Como es tradición, la polémica de hoy será la de cuánta gente concurrió al cacerolazo del 8N. Algo que, a esta altura, probablemente ya sea un tema secundario.

Para empezar, porque fue evidente el carácter masivo de la protesta, que superó a la convocatoria del primer "cacerolazo". Y que no se limitó a las zonas de clase media porteña, sino que también alcanzó al conurbano bonaerense y a provincias como Tucumán, Salta y Corrientes.

Es decir, a zonas donde el peronismo suele imponerse por un amplio margen electoral.

Pero, ahora que esta convocatoria desde las redes sociales ya dejó de ser sorpresiva, el debate verdaderamente relevante -que recién empieza- es el del significado profundo de esta manifestación y su capacidad de influencia sobre la agenda política.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre, los medios oficialistas no sólo no ignoraron la marcha sino que realizaron una amplia cobertura, intentando dejar en evidencia la falta de una visión de país por parte de los manifestantes.

"Esto no es ganar la calle, realmente no creo que el Gobierno tenga que preocuparse", afirmó Artemio López, analista político cercano al kirchnerismo, durante un debate televisado en el cual le plantearon que en filas oficialistas debería haber inquietud por el hecho de haber "perdido la calle".

Fue notorio, de ambas partes, un cuidado por no incurrir en excesos agresivos.

Por el lado de los manifestantes, no volvieron a escucharse los cánticos del estilo "que se vaya" ni otros que podrían ser tildados de "destituyentes". Y los carteles y pancartas evitaron las agresiones a la figura de la Presidenta.

Por parte de los funcionarios kirchneristas, también se evitó incurrir en estigmatizaciones como la de calificar a toda la concurrencia como una clase media egoísta que sólo sale a la calle cuando tiene dificultades para comprar dólares.

Las reivindicaciones fueron diversas, desde acusaciones de corrupción a funcionarios del Gobierno, hasta pedidos de solución para la inflación y para la ola delictiva.

Pero también con una buena dosis de reclamos dirigidos a los partidos de oposición.

El día después

Hay cierto consenso respecto de que estos cacerolazos convocados desde las redes sociales han significado un punto de inflexión en la política argentina, algo así como un antes y un después. La parte que no está clara es la de en qué consistirá exactamente esa inflexión.

Desde el lado de los manifestantes, hubo quienes se entusiasmaron con la idea de que una convocatoria contundente podría frenar algunos de los proyectos más polémicos del Gobierno. Concretamente, se habló sobre la vinculación entre las dos fechas clave del año, el 8N y el 7D.

La expectativa había sido, de alguna manera, alimentada por los propios militantes K, quienes en los días previos a la concentración habían realizado llamamientos a que los manifestantes reflexionaran sobre "a qué intereses estaban siendo funcionales". Y llegaban a la conclusión de que el acto masivo le convenía al multimedios Clarín, entre otros sectores enemistados con el Gobierno.

Lo cierto es que, en lo que respecta a los pilares de la política kirchnerista -donde la cruzada "contra los monopolios mediáticos" ocupa un lugar destacado-, resulta difícil pensar que pueda haber un cambio de planes. Más bien, las señales parecen ir en el sentido exactamente opuesto.

"El kirchnerismo tiene un estilo de liderazgo que, ante los desafíos, lo lleva a redoblar la apuesta. No creo que haya un cambio en el sentido de una mayor predisposición al diálogo", señala el politólogo Rosendo Fraga.

La propia Cristina Kirchner pareció insinuarlo en sus frases previas a la marcha. Primero, en un acto público, con un tono más emocionado y quebrado de lo habitual, recordó que Néstor Kirchner solía decirle que "no hay que aflojar jamás, ni en los peores momentos", porque es en la adversidad "cuando se conoce a los verdaderos dirigentes".

Y, ya entrando más en tema, la Presidenta dijo en el acto que "todo monopolio, sea la actividad que sea, de comunicación, de servicios o de producción, termina poniendo las condiciones al conjunto de la sociedad".

Tal vez, el único punto en el cual los analistas creen que este movimiento ha influido es en el rechazo a la reforma constitucional.

La experta en opinión pública Graciela Römer afirma que un 70% de la población se ha expresado en contra de esta iniciativa.

"El de la re-reelección es un tema que la Presidenta siente que tiene que mantener para evitar el síndrome del ‘pato rengo' y la aparición de una lucha interna de candidaturas", expresa la analista, para quien esa iniciativa difícilmente pueda prosperar.

El otro gran interrogante respecto del país post-cacerolazo reside en si el movimiento de "indignados" podrá evolucionar hasta transformarse en una corriente de opinión con cierta representación electoral. O si, por el contrario, quedará limitado a un rol testimonial sin consecuencias en las urnas, tal como ocurrió en España o con "Occupy Wall Street".

