El Reino Unido desafía a Milei y ofrece apoyo a las petroleras que operan en Malvinas

El Reino Unido elevó el tono de la disputa con la Argentina por las Malvinas y publicó una guía destinada a respaldar a las empresas que realizan negocios en el archipiélago. El documento constituye la primera respuesta oficial de Londres después de que Javier Milei anunciara nuevas medidas contra compañías y proveedores vinculados con la explotación de recursos naturales en las islas.

La publicación lleva como título "Doing business with the Falkland Islands" ("Haciendo negocios con las Islas Falkland") y está dirigida a compañías que desarrollen actividades comerciales, provean bienes o servicios o participen de proyectos relacionados con la economía del territorio, incluida la explotación de recursos naturales.

El Gobierno británico sostiene allí que "apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado".

La iniciativa de Londres llega después de que Milei firmara un DNU para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la extracción de petróleo y la actividad pesquera en las islas. El Presidente también anticipó el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.

En la guía, el Reino Unido deja en claro que considera legítimas las actividades económicas desarrolladas en las islas y reivindica la facultad de sus habitantes para administrar los recursos del territorio.

"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación", sostiene el documento.

Londres también ratifica su posición sobre la disputa de soberanía con la Argentina. "Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen".

A continuación, el texto remarca que "las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas".

Qué dice Reino Unido sobre las sanciones de Argentina

Uno de los puntos centrales de la guía es el eventual accionar judicial de la Argentina contra las compañías que tengan negocios vinculados con las Malvinas.

El documento reconoce que las empresas podrían recibir notificaciones judiciales argentinas, pero cuestiona la validez de esas medidas desde la perspectiva británica.

"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas", señala.

El Gobierno británico también relativiza el impacto que tuvieron las sanciones argentinas aplicadas durante administraciones anteriores y que ahora Milei busca profundizar. Según Londres, esas restricciones "no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa", pese a que permanecen vigentes desde hace años.

La nueva guía no se limita a fijar la posición política del Reino Unido. También contempla asistencia para las compañías que puedan verse afectadas por las medidas argentinas.

Londres ofrece orientación a las empresas que reciban amenazas o acciones legales desde la Argentina, aunque aclara que esa ayuda no constituye asesoramiento jurídico formal.

Además, pone a disposición de las compañías vinculadas con las islas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). Ese organismo podrá intervenir ante terceros países cuando una empresa sea objeto de presiones como consecuencia de sus actividades comerciales relacionadas con las Malvinas.

De esta manera, el Reino Unido busca enviar una señal directa al sector privado: Londres considera legítimos los negocios desarrollados en las islas y ofrece respaldo frente a las nuevas restricciones que impulsa el Gobierno argentino.

El Gobierno argentino amplió las denuncias contra petroleras

La respuesta de Londres llegó el día en que el Gobierno de Javier Milei decidió ampliar la ofensiva contra las compañías que participan de proyectos petroleros en las aguas próximas a las Islas Malvinas y anunció que las acciones no estarán dirigidas solamente contra las empresas.

La estrategia oficial contempla también a las personas que intervengan en esas operaciones. Directores, gerentes, administradores, representantes y otros responsables podrán quedar incluidos en las actuaciones que impulsa el Ejecutivo, de acuerdo con la posición del Gobierno sobre actividades que considera realizadas sin autorización argentina y en contra de la Ley 26.659.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las causas judiciales existentes y que se promoverán nuevas presentaciones.

Sea Lion, en el centro del conflicto por el petróleo

El proyecto que concentra buena parte de la preocupación oficial es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La iniciativa está asociada a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con su desarrollo y contemplan comenzar a producir petróleo en 2028.

Para la Argentina, ese momento marcaría una diferencia respecto de las actividades realizadas hasta ahora. El eventual comienzo de la extracción significaría que los recursos naturales en disputa pasarían a ser efectivamente explotados, algo que el Gobierno busca evitar.

Ravier explicó que esa perspectiva fue uno de los motivos para acelerar las medidas. Según el funcionario, actuar antes del inicio de la producción resulta fundamental para intentar impedir que el proyecto avance. "Si no hacíamos algo inmediatamente, no lo íbamos a poder detener", sostuvo.

La nueva etapa judicial comenzó con una presentación contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.

La acusación oficial sostiene que esas firmas intervienen en actividades hidrocarburíferas dentro de la Cuenca Malvinas Norte sin contar con el aval de las autoridades argentinas.

Pero la intención del Ejecutivo es ampliar el universo de involucrados. La investigación y las futuras denuncias podrían incorporar a otras compañías y a personas físicas relacionadas con las decisiones o las operaciones.

"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", detalló Ravier.

El megaproyecto petrolero Sea Lion tiene estimaciones del consorcio integrado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration que indican que, una vez que el yacimiento entre en fase de producción comercial en la Cuenca Malvinas Norte, estará en condiciones de volcar al mercado global un caudal de exportaciones brutas cercano a los u$s1.600 millones al año.

Cómo es el proyecto en Malvinas que quedó en la mira del Gobierno

Más allá de los reclamos de soberanía realizados por el Gobierno de Javier Milei y la invalidez jurídica de las licencias otorgadas por el gobierno colonial isleño, el proyecto cobra dimensión en los mercados financieros internacionales debido a la magnitud de los recursos hidrocarburíferos certificados y a la proyección de divisas que la cuenca podría generar una vez operando comercialmente.

Esta etapa contempla la puesta en marcha de un esquema de extracción offshore conectado a un buque de producción, almacenamiento y descarga, diseñado para alcanzar un nivel de extracción continuo de 55.000 barriles de crudo por día.

