Tecnología

Polémica por drones vigilantes y “voyeuristas”: advierten que ponen en riesgo la privacidad personal

14-12-2017 Las tecnologías de vigilancia aérea que usan las fuerzas de seguridad impactan en los derechos de las personas. ¿En qué medida pueden ser utilizadas en el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en búsquedas judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?
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En la Argentina es cada vez más común que las fuerzas de seguridad emitan comunicados en los que se hace referencia al uso de tecnologías de vigilancia como drones en diversos tipos de operativos.

Por ejemplo, el Gobierno porteño anunció este año el uso de globos de vigilancia de origen israelí. Sin embargo, es poco transparente el uso que se les da a estos artefactos, así como con qué medios cuenta cada fuerza.

¿Cuál es el impacto en los derechos humanos que tiene el uso de las tecnologías de vigilancia aérea? ¿En qué medida pueden ser utilizados en el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en búsquedas judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?

 

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental especializada en áreas como privacidad y libertad de expresión, fue la organizadora del encuentro “Tecnologías de vigilancia aérea: Estado, legislación y desafíos”, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El municipio de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, fue uno de los primeros en anunciar el uso de drones en actividades de control policial y con el paso del tiempo su uso se extendió a fuerzas de otros distritos del país.

Entre otros casos de uso de vigilancia aérea en operativos policiales, el año pasado se conoció que la Policía porteña usó dos drones en un allanamiento en la casa de un estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que supuestamente había ingresado en la red informática de la universidad para cambiar calificaciones.

Espionaje telefónico
Eduardo Ferreira, investigador de ADC Digital, hizo un repaso de los cambios que hubo en la legislación sobre los derechos a la privacidad, antes mayormente asociados a la protección de los espacios físicos, como la privacidad dentro de la propia casa, y que en los últimos años se extendieron a la protección de la privacidad de las personas más allá del espacio en el que se encuentren.

 

Durante su presentación, Ferreira explicó el uso de los "IMSI-catcher", artefactos que simulan ser una celda de telefonía celular y que permiten acceder a toda la información que el teléfono comparte con la celda, como la ubicación y los datos que emite, llamadas, mensajes y demás.

También advirtió sobre el uso de redes públicas para monitorear la actividad de teléfonos celulares que usan nombres genéricos de Wi-Fi, como los de los cafés, a los que los teléfonos se conectan automáticamente sin preguntarle al usuario.

Un IMSI-catcher puede ser montado en un dron lejos de la vista del usuario. “Se genera una idea de que en cualquier momento uno podría ser controlado y cambia la concepción del espacio público”, expresó Ferreira.

Leandro Ucciferri, también investigador de ADC Digital, planteó interrogantes en torno al uso de drones y de globos aerostáticos: “¿Conocemos cómo los utilizan la Policía de la Ciudad, la Policía de la provincia de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad?”, preguntó.

Vigilancia aérea
Vanesa Listek, periodista del diario porteño La Nación, se refirió al uso que se les da en el país a diferentes tipos de drones en el ámbito judicial.

En su exposición, ejemplificó con la utilización de drones por parte del Centro de Investigaciones Judiciales con el objetivo de intervenir las redes Wi-Fi de sospechosos de compartir pornografía infantil.

Listek mencionó los riesgos que se plantean sobre la privacidad de vecinos de la persona investigada. “Gendarmería dice que usa vigilancia aérea en fronteras para controlar terrorismo y narcotráfico, pero no dicen nada más”, dijo a la agencia TSS.

“La inversión en el sistema fue de 12 millones de dólares en tecnología proveniente de Israel y en las obras para las instalaciones de los equipos, que fueron efectuadas por empresas jujeñas”, agregó.

“Muchas veces tenemos soluciones que buscan problemas y finalmente terminan teniendo resultados decepcionantes mientras se vulnera la privacidad”, aseguró Francisco Vera, de Privacy International.

Como ejemplo, se citó que la Policía porteña utiliza drones para hacer el mapeo de barrios complejos (se usó en la Villa 31) antes de hacer un operativo, con el objetivo de conocer el mejor camino por el que deben acceder los efectivos para los allanamientos.

Al respecto, Vera dijo que los miembros de poblaciones vulnerables suelen ser los más expuestos a este tipo de vigilancia debido a los prejuicios sobre su peligrosidad, lo que suma un nivel más de discriminación en su contra.

El encuentro fue cerrado por Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien afirmó: “La capacitación de nuestras fuerzas de seguridad sobre derechos humanos y privacidad es igual a cero, por lo que los riesgos son muy grandes”.

Según Peduto, “hasta hace tres años, el Gobierno de la Ciudad negaba que la imagen de las personas formase parte de sus datos personales, por lo que hacía controles indiscriminados pese a fallos en su contra”.

Y concluyó sobre la importancia de controlar el uso que hacen de estas tecnologías –y de sus registros– las fuerzas de seguridad: “Cuando protegemos datos, protegemos personas y ciudadanía”, afirmó.

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