La oposición cree tener quórum para la sesión sobre morosidad, pero Milei busca a gobernadores decisivos

El gobierno de Javier Milei quiere evitar como sea que se realice el miércoles la sesión de la Cámara de Diputados convocada por la oposición para acelerar los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. Los bloques opositores afirman que tienen el número para el quórum, pero temen a la presión que la Casa Rosada puede meter sobre un grupo de gobernadores que manejan votos decisivos.

La reunión de Gabinete que Milei encabezó este lunes se realizó minutos después de que se publicara la convocatoria oficial para la sesión el miércoles a las 12:00, un trámite que el presidente de la Cámara, Martín Menem, no podía evitar frente al pedido reglamentario que hizo la oposición. Por ello, el tema se analizó durante el encuentro.

El objetivo de la oposición es aprobar un emplazamiento a las comisiones, es decir, fijarles fecha para emitir dictamen sobre los proyectos referidos a los altos niveles de morosidad registrados y también sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

Más allá de la votación en concreto, la mesa política que encabeza la hermana y secretaria presidencial, Karina Milei, no quiere saber nada con que se arme en Diputados, otra vez, una unidad opositora que le marque la agenda pública al Gobierno, y menos ahora que el Presidente recupera la iniciativa política con el proyecto relativo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

¿Cuáles son el plan y los cálculos de la oposición para la sesión sobre deudas familiares y morosidad? 

El desafío para los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y buena parte de Provincias Unidas es mantener la mayoría de 133 que cosechó en la sesión anterior, cuando trató de meter los proyectos sobre morosidad y discapacidad en el temario, o al menos no perder más de uno o dos diputados.

Cerca de un diputado opositor señalaron a iProfesional que "por ahora los 129 para el quórum están", aunque aclararon que por estas horas buscan "reforzar" el apoyo de algunos de los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas, que habían apoyado el tema en la sesión anterior pero no dejan de tener un diálogo aceitado con la Rosada.

En efecto, para que la oposición llegara a esos 133 votos fueron clave los diputados de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y el patagónico Rolando Figueroa (Neuquén). Ahora temen que algunos de ellos no bajen al recinto, convencidos por el oficialismo.

La mira de los opositores "duros" está puesta en los de Independencia, alineados con Jaldo, y los salteños de Sáenz que integran el bloque Argentina Federal. También creen que deben "reforzar" el apoyo de los diputados de Provincias Unidas que pueden ser permeables a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Ignacio Torres (Chubut).

¿Quiénes son y cuántos votos reúnen los gobernadores a los que busca Milei?

El motivo de la atención sobre esos legisladores es que la Casa Rosada trata de acordar con esos mismos gobernadores para evitar que la oposición logre sentar a 129 diputados en sus bancas el próximo miércoles y se inicie una sesión que derrotista para La Libertad Avanza (LLA).

Ocurre que entre esos gobernadores manejan unos 13 votos, número que altera completamente el escenario para la sesión. Sobre ese grupo se da la pelea contrarreloj entre el gobierno de Milei y los bloques opositores de cara al miércoles.

El Gobierno pone especial atención a Jaldo, Sáenz, Jalil, Pullaro y Torres, que en muchas ocasiones acompañaron las iniciativas del oficialismo pero hoy su apoyo oscila, según el tema que se trate y las promesas que la Nación le cumpla o no a sus provincias. De esas tratativas se ocupa el dúo que conforman el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor Eduardo "Lule" Menem.

La estrategia del oficialismo también tiene una pata netamente parlamentaria, a cargo de Martín Menem. Con el fin de disuadir a los bloques provinciales de sumarse a la sesión convocada por la oposición, el oficialismo activó el tratamiento de los proyectos sobre morosidad en la Comisión de Finanzas la semana pasada y fijó un cronograma propio.

En LLA afirman que "pierde de sentido técnico y de lógica parlamentaria llamar a una sesión para emplazar un tema que ya está emplazado", según una fuente consultada por iProfesional. La oposición, en cambio, considera que esa apertura de la Comisión de Finanzas es una "cortina de humo" para dilatar la llegada de los proyectos al recinto porque, además, varios de ellos deben ser abordados por otras comisiones que aún no fueron convocadas por el tema.

¿Qué proponen los proyectos sobre morosidad impulsados por la oposición?

En la Comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli hay 30 proyectos a la vista sobre endeudamiento familiar y morosidad, pero en total la oposición tiene presentados 50 que son, además, variados en su temática.

Algunos de los proyectos apuntan a quienes ya están en mora, otros buscan prevenir que una persona se endeude por encima de su capacidad de pago y otros proponen directamente modificar la Ley de Tarjetas de Crédito. Allí hay un desafío que compete solo a los bloques opositores: encontrar un consenso para unificar las diversas iniciativas en uno o dos textos.

Una de las iniciativas, presentada por Caren Tepp y Diego Giuliano (Unión por la Patria), propone refinanciar las deudas de familias con tarjetas de crédito y préstamos personales que se encuentren en mora y mecanismos para reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares. La iniciativa se concentra, por lo tanto, en quienes ya tienen dificultades para cumplir con sus pagos, en lugar de limitarse a medidas preventivas.

Otras directamente modifican la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y buscan, entre otras cosas, ampliar la protección de los usuarios frente a determinadas cláusulas contractuales, como impedir los cargos fijos por mora o el cobro de servicios no solicitados. También proponen un tope para que los intereses punitorios no puedan superar en más de un 20% al compensatorio.

Otro proyecto impulsado por Pablo Juliano (Provincias Unidas) crea un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y de Prevención del Sobreendeudamiento en el sistema de crédito. La propuesta contempla que una persona con más de una deuda pueda solicitar una instancia para revisar el conjunto de las obligaciones.

Allí se determinaría cuánto corresponde al capital, cuánto a intereses y cuáles son las condiciones para reorganizar los pagos. El mecanismo funcionaría como una instancia previa a un juicio para que el deudor pueda negociar una reestructuración. De esta forma, no plantea una condonación generalizada ni tampoco que el Estado asuma los créditos impagos.