Hay más de 140 barcos sin operar y se frenan las exportaciones de granos por un paro portuario
Un cambio abrupto en las reglas del practicaje portuario desató un conflicto que ya golpea terminales de todo el país. Desde el sábado pasado, buena parte de los prácticos decidió, en forma individual, no aceptar nuevas asignaciones de trabajo.
Hay unos 140 barcos sin operar en los principales puertos del país y las exportaciones de granos están virtualmente paralizadas.
La medida ocurre en rechazo al Decreto 690/2026, que modifica de raíz el marco regulatorio de la actividad. La norma fue publicada el 31 de julio en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei junto al ministro Federico Sturzenegger.
El practicaje es el servicio que asiste a los buques durante las maniobras de ingreso y egreso en puertos, ríos y canales. Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona.
Gran parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo. Intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de la mayor parte de las exportaciones del país.
Qué cambió con el decreto de Federico Sturzenegger
El Decreto 690/2026 sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991. La norma apunta a modificar varios de sus aspectos centrales.
Entre los cambios más relevantes, quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico. Antes existían barreras de entrada que restringían la cantidad de prestadores.
También permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, sin pasar por las estructuras tradicionales. Además, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Otro punto polémico: habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico. Esta disposición generó especial rechazo entre los profesionales del sector.
Según explicó el Gobierno al anunciar la medida, el objetivo es bajar los costos logísticos y fomentar la competencia dentro de la actividad, desarmando lo que Sturzenegger llamó "kioscos" con barreras de entrada que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio.
El funcionario cuestionó en particular la segmentación geográfica que obligaba a contratar a más de un práctico para completar un mismo recorrido. "Se desarmaron kioscos", sostuvo a través de su cuenta de X.
Los trabajadores portuarios rechazan la medida
Las entidades que nuclean a prácticos, pilotos y baqueanos tienen una lectura totalmente distinta. Consideran que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó a la norma de inconstitucional. Anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación.
Además, preparan una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, buscan revertir el decreto en los tribunales.
La medida de fuerza tiene características particulares. Como los prácticos trabajan de manera independiente y no están agrupados bajo un mismo gremio con capacidad de convocar a un paro tradicional, la decisión se dio en forma coordinada pero sin una orden centralizada.
Quienes ya tenían turnos asignados con anterioridad siguen cumpliendo esos compromisos con normalidad. Lo que se frena son las nuevas contrataciones.
Qué hace el Gobierno para destrabar el conflicto
Frente a la falta de profesionales disponibles, la Prefectura Naval Argentina empezó a enviar este lunes notificaciones formales a prácticos en forma individual para que retomen sus tareas.
Las notificaciones se basan en lo establecido por la Ley de Navegación 20.094, que categoriza al practicaje como un servicio público. Advierten sobre posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.
El propio decreto contempla un mecanismo para estas situaciones: autoriza a la Prefectura y, en casos excepcionales, a la Armada, a hacerse cargo directamente del servicio de practicaje cuando no haya profesionales disponibles.
La estrategia del Gobierno apunta a forzar el retorno a la normalidad a través de la amenaza de sanciones y la posibilidad de reemplazar temporalmente a los prácticos con personal estatal.
Dónde pega más fuerte la paralización
El conflicto se siente con más fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. Se trata del corazón de las exportaciones agroindustriales del país.
En esas terminales, algunos buques esperan turno fondeados. La demora complica el cronograma de embarques de granos y subproductos, que representan una parte sustancial de las ventas al exterior argentinas.
Según fuentes de la agroindustria, más de 140 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. "Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse", resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.
Quedan al margen del conflicto los buques que transportan petróleo y gas. Esos barcos siguen operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.
La situación genera preocupación en cámaras del sector agroindustrial, que dependen de la fluidez logística para cumplir contratos de exportación. Cada día de demora representa costos adicionales y riesgo de penalidades.
La medida paraliza una obra clave para Vaca Muerta
Las medidas de fuerza impulsadas por el gremio de prácticos no solo mantiene paralizado el comercio exterior en la Argentina, sino que ya comenzó a generar consecuencias directas en la logística de la mayor obra energética en ejecución. La interrupción de las operaciones en las terminales marítimas y de adiestramiento afecta en forma directa el despliegue del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).
La obra de infraestructura energética que tiene un presupuesto de u$s3.000 millones es una de las más ambiciosas para ampliar la capacidad de evacuación de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia los mercados internacionales, y abrirá el mayor puerto exportador de petróleo de la región.
De acuerdo con lo informado por el portal especializado Argenports, la medida de fuerza impacta de lleno en la cadena de suministros e insumos navales indispensables para mantener el ritmo de ejecución de los trabajos en la provincia de Río Negro.
La imposibilidad de concretar el atracamiento y la asistencia técnica a las embarcaciones operativas detuvo los movimientos previstos para el avance de las maniobras costeras y marítimas del emprendimiento, encendiendo alarmas en el sector petrolero por los costos adicionales y las demoras acumuladas.
El conflicto sindical afecta la totalidad del tráfico mercante del país, interrumpiendo el flujo exportador e importador en los principales nodos portuarios del Gran Rosario, la Bahía de Bahía Blanca y el litoral bonaerense. Los prácticos, profesionales encargados de dirigir las maniobras de amarre y navegación de los buques en aguas de difícil acceso, suspendieron de forma total la prestación de sus servicios.
Esta paralización mantiene a decenas de embarcaciones fondeadas a la espera de resolución, interrumpiendo el ingreso de divisas y afectando el transporte de granos, hidrocarburos y manufacturas industriales.
La raíz del conflicto radica en la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un esquema de desregulación integral del sector portuario y de la navegación fluvial y marítima. La normativa dispuesta por el Poder Ejecutivo busca flexibilizar las exigencias operativas, modificar la estructura de tarifas y abrir la competencia en la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje.
Desde las autoridades nacionales sostienen que la medida apunta a reducir el costo argentino y modernizar la logística del transporte marítimo, mientras que la entidad sindical denuncia que la iniciativa vulnera la seguridad de la navegación, desarticula la capacitación técnica obligatoria y precariza las condiciones laborales del personal especializado.
El impacto operativo y logístico en las costas de Río Negro
En la zona marítima de Punta Colorada, donde se proyecta la cabecera exportadora del sistema VMOS, la falta de cobertura por parte de los prácticos paralizó las tareas preparatorias para el tendido náutico y la instalación de infraestructura submarina que realizan embarcaciones especializadas en la zona.
De acuerdo con lo reportado por Argenports, el conflicto mantiene inmovilizado frente a Bahía Blanca al buque semisumergible HL White Marlin, el cual transporta en su cubierta la flota de embarcaciones especializadas destinadas a construir la terminal offshore.
La imposibilidad de realizar las maniobras de practicaje e iniciar la descarga de estas naves clave impide el traslado del equipamiento hacia la costa de Río Negro, provocando un freno en las maniobras y obligando a mantener paralizados a los barcos técnicos en alta mar.
Al no contar con el personal habilitado para las maniobras de guía y atraque, los barcos permanecen inactivados en alta mar, lo que genera una parada forzosa de la maquinaria y del personal desplegado en la costa rionegrina. Lo mismo ocurre a pocos kilómetros de la terminal con el remolcador Tua y el buque especializado Skandi Patagonia.
La interrupción de la logística naval genera una interrupción en el suministro de materiales pesados, ductos y estructuras indispensables para el desarrollo de las monoboyas de carga offshore. La cadena logística que conecta los puertos fluviales y marítimos con el punto de amarre en Río Negro depende de un flujo ininterrumpido de embarcaciones de apoyo.