De manera voluntaria, Angelo Calcaterra, llegó a los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo quizá arrinconado por las consecuencias que los cuadernos de Oscar Centeno tendrán sobre su persona. Más cuando, Javier Sánchez Caballero, su ex mano derecha en la empresa IECSA decidió acogerse a la figura del arrepentido para contar todo lo que sabe y reafirmar que fue quien le entregaba a Roberto Baratta los bolsos con dinero, supuestamente para el pago de coimas.

Sin embargo, para el primo de Mauricio Macri el dinero fue usado para otro objetivo. Según se supo, Calcaterra asegura que no tuvo otra opción más que “colaborar” monetariamente con la campaña electoral de Cristina Kirchner y con el kirchnerismo.

Lo habría hecho entre el 2013 y el 2015 y siempre “apretado” por los ex funcionarios que en ese momento tenían a cargo la entrega de grandes obras de infraestructura a través de licitaciones de dudosa legalidad y en las cuales IECSA tuvo participación.

Es decir, Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal y el propio Baratta, el segundo en dicha depedencia oficial y patrón de Centeno, quien oficiaba como su chofer y fue escribiendo todos los recorridos y las rutas de ese dinero durante casi ocho años.

Pero, si bien se presentó en el cuarto piso de los tribunales de Retiro, donde funciona el juzgado de Bonadío, de manera voluntaria, una hora después de haber llegado Calcaterra ya había sido incluido en la causa como imputado.

El ex dueño de IECSA había llegado a las 7.30 a dicho juzgado, media hora antes de que lo hiciera Sanchez Caballero, quien hasta abril pasado fue el CEO de la empresa que era propiedad del primo del Presidente que finalmente la termina vendiendo al grupo que controla Marcelo Mindlin.

Precisamente el dueño de Pampa Energía fue quien decidió terminar con la tarea de Sanchez Caballero en IECSA. Y ahora este empresario se encuentra detenido desde el jueves de la semana pasada.

Se asegura que se convertiría en el primer empresario arrepentido en esta causa en la cual se investigan millonarios pagos de coimas de por lo menos 12 compañías y empresarios que habrían sido beneficiados con el otorgamiento de grandes obras públicas a cambio de esos retornos.

Fuentes cercanas a Calcaterra admitieron que el empresario decidió durante el fin de semana aceptar el consejo de sus abogados par comenzar a colaborar con el juez Bonadío y con el fiscal Carlos Stornelli.

Su estrategia judicial es la de ratificar los datos que sobre IECSA y Sanchez Caballero escribió el ex chofer de Baratta, aunque no reconocerá el monto que se le asigna como pago de coimas.

Según los cuadernos de Centeno, su ex mano derecha en IECSA realizó pagos que fueron concretados en el garage del hotel Hilton. El 30 de junio de 2015. Allí abonó u$s 1.5 millones, aunque también se le atribuyen 13 fechas más en las que habría realizado pagos por otros u$s6.5millones bajo la misma modalidad. Es decir, u$s8 millones en total.

Pero según la versión de Calcaterra ese dinero no fue para coimas sino para colaborar con las campañas políticas del kircherismo, aunque no de forma voluntaria sino apretado por la coyuntura.

Es que el ex dueño de IECSA sostiene haber acercado fondos al anterior gobierno a la fuerza. Acusa al kirchnerismo de haberlo “apretado” con el no pago de deudas que debía cobrar IECSA por las obras que se le atribuyeron. “No le pagaban las obras, los certificados, lo asfixiaban y luego le iban a pedir dinero para el partido”, explicaron las fuentes consultadas por iProfesional.

De esta forma, el primo de Macri intentará convertirse en víctima de una maniobra política orquestada por el kirchnerismo para asfixiar a los empresarios beneficados por la obra pública y extorsionarlos para que colaboren con fondos que puedan engrosar los ingresos políticos.

No es la versión que ofrece Centeno en sus escritos, en los cuales identifica a Sanchez Caballero y a IECSA como parte de un entramado de empresas que pagaban a De Vido y Baratta a modo de retorno por esas obras.

De hecho, IECSA, Sanchez Caballero y el propio Calcaterra también están imputados en la causa por la cual se investigan los delitos de Odebrecht en la Argentina. La más relevante es la que involucra las obras para el soterranmiento del ferrocarril Sarmiento, donde el grupo brasileño habría pagado sobornos a los mismos funcionarios para quedarse con millonarias obras licitadas por el kirchnerismo.