. La iniciativa establece que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo, una vía más rápida que la actual.

La norma permite que, cuando se trate de ocupantes precarios, intrusos u otros casos donde exista obligación de devolver el inmueble, el juez pueda ordenar la entrega inmediata del bien en cualquier momento del proceso, siempre que considere acreditado el derecho del propietario.

Además, el proyecto establece que la solicitud de restitución deberá resolverse en plazos abreviados y otorga mayor protagonismo al juez durante el trámite.

En los casos de alquileres destinados a vivienda, el oficialismo incorporó modificaciones para diferenciar a los inquilinos que incumplen un contrato de quienes ocupan ilegalmente un inmueble. Antes de iniciar una demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar al locatario y otorgarle un plazo de 10 días corridos para regularizar la situación.

También se incorporan las notificaciones electrónicas como mecanismo válido para avanzar con el procedimiento, incluso cuando el destinatario se niegue a recibir una comunicación física.

La iniciativa contempla además una protección especial cuando en el inmueble habiten:

• Menores de edad
• Personas con discapacidad
• Adultos mayores en situación de vulnerabilidad

En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes antes de concretar el desalojo.

Cambios en las expropiaciones: más límites al Estado

El proyecto también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública de un inmueble deberá tener una interpretación restrictiva y justificar de manera concreta la necesidad de la medida.

Además, la norma establece que la expropiación deberá demostrar que es idónea, necesaria y proporcional para alcanzar el objetivo planteado por el Estado.

Otro cambio relevante es la forma de calcular las indemnizaciones. El valor del inmueble deberá determinarse tomando como referencia el momento previo a cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio oficial vinculado con la expropiación.

El monto deberá actualizarse según el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés vinculada a los depósitos tradicionales del Banco Nación. También se limita el reconocimiento del lucro cesante, que no podrá superar el 30% del valor correspondiente al daño emergente.

Reforma de la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa modifica además la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que impedían cambiar el uso del suelo en terrenos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años.

El Gobierno sostiene que esas limitaciones generaban un perjuicio económico para los propietarios afectados por incendios, al impedirles desarrollar actividades productivas o inmobiliarias en sus terrenos.

La reforma mantiene excepciones para bosques nativos y áreas protegidas consideradas de especial sensibilidad ambiental.