La sensación de los analistas es que hay más probabilidades de que suceda lo segundo antes que lo primero.

Para Ricardo Rouvier, experto en opinión pública, "no hay posibilidades de que alguien en la oposición capitalice estos reclamos a favor de su partido".

Desde su visión, cuando llegue la hora de votar, la gente decidirá en función de lo que cree que le convendrá hacia adelante, y no hará pesar tanto una reflexión sobre lo pasado.

"Es por eso que todo dependerá del propio Gobierno. Ante las elecciones, lo que definirá el apoyo será la buena o mala gestión que se haya hecho y no la acción de los opositores", afirma.

En tanto, Julio Burdman, director de la consultora Analytica, cree que, aun a pesar de su alta convocatoria, el movimiento está condenado a ser pasajero.

"La propia característica inorgánica de la protesta lleva a que tenga consignas muy generales, sin posibilidades de que eso se plasme en un programa concreto, por lo cual no hay mucho para capitalizar desde el punto de vista electoral", afirma.

El propio Gobierno percibe esta situación con claridad, al punto que muchos de los dirigentes que han hablado en los últimos días han hecho una analogía con Venezuela.

Así, el líder piquetero Luis D'Elía recordó que "en un país de 17 millones de habitantes, el opositor Capriles había juntado dos millones de personas, y luego perdió por una diferencia de 11 puntos".

También Ricardo Forster, uno de los referentes del grupo de intelectuales Carta Abierta, planteó que "quienes piensen diferente pueden manifestar su desacuerdo, organizarse políticamente, ir a elecciones y plantear otro modelo de sociedad".

Podría decirse que ésta ha sido casi una exigencia desde el Gobierno a los caceroleros: no quedarse en la crítica sino elaborar una plataforma, "blanquear" un proyecto de país.

Pero, desde la vereda opuesta, se tiene la visión absolutamente contraria: se considera que la fortaleza del movimiento reside, precisamente, en la falta de voluntad por transformarse en una opción electoral.

"La idea es que esto se mantenga como una convocatoria ciudadana. De hecho, en un momento se propuso que hubiese un estrado, con oradores, al estilo de un acto partidario tradicional, y finalmente se descartó esa posibilidad. Porque la idea es que nadie cope esto", afirma Gustavo Lazzari, economista de la fundación Libertad y Progreso, que está vinculado con el grupo de blogueros que organizó la protesta.

El riesgo del análisis erróneo

En todo caso, la advertencia que realizan los analistas es que el Gobierno cometería un error si minimizara la importancia de la protesta por su dificultad (o negativa) de "evolucionar" hacia una opción electoral.

Jorge Asís fue claro al respecto: "Algunos comparan esto con Venezuela. Como si verdaderamente no entendieran que se puede ganar una elección sin el apoyo de la gente que se ha manifestado, pero lo que no se puede hacer es gobernar con un país con esa parte de la sociedad en contra, porque son quienes vertebran la economía, los que consumen y pagan impuestos".

Y, desde su condición de conocedor de la interna peronista, advierte sobre la inquietud que esta situación supone para los dirigentes alineados con el Gobierno.

"A los gobernadores y a los intendentes no les gusta para nada ver desfilar sectores de clase media que expresan su desencanto. Porque el peronismo nunca fue lucha de clases, sino alianza de clases, donde se busca que el pobre evolucione. Y nadie quiere tener en contra a esa capa media que paga sus impuestos", agrega Asís.

Desde la óptica de los organizadores de la protesta, la "victoria política" no se medirá en términos electorales sino en su capacidad de incidir sobre la agenda nacional.

"Es muy probable que, después de una manifestación masiva en su contra, Cristina gane las elecciones legislativas. Pero ese no es el foco, porque el sentido del cacerolazo es poner freno al avance del Gobierno sobre los derechos civiles", afirma Lazzari.

Su opinión es que ya se está notando un cambio en ese sentido, tanto en el estilo, en el que se percibe un mayor cuidado por no caer en la confrontación, como en las medidas de gestión.

"Antes de este movimiento, estábamos esperando a ver qué empresa iban a estatizar la semana que viene. Esta protesta viene a mover el centro de la escena política", afirma Lazzari.

Es probable que esa visión esté teñida de triunfalismo por la enorme multitud convocada. Será el tiempo el que dirá si, efectivamente, el kirchnerismo evalúa que la magnitud de la protesta lo condiciona de alguna forma.

A fin de cuentas, la propia Presidenta, desde su cuenta de Facebook, pidió que "nadie pretenda" que a raíz de las protestas "me convierta en contradictoria con mis propias políticas, a las que he defendido desde que tengo 16 años".

Si algo prueba lo difícil que es cambiar de estilos, basta ver la reacción casi instintiva que tuvo el kirchnerismo tras el gran apagón del miércoles: el Gobierno hizo todo bien, y probablemente el problema haya sido producto de un sabotaje.