Soberanía sobre Malvinas: los 3 puntos clave del proyecto de Ley y el costo hasta el 2028
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Puntos importantes
Milei envió un proyecto de ley para endurecer sanciones penales y multas a empresas que exploten recursos en Malvinas sin autorización.
Se crea un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar la defensa, la inteligencia y la protección de los recursos soberanos argentinos.
El Ejecutivo denunció penalmente a directivos de diversas firmas petroleras que operan ilegítimamente en la plataforma continental.
La Oficina del Presidente informó ayer que el Presidente de la Nación Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a proteger los derechos soberanos de la República Argentina.
La iniciativa constituye un cambio clave en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal en la historia de nuestro país, ya que se fundamenta en tres pilares: castigar con multas y hasta penas de prisión a quienes explotan recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen en esa conducta y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.
Para entender lo que implica el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional hay que destacar que el mismo se fundamenta en tres pilares clave:
- El castigo con multas y hasta penas de prisión a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima
- Generar los incentivos para que cesen en esa conducta
- Dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas
El proyecto tiene por objetivo derogar la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner y reemplazarla por otra más dura, además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores.
Además, se crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional. En total, con la contracción de la Base Naval en Ushuaia y los gastos restantes, la puesta en marcha de la Ley de Soberanía en caso de ser aprobada por el Congreso de la Nación costaría unos $400.000 millones.
Las empresas y ejecutivos en la mira del Gobierno
De acuerdo a la información que circula en el ámbito judicial, las empresas señaladas son: Rockhopper Exploration, Rockhopper Exploration Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco Oil & Gas Ltd, Navitas Petroleum Limited Partnership.
En el listado al que accedió iProfesional también figuran ejecutivos de las empresas, entre los que se destacan: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.
En cuanto a la identificación y el trabajo, el informe destaca a Tadmor, Katz como vice chairman, Kornhauser como CEO, Rosenberg como CFO, Abramov como Vice President General Counsel; a Sorek como Vice President Subsurface & Operations, Bernheim como Chief Commercial and M&A Officer y Sternberg CEO de Navitas USA.
La nueva presentación suma a cinco directivos de Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor, y la denuncia considera a esa subsidiaria una pieza central de la estructura operativa de Sea Lion, donde Ramsey figura como CEO y Bamford como COO, con gran responsabilidad sobre la ejecución y operación del proyecto, en tanto que Armstrong está asociado al área de subsuelo y exploración; Gvura, a las finanzas; y Taylor figura como Asset Director de Sea Lion, con funciones relacionadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.
En otra parte de la denuncia a la que accedió iProfesional, el Gobierno sostiene que esos ejecutivos ocupan posiciones vinculadas con "decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas" en relación con las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.
La ampliación de la denuncia incluye además a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson. Los seis primeros ya habían sido identificados por Infobae entre las personas alcanzadas por los procedimientos administrativos. La novedad es que ahora aparecen expresamente incorporados al objeto de una investigación penal y a ellos se agrega Emily Ferguson, cuyo nombre no figuraba en la nómina anterior.
Holzman aparece como presidente y CEO, y Levin como CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.
La ofensiva se expande más allá de Sea Lion
También figuran en la denuncia las empresas Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum, y en la presentación referida a Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC se individualiza a otros siete directivos que son: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest. Dobson ya había aparecido entre los nombres difundidos en la anterior denuncia administrativa, y los otros seis se suman a los ejecutivos y técnicos que el Gobierno quiere investigar.
En esta nueva denuncia, la novedad es que a diferencia de la anterior ya no queda restringida a Sea Lion, ya que Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero ubicado en el área de Malvinas, y de acuerdo a la documentación nueva incorporada, la empresa Borders & Southern Falkland Islands Limited aparece como operador con una participación del 100% en esa licencia.
El documento explica además que su individualización busca determinar "quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones" vinculadas con las actividades petroleras investigadas.
Los propios escritos establecen, sin embargo, una cautela jurídica. La aparición de los nombres no equivale a una imputación automática ni supone que exista responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.
El giro de Milei y el discurso clave en la ONU
Lo cierto es que desde el 3 de septiembre pasado la agenda de Milei cambió abruptamente con su decisión final de no viajar a Londres, y ahora el foco principal está puesto en el discurso que dará Milei sobre el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas en la próxima Asamblea General de la ONU.
La 81° Asamblea General de la ONU se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre en Nueva York, y por lo que pudo saber iProfesional, el discurso de Milei, diseñado por el propio Milei y su asesor presidencial Santiago Caputo, está previsto para el martes 23 de septiembre a las 12:45 hs de Nueva York (13:45 hs de Argentina), tal como ocurrió en 2024 y en 2025, ya que es la fecha que le toca a Argentina en el Debate General.
Milei, todavía no está confirmado, viajaría el domingo 21 por la noche junto a la secretaria General Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, y según lo pudo saber iProfesional, el eje de su discurso será la Causa Malvinas y el alineamiento con el Gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió este sábado que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un "desastre potencial", aunque manifestó que confía en poder "resolverlo" si le pidieran intervenir.
Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, el primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen "muy interesantes" las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son "dos países" que están "enfadados" entre sí.
En este aspecto, hay que recordar que hace dos semanas la Oficina del Presidente informó que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N° 26.659.
Por lo que trascendió, las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades.
En total, los escritos identifican a 27 personas físicas, pero si se cruzan esos nombres con los otros 60 directivos y profesionales incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, se observa que 16 de ellos no figuraban en las listas anteriores.
