Bruselas exige un 40% de mujeres en los consejos de administración

Las empresas europeas que cotizan en bolsa estarán obligadas a destinar al menos el 40% de los puestos de sus consejos de administración en el 2020, según la propuesta legislativa que la Comisión Europea presentará en octubre.

La medida será obligatoria para aquellas compañías que cuenten con más de 250 empleados o tengan unos ingresos superiores a 50 millones de euros anuales, informa el diario Expansión.

En caso de incumplimiento, se enfrentan a sanciones administrativas y podrían ser excluidas de las ayudas estatales y de la adjudicación de contratos.

La cuota, que sólo se aplicará a los miembros no ejecutivos del principal órgano de administración de una organización, pretende salvar el desequilibrio de género en las empresas y responde al fracaso de las medidas de autorregulación que Bruselas impulsó para tratar de aumentar la presencia femenina en las organizaciones.

Según la UE, en enero, las mujeres representaban el 13,7% de los puestos de consejeros de las cotizadas europeas, cuando suponen el 60% de los licenciados universitarios.

La medida no es excepcional, señala la Comisión, ya que 11 Estados miembros han adoptado cuotas nacionales para reforzar la igualdad de género en los consejos.

Los casos en los que se han implantado, la presencia femenina aumentó de forma importante. En Francia, por ejemplo, la ley entró en vigor enero de 2011. Contempla que el 20% de los consejeros deben ser mujeres en 2014 y el 40% en 2017. El número de mujeres aumentó 10 puntos porcentuales en un año, hasta el 22%, detalla Expansión.

Otros estados miembros en los que se ha implantado el sistema son Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria, Eslovenia y España. En el caso español, la ley de 2007 establece que todas las empresas con más de 250 empleados deben contar con planes de igualdad y prevé sanciones en caso de incumplimiento.

Entre los países contrarios figuran Reino Unido y Suecia, al igual que las grandes empresas, que han instado a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, principal impulsora de romper el denominado techo de cristal, a aplazar la propuesta, con el argumento de que, con la crisis, no es momento de hacer grandes cambios en la alta dirección y que la medida interfiere en la libre decisión de empresas y accionistas de organizar sus asuntos internos.