La disposición de un monto no imponible para el cálculo de las contribuciones a la seguridad social, la unificación de la alícuota a cargo de las empresas por esos conceptos y la eliminación progresiva de la posibilidad de contabilizar parte de esos pagos a cuenta del IVA, son las tres medidas incluidas en la última ley de reforma tributaria que están vinculadas con los costos de una contratación laboral.

Combinadas, esas disposiciones dejan diferentes efectos según el lugar del país que se mire. Y según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) al que tuvo acceso La Nación, el peso de las contribuciones patronales terminará, de hecho, siendo en algunos casos más elevado que el actual en lugares como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Catamarca.

Así, por ejemplo, en el caso de un sueldo bruto de $36.000 los cambios derivarán, en la ciudad de Buenos Aires, en una caída del costo laboral que será de 0,7 puntos porcentuales este año y de 1,4 puntos en 2019 y que llegará a 4 puntos en 2022 (las medidas se aplican en forma progresiva en cinco años).

En cambio, en la ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo, el efecto combinado de todo lo dispuesto será un alza del costo de 1,3 puntos porcentuales en 2019 y de 6,8 puntos en 2022 (la comparación es con 2017). Para salarios más elevados, el alza del costo se prevé mayor aún.

Esto se da por un cambio de la ley 27.430 que establece que las contribuciones no se calculan ya sobre el total de la remuneración bruta, sino que antes de hacer la cuenta se detrae un monto, que es creciente entre este año y 2022. Para 2018, esa cifra es de $2400 y se irá incrementando hasta llegar a $12.000 (los montos establecidos por la ley están en términos nominales y cada año se actualizarán por el índice de inflación).

en ese mes salió la reglamentación de la AFIP, aunque la medida tiene efecto desde febrero (por esto último, en mayo las empresas pudieron hacer sus recálculos de contribuciones desde el segundo mes del año y contabilizar saldos disponibles).

Al descontarse de la base imponible un monto fijo e igual en todos los casos, esta medida tiene mayor efecto para los salarios más bajos y para las pymes, según analiza Saitta. Y por eso también, para los ingresos más elevados se hace menor la baja del costo (en las jurisdicciones donde se da ese efecto) o mayor la suba (en los casos en que esto ocurre).

Los otros aspectos de la reforma tributaria vinculados a las contribuciones tienen consecuencias dispares según la actividad y la zona. Una modificación consiste en el camino de unificación de la alícuota pagada para financiar las prestaciones de la seguridad social.

Hoy aportan 21% de las remuneraciones las empresas de servicios y 17% las del resto de las actividades. La ley dispuso que esa imposición baje o suba (según el caso) en forma gradual, hasta unificarse en 19,5% en 2022 (este año las tasas son de 20,7% y 17,5% respectivamente)

"La reducción de contribuciones se siente con un poco más de fuerza en empresas de servicios no pymes, que pasarán gradualmente desde el 21% al 19,5% en 2022 -señala al matutino el contador Sebastián Mancuso, del Grupo GNP-. Puede resultar lógico, dado que estas empresas son, en general, mano de obra intensivas".

Pero la medida que mayormente impacta en forma diferencial es la reducción gradual, hasta su eliminación, de la posibilidad que existe en diferentes zonas del país de tomar parte de las contribuciones como pago a cuenta del IVA.

Hasta 2017 "un salario de $18.000 en Catamarca que tenía una alícuota de 17%, abonaba $3060 pero podía tomar a cuenta del IVA $1368, porque eso le permitía el decreto 814", ejemplifican los economistas Nadin Argañaraz y Daniela Cristina, del Iaraf.

Entonces, la alícuota efectiva de la contribución era del 9,4%. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires si la alícuota correspondiente era del 17%, en ese nivel se quedaba la tasa efectiva, porque en la jurisdicción no existe la posibilidad de tomar parte de las contribuciones como un crédito fiscal.

La eliminación de los pagos a cuenta comenzará a aplicarse gradualmente a partir de 2019. Hay en el Congreso al menos un proyecto de ley ya ingresado para frenar esa medida. La iniciativa, presentada por la diputada Silvana Ginocchio, de Catamarca, dice en sus considerandos que la suba de los costos se daría en un escenario laboral difícil en las provincias, por la aprobación del régimen de responsabilidad fiscal, por el cual las administraciones se comprometen a no elevar, respecto de diciembre de 2017, la relación entre el número de empleados públicos y la población total.

"El sector público ya no podrá actuar de forma contracíclica cuando el sector privado tenga dificultades", señala en esa misma línea Argañaraz. El trabajo del Iaraf especifica que, solo para mantener estable la proporción de ocupados respecto de la población total entre este año y 2022, entre 65% y 91% de los puestos laborales (con variaciones según la provincia) debería ser creado por empresas privadas.

El problema, plantea el informe, tendría mayor fuerza en las provincias en las que más impacta la reducción y eliminación de los pagos a cuenta (es decir, las que hasta ahora tienen mayores porcentajes de las contribuciones que pueden aplicar al IVA) porque son, justamente, aquellas en las que menos actividad económica privada hay.

Mientras que en la ciudad de Buenos Aires esta medida no implica ninguna baja de la carga laboral (porque hoy no pueden tomar nada de las contribuciones patronales como crédito fiscal), en provincias como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, la reducción en el costo de las cargas que implica la norma todavía vigente es de entre 7,6% y 10,75%, según consigna el informe del Iaraf.