El Gobierno busca tranquilizar a inversores y lanza un fideicomiso para garantizar la obra pública

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, garantizó esta mañana que las obras públicas que encaró el Gobierno "no se van a detener", y anticipó que, para ello, se pondrá en marcha un fideicomiso que permitirá asegurar el financiamiento.

Según el funcionario, "la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las obras públicas, pero éstas obras no se van a detener y las de PPP (Participación Público Privada) van a comenzar".

En conferencia de prensa, Dietrich resaltó que "hemos trabajado con el equipo del Gobierno para asegurar que ésto suceda. Y hemos decidido constituir un fideicomiso, que va a permitir que los aportes de los bancos para financiar (las obras) vayan a través de este fideicomiso del Estado a las empresas".

En ese sentido, subrayó: "Es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados".

"No hay favoritismo, hay licitaciones transparentes", enfatizó el funcionario, quien a la vez aseguró que "estamos exigiendo políticas muy rigurosas de ética y transparencia a cada una de las empresas" que participen del programa de Participación Público Privada (PPP).

"El Gobierno tiene la profunda convicción de la necesidad de separar a las empresas de las personas que hicieron actos contrarios a la ley", afirmó el funcionario.

Por su parte, el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, anticipó que esa entidad financiera aportará "entre 200 y 300 millones de dólares" al fideicomiso.

"El banco está comprometido con el éxito del proceso de obras públicas", enfatizó el funcionario.

En conferencia de prensa, González Fraga aseguró además que el Nación pondrá también a disposición una línea crediticia por 30 mil millones de pesos para obras de infraestructura.

"Esto va en línea con la la búsqueda de transparencia en la obra pública, que es una parte sustancial de los objetivos del Gobierno", resaltó.

El objetivo de esta medida es “salvar” la mega apuesta del gobierno de Mauricio Macri para la obra pública mediante la construcción, ampliación, mejora, mantenimiento y operación de más de 7.300 kilómetros de rutas nacionales agrupadas en corredores viales.

Una apuesta que engloba un total de u$s8.050 millones, de los cuales u$s4.000 millones deberán ser aportados durante los primeros cuatro años y más de u$s2000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento.

La primera etapa comprendió la licitación de seis nuevos corredores viales (A,B,C,E,F y Sur), que abarcan más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan incluye obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades, según se desprende del proyecto oficial.

A partir de ese mes, los grupos que participan de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se adjudicaron alguno de los seis corredores viales, deberán arrancar con el primer tramo de las obras.

En ese marco, la decisión de la cartera que dirige Dietrich es sostener el financiamiento que tenían previsto obtener las empresas de parte de varios bancos internacionales, proceso que ahora quedó frenado por el escándalo del pago de sobornos y coimas a ex funcionarios kirchneristas.

Si bien la investigación del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonaiío se centra en la entrega de bolsos por parte de un grupo de compañías locales y extranjeras para quedarse con obras de infraestructura distribuidas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, cuatro de las empresas vinculadas a esa mega causa figuran entre las UTE ganadoras de los PPP.

Estos antecedentes terminaron por frenar los acuerdos que venían gestionando la mayoría de los participantes de este programa con grandes bancos internacionales para hacerse de fondos necesarios para iniciar las obras debido a que las entidades bancarias extranjeras tienen fuertes restricciones internas y de normas internacionales para dar crédito a compañías investigadas judicialmente.

El pedido del Gobierno a empresarios vinculados a "los cuadernos de las coimas"

El Gobierno de Mauricio Macri les pedirá "que den un paso al costado" a los directivos de empresas contratistas del Estado que estén involucrados en hechos de corrupción como el pago de coimas a funcionarios.

Así lo anunció el procurador del Tesoro de la Nación, Bernando Saravia Frías, al expresarse sobre la denominada "causa de los cuadernos" en la que la Justicia investiga el presunto pago de sobornos de empresarios de renombre a funcionarios kirchneristas entre 2008 y 2015.

El Procurador dijo que el Gobierno buscará "separar" las responsabilidades de las empresas respecto de algunos eventuales actos ilícitos –como el pago de coimas- que hayan cometidos sus directivos en tanto personas físicas.

"Si hay una cuestión que tenemos clara es que aquellas personas físicas que tengan o se encuentren penalmente responsables, sea por adherir a la calidad de arrepentido o sea porque la Justicia así lo determina deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores en las empresas que desean continuar realizando obras públicas", dijo Saravia Frías.

El funcionario aseguró que "no habrá favoritismo" con ninguna de las empresas implicadas en la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli.

"Lo que estamos proponiendo como Gobierno es un nuevo marco ético y de transparencia. Es un conjunto de reglas de juego que van a aplicar no solamente a la obra pública sino ya y de manera inmediata al sistema de contratación público privada", dijo el funcionario.

Saravia Frías insistió con que si hay una responsabilidad penal bajo un proceso judicial, estas personas físicas "van a tener que dar un paso al costado" en los directorios de las compañías, y aclaró que esto "no es imposible".

"Es posible y lo vamos a implementar en el proceso de financiamiento. Son condiciones precedentes bajo un préstamos. Esto va a ocurrir. Tengan la certeza. Habrá que considerar caso por caso", afirmó.

Entre las cuestiones que el Estado empezará a exigir a las empresas de aquí en adelante implementen normas de éticas y de integridad, y el monitoreo del efectivo cumplimiento de las mismas, aseguró Saravia Frías.

El funcionario participó de una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el presidente del Banco Central, Javier González Fraga.

También estuvieron la Secretaria de Obras del Ministerio de Transporte de la Nación, Manuela López Menéndez; y el subsecretario de Participación Público Privado del Ministerio de Hacienda, José Luis Morea.