Traducido a un régimen anualizado se trataría de unos 20 millones de barriles exportables, y tomando como referencia un valor del barril de Brent en torno a los u$s80, el complejo extractivo está en condiciones de generar ingresos brutos por exportaciones directas cercanos a los u$s1.600 millones al año.

Pero como en toda estimación comercial de recursos petroleros, al valor bruto del mercado se le deben aplicar eventuales descuentos por calidad del crudo y por el costo logístico, lo que va variando de acuerdo a la demanda global.

Ingresos millonarios a corto plazo para petroleras en infracción

Sin embargo, los números preliminares de Navitas Petroleum son un punto de partida para un posible crecimiento de escala dado que los estudios geológicos más recientes elevaron el total de recursos recuperables en el bloque a más de 900 millones de barriles de petróleo.

En función de estas dimensiones, el operador formalizó la compra de una segunda unidad de producción flotante con el propósito de acelerar las etapas subsiguientes e integrar el desarrollo de yacimientos satélites en la misma cuenca.

Este esquema ampliado prevé escalar la extracción conjunta hasta los 180.000 barriles diarios para el final de la década, lo que elevaría exponencialmente el volumen exportable y situaría la facturación bruta proyectada por encima de los u$s5.000 millones anuales durante los momentos de pico productivo.

En términos de acumulación a largo plazo, el potencial de generación de divisas a lo largo de los 30 años de vida útil previstos para la concesión se calcula en una banda que va desde los u$s40.000 millones hasta superar los u$s100.000 millones en valor bruto de venta de hidrocarburos, dependiendo de los cambios del precio internacional del barril. 

Este monumental flujo financiero transformaría la estructura fiscal de la administración de ocupación británica en las islas, que proyecta capturar entre u$s4.800 millones y u$s 8.800 millones únicamente en concepto de regalías e impuesto a las ganancias, asegurándose un ingreso fiscal directo promedio superior a los u$s 140 millones por año.

La aceleración de los plazos operativos, que ubican la primera extracción de crudo comercial hacia el primer semestre de 2028, consolida a Sea Lion como una de las fronteras petroleras sin desarrollar de mayor envergadura en el Atlántico Sur.

La táctica de la asfixia por Malvinas del Gobierno de Milei

Para encaminar semejante nivel de facturación, el diseño del financiamiento exige una rigurosa planificación de costos. El consorcio diseñado por Navitas establece que el costo de desarrollo por barril se ubicará en torno a los u$s12, mientras que el costo de extracción mantendrá un piso cercano a los u$s10 a u$s15 por unidad.

Esta estructura de costos competitiva le permite a Sea Lion ofrecer una tasa interna de retorno (TIR) atractiva para los fondos internacionales, asegurando la viabilidad comercial del proyecto aun frente a hipotéticos escenarios de volatilidad con un barril cotizando por debajo de los u$s60.

Para apalancar los cerca de u$s1.800 a u$s2.000 millones necesarios antes del "primer petróleo" previsto para 2028, el consorcio recurre a una combinación de crédito bancario estructurado, emisión de deuda corporativa en la Bolsa de Tel Aviv y la eventual búsqueda de un tercer socio estratégico que ingrese con participación minoritaria para repartir el compromiso de inversión. 

No obstante, la proyección en divisas enfrenta la incertidumbre por el impacto de las recientes sanciones del gobierno argentino. El esquema de la Ley 26.659 establece inhabilitaciones administrativas y penales severas a toda compañía, entidad bancaria o proveedora de servicios marítimos que participe directa o indirectamente en la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental argentina sin contar con la habilitación formal de las autoridades nacionales.

Este cerco legal -que el Gobierno argentino reforzó al extender la responsabilidad hacia la cadena de contratistas, empresas de logística y estructuradores financieros— representa un obstáculo directo para la ejecución del plan de negocios.

La amenaza de quedar excluido de la operación en yacimientos clave de la Argentina continental, como Vaca Muerta o el desarrollo offshore, incrementa la prima de riesgo para los bancos internacionales e induce a los grandes proveedores de dragado, buques sísmicos y torres de perforación a evaluar si el margen económico de Sea Lion compensa la inhabilitación para ingresar al mercado energético argentino.

Quiénes son las empresas detrás del proyecto

Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% de participación en el proyecto. La firma cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Navitas ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir esa participación mayoritaria de Harbour Energy. Con esa operación también asumió el control operativo del área.

El 35% restante pertenece a Rockhopper Exploration, una petrolera británica enfocada en exploración y producción. La compañía cotiza en el mercado AIM de Londres y participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración. Mantiene activos vinculados principalmente con las islas, además de algunos intereses menores en Italia.

Las grandes petroleras globales evitaron involucrarse en Sea Lion por el riesgo político que implica operar en una zona de disputa de soberanía. Esto permitió que compañías medianas, con menor exposición internacional, tomaran el control del proyecto.

Harbour Energy, que originalmente controlaba el proyecto, decidió desprenderse de Sea Lion. La compañía británica posteriormente reforzó su presencia en Argentina. En 2024, Harbour Energy compró los activos de la alemana Wintershall Dea en el país. Con esa adquisición pasó a integrar proyectos de explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego.

Hoy opera junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) en áreas que sí están bajo jurisdicción argentina indiscutida, la más significativa es la operación offshore en la Cuenca Austral, de deonde se aporta algo más del 18 por ciento del total del gas natural que consume el país.