El Gobierno anticipó al sindicalismo el espíritu de los anuncios inminentes que prepara para salir de la crisis. Se trata de un paquete con lineamientos orientados al control de la inflación, el impulso de la inversión productiva y la generación de empleo tras la destrucción de 270.000 puestos de trabajo en los últimos dos meses. Ese fue el tema central de la cumbre encabezada este lunes por una comitiva oficial de estrecha confianza de Alberto Fernández con casi una docena de dirigentes de la CGT en la sede de la Federación de Trabajadores de Sanidad, liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, uno de los cotitulares de la central obrera.

El equipo integrado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su par del Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, fue el encargado de anticipar a los comensales el rumbo que adoptará la gestión nacional a través de 60 medidas en carpeta y aceitar el diálogo solicitado por la dirigencia gremial y el empresariado durante un encuentro la semana pasada en Casa Rosada. Allí, Moroni les pidió hacer "sacrificios" y "renuncias", de cara a un contexto de mayor conflictividad social por el deterioro del desempleo y la pobreza.

Los funcionarios hicieron hincapié ayer en controlar la inflación desde "una mirada macro", es decir, procurando que los retoques en los alimentos y el descongelamiento de las paritarias impacten lo menos posible sobre los precios. En esa línea, los bancarios, los trabajadores de la alimentación y la industria del gas cerraron en los últimos días subas "puente" de entre el 12 y el 26% por debajo de una inflación prevista del orden del 40%.

La preocupación de fondo es por el dólar, sometido a una creciente presión por la demanda sostenida y la emisión monetaria. "La inflacion se dispara siempre cuando faltan dólares porque no hay confianza en el peso", reconoció una de las espadas de Fernández.

El Gobierno prepara el anuncio de medidas para inyectar capital de trabajo a las medianas empresas.

Con esa preocupación, el Gobierno también busca contener el gasto mediante una reducción gradual de los subsidios frente a la caída de la recaudación y la negociación inminente de la deuda con el FMI. Si bien el gabinete económico ayer anunció la continuidad de la asistencia a las empresas (ATP), lo cierto es que ese programa pasó de cubrir el salario de 2,4 millones a 1,8 millones de trabajadores privados.

Mientras, se mantienen los créditos a las pymes y se sumaron otros 280.000 autonónomos y monotributistas a los préstamos a tasa cero. Esa situación genera tensión con la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras pyme de la provincia de Buenos Aires, que ya registraron el cierre de 40.000 empresas.

Por la parte sindical, además de los dueños de casa, estuvieron presentes en la reunión el otro cotitular de la CGT, el estacionero Carlos Acuña, el estatal Andrés Rodríguez, el albañil Gerardo Martínez, el mercantil Armando Cavalieri, el metalúrgico Antonio Caló, el dirigente de Obras Santiarias, José Luis Lingeri, el del Seguro, Jorgé Solá, y el portero Victor Santamaría. 

"Se espera que en los próximos días exista un fuerte anuncio sobre un paquete de medidas para inyectar capital de trabajo en las medianas empresas para dinamizar un poco la economía y volver a ponerla en marcha", confirmó en declaraciones a Radio Rivadavia Daer.

Uno de los puntos que asomó en la reunión fue la necesidad de impulsar la inversión productiva mediante préstamos otorgados por la banca pública y privada, junto con el desarrollo de industrias habilitadas y la generación de empleo. El principal motor, según los funcionarios, será la obra pública en marcha mediante en 150 rutas del país, el plan federal Argentina Hace en 2.300 municipios.

Pero en la central obrera también reclaman la reactivación de la obra privada para construir viviendas tras la pérdida de más de 180.000 empleos. Solo el 30% de la actividad está en funcionamiento y el AMBA, aún bajo cuarentena, concentra la mitad de las obras.

Con la reapertura de la actividad, se incrementaron los reclamos sindicales por los protocolos y la renegociación de los salarios.

Moroni tomó ayer nota de los pedidos. Los sindicalistas están preocupados además por las obras sociales y la continuidad de la prohibición por decreto de los despidos y suspensiones, así como del acuerdo con la UIA de rebajas salariales de hasta el 25% del personal suspendido. Ambas medidas vencen a fines de este mes, por lo que será clave la negociación con los industriales, aunque la decisión final depende del Presidente.

Por lo pronto, la reunión de ayer representó un guiño al sector más dialoguista de Azopardo, en medio del conflicto en Mercado Libre por el reclamo de encuadramiento de Camioneros y el rechazo de los gremios aeronáuticos al procedimiento de crisis solicitado por LATAM. En los dos casos,el ministro de Trabajo debe debe adoptar una definición. "El encuentro es el diálogo normal de un gobierno con la central obrera sin rótulos ni formalidades", explicó a iProfesional Solá, secretario de prensa de la CGT.

Las gestiones oficiales continuarán con contactos con la UIA, que este martes tendrá su reunión de junta directiva, y Moroni se reunirá el miércoles a las 16 con el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, uno de los dirigentes gremiales más afines a Cristina Kirchner.

Yasky quiere plantearle propuestas para combatir el desempleo y sostener los ingresos, incluido el reforzamiento de los ATP a las Pyme, que representan más del 90% de los beneficiarios. Ocurre que muchas empresas no recibieron fondos estatales por no tener registrados a sus trabajadores. Por lo pronto, según pudo saber este medio, se evalúa flexibilizar los requisitos de facturación.