El Gobierno denunciará a cinco empresas por sus actividades hidrocarburíferas en Malvinas
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La disputa por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sumará nuevas acciones judiciales por parte del Gobierno. El Ejecutivo prepara denuncias penales contra cinco compañías y apunta además a las personas que hayan participado en las decisiones relacionadas con esas operaciones.
La nueva ofensiva contempla dos caminos: incorporar a empresas y responsables a causas que ya se encuentran en trámite, y abrir nuevos expedientes. La intención oficial es determinar eventuales responsabilidades de directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías involucradas.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que el objetivo será "responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando" la soberanía nacional sobre el archipiélago.
Las cinco empresas que quedarán bajo la lupa
Las nuevas actuaciones alcanzarán, según información de fuentes oficiales citada por TN, a:
- Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited
- Rockhopper Exploration (Oil) Limited
- Borders & Southern Falkland Islands Limited
- Borders & Southern Petroleum PLC
- Desire Petroleum Limited
La decisión amplía el frente judicial que la administración de Javier Milei abrió esta semana contra compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El conflicto cobró mayor exposición después de la cadena nacional encabezada por Milei, en la que el Presidente advirtió sobre los riesgos asociados con el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
La primera denuncia ya había alcanzado a otras cinco compañías
Antes de esta nueva presentación, el Gobierno había llevado a la Justicia una denuncia contra otras empresas vinculadas con el proyecto.
La acción fue presentada el lunes por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. En aquella oportunidad, las firmas denunciadas fueron Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El nuevo grupo de compañías eleva el alcance de la estrategia judicial desplegada por el Ejecutivo frente a las actividades hidrocarburíferas que considera contrarias a la posición argentina sobre las islas.
La causa quedó en manos de la Justicia federal
El expediente ya comenzó su recorrido en los tribunales federales de Comodoro Py. Tras el sorteo correspondiente, la investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12.
El magistrado deberá analizar la presentación realizada por la Cancillería y determinar los pasos a seguir a partir de los hechos denunciados. El expediente busca establecer si las actividades atribuidas a las compañías involucradas pueden configurar incumplimientos de la legislación argentina.
Uno de los puntos centrales de la presentación oficial es la posición argentina respecto de las autorizaciones para operar en la zona. Mientras las empresas cuentan con permisos otorgados por las autoridades de las islas, el Gobierno sostiene que esas habilitaciones no reemplazan la autorización exigida por la normativa argentina para realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.
La intervención de Ercolini incorpora ahora la instancia judicial al conflicto y será la Justicia la que deberá determinar cómo continúa el expediente a partir de la denuncia presentada por el Ejecutivo.
Qué establece la ley sobre la actividad hidrocarburífera
La ofensiva judicial forma parte de un proceso sancionatorio más amplio. El Gobierno informó que 60 personas humanas y jurídicas se encuentran actualmente bajo procedimientos por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
La norma fue sancionada en 2011 y establece que las personas físicas y jurídicas no pueden desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin la correspondiente autorización de la autoridad argentina competente.
El régimen también contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para quienes sean considerados responsables de esas actividades.
A ese esquema se sumó recientemente una modificación en los procedimientos administrativos. El Gobierno publicó el Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar la tramitación de las infracciones alcanzadas por la normativa.
Malvinas también entra en la agenda de defensa
Las denuncias contra las petroleras no constituyen la única iniciativa que el Gobierno impulsa alrededor de la cuestión Malvinas.
La administración nacional también envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y ordenó dar prioridad al desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027.
El proyecto presupuestario deberá ser remitido al Congreso el 15 de septiembre, en una agenda oficial que combina las acciones judiciales contra empresas hidrocarburíferas con otras medidas vinculadas con la soberanía y la defensa nacional.
