Si el Gobierno intenta cambiar el índice o modificar las condiciones de la ya vigente reforma tributaria, a partir del proyecto del que hemos tomado conocimiento, no se podrá desconocer los costos directos e indirectos que emergen de tal decisión.

La principal es la credibilidad del estado sobre un tema serio y la seguridad jurídica que se intentó dar sobre la materia tributaria a partir de la reforma.

Los costos de no cumplir las normas o cambiarlas de acuerdo a la conveniencia de una de las partes sobre un hecho de por sí injusto (tributar por rentas mentirosas) no sólo implican un costo económico presente, si no que se aplicaría la misma receta que nos llevó hasta donde estamos abonando un círculo vicioso sin fin.

Sobre el índice utilizado, la Corte Suprema de Justicia no se ha expedido, pero la cantidad de juicios que se pueden esperar es preocupante dado que se estaría atentando no sólo contra la confiscatoriedad, sino también sobre la legalidad.No se pueden esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. El proyecto de ley que modifica el índice y la aplicación de un mecanismo básico para la determinación de la verdadera capacidad contributiva, desconociendo al verdadero hecho imponible es vergonzoso y un insulto a la inteligencia.

No tenemos que olvidar que las propias condiciones para la aplicación del ajuste por inflación las propuso el propio gobierno en la última reforma que sigue sin estar reglamentada, y que ahora propone que se cambie, sin fundamentos más que la propia voracidad fiscal de un estado deficitario.

El proyecto no sólo cambia el índice, afectando la verdadera inflación sufrida por el mercado mayorista, sino que además incorpora un nuevo concepto de reconocimiento en cuotas del efecto de la inflación, ideas que solo empeoran la situación y atentan contra el principios constitucionales de no conficatoriedad, legalidad y su equivalente seguridad jurídica.

El mismo Congreso que hace seis meses aprobó la reforma incorporando el ajuste por inflación bajo ciertas condiciones ya difíciles de cumplir, será el que tenga retroceder sobre sus propios pasos en un contexto económico adverso en el que las empresas están más preocupadas por mantenerse que por invertir.

Los contribuyentes ya soportaron el peso de tributar sobre bases incorrectas aumentando su presión tributaria efectiva por más de 26 años, es momento de tomar una postura seria y madura sobre el tema para resolver la situación sin trasladar el costo de la ineficiencia a los mismos de siempre.