El anuncio de la puesta en marcha de una herramienta clave para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinada a determinar la cantidad de empleados con los que debería contar una compañía para realizar su actividad, disparó la polémica.

Las autoridades fiscales apuntarán a la implementación de "valores criterio" objetivos que permitirán establecer la dotación mínima de personal necesario para concretar un cierto trabajo y abrirá las puertas para que calcular las cargas sociales que tendría que ingresar mes a mes un empleador.

De esta manera, el Administrador Federal, Ricardo Echegaray, desarchivó una idea que nació bajo la gestión del ex titular del organismo, Alberto Abad: las presunciones de la seguridad social.

Puntualmente, se espera que próximamente el fisco nacional emita nuevas resoluciones para reglamentar el Plan Antievasión II, que fuera sancionado por el Congreso Nacional en 2005.

Si bien desde la AFIP aseguran que, de esta manera, se defenderá al empleo registrado y se combatirá la informalidad laboral, expertos consultados por iProfesional.com cuestionaron la aplicación de las también llamadas presunciones previsionales.

En este sentido, consideraron que la lucha contra el trabajo en negro y la evasión previsional se logra "eficazmente con reglas claras y previsibles, acompañadas por criterios judiciales precisos y un marco económico estable", en lugar de hacerlo mediante la aplicación de presunciones.

En este contexto, durante esta semana y a través de reuniones con representantes de la construcción y textiles, se consensuarán los parámetros que determinarán, por ejemplo, cuántos empleados resultan necesarios para construir una obra de 10.000 metros cuadrados en un plazo de 24 meses o cuántos trabajadores se deberían emplear para los distintos eslabones de la cadena de valor textil.

"Esas presunciones serán una referencia para establecer la masa mensual de aportes y contribuciones previsionales que le corresponde liquidar a cada empleador", precisaron fuentes del organismo.

En otras palabras, la nueva herramienta también permitirá determinar de oficio el monto de las cargas sociales que las empresas tendrán que pagar mes a mes.

A fin de tranquilizar a los contribuyentes, desde el fisco dejaron en claro que "siempre se le dará a las empresas la posibilidad de confrontar pruebas, a fin de desactivar las presunciones laborales".Freno a las inversiones

Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, abrió otro frente de ataque contra la iniciativa de la AFIP.

"En definitiva, se trata de ahondar en mecanismos que sólo conducirían a hacer mas rígidas las normas que regulan las relaciones laborales, sin advertir que lo que se necesita es un mayor control de inspección, de parte del Ministerio de Trabajo, por un lado, y de la AFIP por otro", aseguró Carcavallo.

"La evasión y la informalidad se combaten eficazmente con reglas claras y previsibles acompañadas por criterios judiciales precisos, y un marco económico estable, que no aliente a evadir tributos y cargas previsionales", agregó el experto.

"También debe complementarse con un eficaz control de parte de las autoridades, que para ello tendrán que contar con recursos humanos y materiales suficientes", aseguró Carcavallo.

"Creo que la avanzada sólo aportará más presión para cumplir con las normas sin que ello esté acompañado del marco necesario para potenciar la inversión, la registración laboral y una mejor calidad de empleo", concluyó Carcavallo.Hernán Gilardo© iProfesional.com