El régimen Ciudadanía por inversión de Milei ya tiene proyectos en contra en Diputados
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Puntos importantes
El gobierno de Milei implementa un programa de "Ciudadanía por Inversión" (u$s350k+), eximiendo la residencia previa para obtener la nacionalidad argentina.
La oposición rechaza esta "venta de ciudadanía" por considerarla inconstitucional. Presentan proyectos para prohibir la medida y derogar el DNU que la sustenta.
Surgen alertas por posible conflicto de intereses, al vincularse una firma británica con antecedentes cuestionables al diseño y promoción del programa.
El gobierno de Javier Milei anunció recientemente la puesta en marcha de un programa de "Ciudadanía por inversión" que permitirá a los extranjeros solicitar la nacionalidad a partir de un aporte económico de entre u$s 350.000 y u$s 800.000, pero en la Cámara de Diputados ya empezaron a aparecer proyectos para prohibir una medida de ese tipo.
Las críticas que ya empezó a hacer oír la oposición y en especial el bloque peronista de Unión por la Patria apuntan a una supuesta inconstitucionalidad de la medida, una presunta reducción del vínculo social y legal con la Argentina a la capacidad económica e incluso un posible conflicto de intereses.
Milei dio el primer paso para adoptar esta medida en 2025 con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 366, que modificó la interpretación y los requisitos de la Ley de Ciudadanía 346 para eximir a aquellos ciudadanos extranjeros que acrediten una "inversión relevante" en el país de la exigencia del plazo mínimo de dos años de residencia previa para solicitar la ciudadanía argentina.
El DNU facultó al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo a fijar criterios y montos específicos para esa "inversión relevante", a fin de poner en marcha en este último trimestre del año el programa al que los críticos también llaman "venta de la ciudadanía".
El anuncio del Gobierno: ¿cómo funcionará la ciudadanía por inversión?
Caputo eligió la gira oficial Argentina Week en París para anunciar oficialmente los detalles del nuevo programa, la semana pasada. El ministro presentó las dos modalidades de acceso: un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por un monto de u$s 350.000 o la adquisición de un título público por u$s 800.000 emitido específicamente para este mecanismo.
Los solicitantes tendrán que pasar controles sobre su identidad y antecedentes, y el esquema permite también extender la solicitud de ciudadanía por inversión al cónyuge y a los hijos del titular principal, con aranceles escalonados.
Según detalló el Gobierno, para el cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años (siempre que sean solteros y sin hijos) el arancel será de u$s 100.000 por persona, mientras que por cada hijo menor de edad será de u$s 25.000.
El programa entrará en operatividad y empezará a recibir solicitudes este trimestre. Las solicitudes serán procesadas mediante la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirán auditorías coordinadas con la Unidad de Información Financiera (UIF), la SIDE y los ministerios de Seguridad y de Interior, para cumplir las normativas internacionales del GAFI y la OCDE contra el lavado de activos.
¿Qué plantean los proyectos en contra de Diputados?: el argumento constitucional
El anuncio se dio en un contexto político particular, donde la Cámara de Diputados debate el proyecto de Milei sobre "Defensa de la Soberanía Nacional" con la causa Malvinas como eje -que la oposición no cree genuina por parte del Presidente- y las tensiones en torno a la caída de la Ley de Tierras Rurales y de los límites para la venta de grandes extensiones a extranjeros.
Con ese marco el Programa de Ciudadanía por Inversión no fue bien recibido por la oposición. Los proyectos en contrario empezaron a surgir de Unión por la Patria. Uno de ellos, impulsado por Agustín Rossi, propone directamente prohibir el otorgamiento de la ciudadanía a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, compra de bienes o de títulos públicos o privados.
El proyecto, que también apunta a derogar las modificaciones a la Ley de Ciudadanía que realizó el DNU 366 de Milei, establece que ninguna inversión, aporte o donación podrá tomarse como causal de naturalización ni afectar el plazo de residencia previsto en el artículo 20 de la Constitución, que es de "dos años continuos". Además prohíbe la emisión de títulos públicos otorguen derecho a solicitar la ciudadanía u otro beneficio migratorio.
La iniciativa también prohíbe que el Estado nacional o sus organismos contraten o se asocien con empresas dedicadas a diseñar, promocionar o administrar programas de ciudadanía vinculados contraprestaciones económicas como el anunciado por el Gobierno.
Entre los fundamentos de la iniciativa, Rossi señaló entre otras cosas que la medida podría ser inconstitucional, porque el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional le otorga al Congreso la competencia para legislar en materia de naturalización y nacionalidad.
Contra la "venta de ciudadanía": un segundo proyecto apunta a la capacidad económica
Otro de los proyectos fue presentado por las diputadas Florencia Carignano (exdirectora de Migraciones) y Paula Penacca, también de Unión por la Patria, y propone sencillamente la derogación de las modificaciones a la Ley de Ciudadanía que realizó el Gobierno con el DNU 366/2025.
En los fundamentos del texto que consta solo de cinco artículos Carginano y Penacca (figura de peso en el bloque para la esgrima legal) señalan que "la ciudadanía no puede convertirse en una contraprestación económica ni quedar condicionada, directa o indirectamente, a la capacidad patrimonial de quien pretende acceder a ella".
La diputadas argumentan que la promoción de inversiones extranjeras es una tarea legítima de todo Gobierno pero que ya hay instrumentos económicos que sirven a ese fin. Uno de ellos, por caso, es el RIGI. En ese sentido, apuntan que la naturalización o nacionalización debe depender de un vínculo social y legal como hasta ahora y no del poder económico de la persona. A su vez señalan que son muy pocos los países que aceptan la ciudadanía por inversión o pagos.
¿Posible conflicto de intereses?: las advertencias sobre el programa que empiezan a oírse
El oficialismo puede encontrar otras herramientas legales para dar la discusión si las críticas se extienden a otros bloques opositores o críticos y se ve obligado a defender la medida, como le ha ocurrido en oportunidades anteriores.
Por ejemplo, el mismo artículo 20 de la Constitución que cita el proyecto de Rossi y señala los dos años de residencia permite "acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República". Allí hay un resquicio favorable a la interpretación del Gobierno.
Sin embargo, entre los cuestionamientos al programa de ciudadanía por inversión empiezan a aparecer señalamientos sobre un posible conflicto de intereses. Este miércoles, durante el debate en comisiones del proyecto sobre "Defensa de la Soberanía", Carignano denunció que "un estudio británico con turbios antecedentes está detrás de la venta de ciudadanía por 350 mil dólares".
No es la única advertencia de este tipo frente a la puesta en marcha del programa. El exembajador Diego Guelar señaló en su cuenta de X que "la firma inglesa Henley & Partners, que asesoró al Gobierno argentino en el programa de ‘Venta de Ciudadanía’ por u$s350.000, comenzó al otro día de anunciada, su publicidad sobre la propuesta". En este caso, no se trata de un legislador peronista sino de un exdiputado e histórico asesor del PRO en temas internacionales.
A la luz de esa presunta relación entre el Gobierno y esa empresa británica (con la carga adicional que tiene eso en medio de la nueva "agenda Malvinas") detrás del programa de ciudadanía por inversión, cobra otra relevancia el proyecto de Rossi, que prohíbe específicamente ese tipo de asociaciones en uno de sus artículos.
