Impacto millonario en ART: récord de juicios laborales y nuevos criterios de indemnización

La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) emitió un comunicado en el que advierte sobre el impacto financiero del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión establece cómo deben actualizarse los montos de los juicios por accidentes laborales, generando preocupación en el sector por la posible inviabilidad de cubrir las indemnizaciones con las alícuotas actuales.

Según explicaron desde la cámara que agrupa a las ART, la situación podría derivar en un colapso del sistema si no se toman medidas inmediatas. La entidad enfatizó que la única solución sería la "urgente puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense" en la Capital, organismo previsto por ley que, según la UART, permitiría regular los peritajes y evitar la escalada de los montos indemnizatorios.

Mara Bettiol, presidenta de la UART, precisó que el fallo del TSJ porteño dispone la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para actualizar las indemnizaciones. Este mecanismo, afirmaron desde la cámara, tendría un impacto equivalente a casi el doble del patrimonio neto del sistema, considerando el stock actual de juicios en la ciudad.

Bettiol añadió que el nuevo criterio de actualización representa una reducción de apenas el 10 por ciento respecto de los montos fijados previamente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). De este modo, la diferencia con los parámetros anteriores es marginal, pero genera un impacto económico significativo para las aseguradoras.

Impacto económico y sostenibilidad del sistema de ART

El sector explicó que la aplicación del índice RIPTE, sumada al volumen de juicios pendientes, podría comprometer la capacidad de las aseguradoras para cumplir con las indemnizaciones. Desde la UART señalaron que la magnitud de los montos hace necesario un replanteo de los mecanismos de actualización y control de los juicios laborales.

En la cámara destacaron que el sistema de riesgos del trabajo ha registrado mejoras en materia de prevención. Según los datos oficiales citados por la entidad, las muertes por accidentes laborales disminuyeron un 81 por ciento y los accidentes en general cayeron un 55 por ciento en los últimos años.

A pesar de estas cifras, la litigiosidad continúa en aumento. Para el corriente año, las aseguradoras estiman que se registrarán más de 130.000 nuevas demandas judiciales en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa un récord histórico. Desde la UART aclararon que este crecimiento no refleja un aumento de la siniestralidad, sino la combinación de peritajes que carecen de control judicial y montos indemnizatorios considerados excesivos por la cámara.

La entidad también señaló que los montos crecientes y la falta de regulación generan distorsiones en el mercado, incentivando la presentación de demandas y aumentando los costos operativos para las aseguradoras. Según la UART, este fenómeno contribuye a la percepción de un sistema judicial saturado y con procedimientos poco transparentes.

Cuerpos Médicos Forenses: herramienta clave para la regulación

En este contexto, la UART reiteró la necesidad de implementar los Cuerpos Médicos Forenses en todas las jurisdicciones, un mecanismo previsto por la ley que aún no fue puesto en funcionamiento en su totalidad. La cámara considera que la creación de estos cuerpos aportaría "transparencia y certeza" a los procesos, asegurando la validez de los peritajes y evitando sobreestimaciones de los montos indemnizatorios.

La presidenta de la UART indicó que el funcionamiento efectivo del Cuerpo Médico Forense permitiría controlar la calidad de los informes periciales y, de este modo, reducir la litigiosidad. Según la entidad, la falta de este control ha generado un incremento de los juicios y montos que, en conjunto, representan un riesgo para la sustentabilidad del sistema.

Los Cuerpos Médicos Forenses fueron contemplados en la normativa vigente como una herramienta de respaldo técnico para los tribunales laborales. Su objetivo es garantizar la objetividad en la determinación de lesiones y consecuencias de los accidentes laborales, evitando interpretaciones divergentes entre los actores del proceso.

Desde la UART subrayaron que, en ausencia de estos organismos, la asignación de indemnizaciones continúa siendo evaluada de manera descentralizada, lo que aumenta la posibilidad de disparidad en los montos y dificulta la previsibilidad financiera de las ART.

Desafíos regulatorios y perspectivas futuras del sistema

El debate sobre la actualización de las indemnizaciones se enmarca en un contexto de modificaciones regulatorias y judiciales que afectan al sistema de riesgos del trabajo. La decisión del TSJ porteño pone en primer plano la necesidad de ajustar las alícuotas y mecanismos de control para garantizar la cobertura de los siniestros sin comprometer la viabilidad económica de las aseguradoras.

Al mismo tiempo, el sector reconoce que la reducción de accidentes y fallecimientos refleja el impacto de políticas de prevención laboral y mejora de la seguridad en el trabajo. Sin embargo, advierte que estas mejoras no se ven reflejadas en una disminución equivalente de la litigiosidad, lo que genera tensiones entre los objetivos de prevención y los costos judiciales.

Expertos en derecho laboral señalan que la implementación efectiva de los Cuerpos Médicos Forenses podría equilibrar esta relación, ofreciendo un marco técnico que respalde las decisiones judiciales y limite la discrecionalidad en la fijación de montos indemnizatorios. La medida permitiría además una distribución más equitativa de los recursos dentro del sistema.

Por último, la UART enfatizó que la combinación de indexación por RIPTE, crecimiento de juicios y ausencia de un control pericial robusto representa un desafío crítico. La cámara planteó que la acción coordinada entre el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y las aseguradoras será determinante para preservar la sostenibilidad del sistema y garantizar la cobertura efectiva de los riesgos laborales.