La jornada de este martes no sólo será destacable por la primera convocatoria a un paro general en los casi 10 años de kirchnerismo, sino, sobre todo, porque para el Gobierno se dilucidará uno de los interrogantes que más le importan para su agenda política de mediano plazo: qué tan fuerte es Hugo Moyano como para condicionar la marcha del "modelo".

Un paro de alto acatamiento podría cambiar el panorama político, mientras que una movilización mediocre fortalecerá la posición del Gobierno, que viene enfrentando un clima de creciente oposición callejera a partir de los "cacerolazos".

"El objetivo de este paro es ponerle un desafío a la gobernabilidad del kirchnerismo. Ahora bien, que lo pueda lograr o no dependerá de cuánta gente convoque", advierte la politóloga Graciela Römer.

La "previa" encuentra a un kirchnerismo jugado a minimizar la movilización a como dé lugar. Por lo pronto, tratando de que el transporte de pasajeros (sector crucial que decide el éxito o fracaso de un paro) garantice al menos un servicio de emergencia que permita a la población desplazarse a sus puestos de trabajo.

El viceministro de Seguridad, Sergio Berni, está abocado a la tarea de garantizar el mantenimiento de ese servicio mínimo, con un plan que podría incluir el uso de la fuerza pública para impedir piquetes en puentes y rutas.

En tanto, desde lo declarativo, los principales funcionarios tratan de explotar al máximo la nueva red de alianzas que está tejiendo Moyano, y que incluye a sectores antes enfrentados a la CGT rebelde, como la Federación Agraria y la agrupación sindical liderada por Luis Barrionuevo.

"El corte de rutas, la basura en la calle, las demoras en algún sector del transporte es responsabilidad exclusiva de Moyano, Barrionuevo, Michelli y Buzzi", afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien intentó establecer un paralelismo entre el paro de hoy y las protestas agropecuarias de 2008 que generaron desabastecimiento de productos alimenticios.

Por lo demás, no se privó de vincular a toda la organización de este paro con la pelea que el Gobierno mantiene con el multimedios Clarín.

"Tenemos que ser claros y poner las cosas en su justa dimensión: más que 20N es el 20M, con "M" de Magnetto", expresó Abal Medina.

Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, recurrió a uno de los argumentos preferidos por el kirchnerismo: la comparación con países europeos que están atravesando duras situaciones sociales, con alto desempleo y crudos programas de ajuste fiscal.

"Acá quieren justificar el llamado a un paro por el Impuesto a las Ganancias, a pesar de que la Presidenta dijo que estudiaría ese tema. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hoy en el mundo no se discuten estas cuestiones, sino el desempleo. Entonces hay que mostrar responsabilidad en cuidar lo que el país ha obtenido", sostuvo el ministro.

La pulseada interna

Y lo que también queda en evidencia es que en este paro se juega buena parte de la pulseada interna del sindicalismo, en un escenario económico que ofrece un menor margen que otros años para obtener concesiones.

"Lo que se busca definir es cuál será la dureza de las reivindicaciones hacia adelante. El gremialismo opositor intenta demostrar que existe un sector dispuesto a llegar a niveles más combativos de protesta", observa el analista político Ricardo Rouvier.

Por lo pronto, desde la vereda del sindicalismo "oficialista", se nota una firme determinación a minimizar el impacto del paro, con el objetivo de mostrar a un Moyano aislado y con escaso poder para llevar a cabo su clásica amenaza de "paralizar el país".

Fue claro en ese sentido Oscar Lescano, el histórico dirigente de Luz y Fuerza, quien calificó a la medida como "de tinte político" y que cuantificó en 70% los sectores del movimiento sindical que no van a adherir a protesta.

"En la industria no para nadie, en los servicios tampoco, son más de 130 los gremios que no adhieren. Y son de los importantes. La única forma que tienen de llamar la atención es haciendo piquetes. El único sector importante es el de camioneros", describió Lescano en la previa del paro general.

Más allá de las diferencias, los gremios alineados con la Casa Rosada reconocen que los reclamos elevados por la CGT y la CTA disidentes son "legítimos".

El petitorio incluye: 

•El aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

•Salario mínimo y planes sociales acordes con la canasta familiar.

•Universalización y eliminación de los topes en las asignaciones familiares.

•82% móvil y aumento de emergencia para jubilados.

•Un adicional anual compensatorio de $4.000 antes de fin de año.

•El fin de la tercerización y precarización laboral.

•El rechazo a la nueva ley de ART.

•La reestitución de la caja de las obras sociales.

Atentos a esta situación y preocupados por el paro, el Gobierno intentó en las últimas semanas dar una respuesta a algunas demandas de la agenda sindical mediante la excepción del pago del Impuesto de Ganancias para el segundo medio aguinaldo, la actualización de las asignaciones por hijo y el reintegro de unos 1400 millones para las obras sociales de los gremios.

Sin embargo, lo que para el sindicalismo oficialista de la CGT Alsina fue una prueba de los frutos que trae el "diálogo", para las centrales obreras distanciadas con el Ejecutivo se trató de un "pan dulce", en el mejor de los casos, y un "ajuste" en el fondo ya que el mínimo no imponible no se actualiza desde abril del año pasado.

Si bien este es el primer paro general de la "era K", no es la primer medida de fuerza de magnitud que enfrenta el Gobierno.

En junio, los camioneros encabezaron una protesta que afectó el abastecimiento de combustible y de dinero en los cajeros. Una semana después, convocaron a una movilización y acto masivo en Plaza de Mayo, para luego, a principios de octubre, movilizarse junto a la CTA a la Casa Rosada por la Ley de ART.  

El impacto del paro, sector por sectorLa huelga tendrá como eje una docena de actividades, principalmente el transporte comercial y los servicios públicos y privados, e incluirá unos 200 piquetes en la Capital, el Conurbano y el interior del país que, impulsados sólo por la CTA de Micheli y las comisiones internas rebeldes, le imprimirán una impronta "piquetera" a la protesta.

Si bien estaba previsto que la huelga comenzara a la madrugada, en realidad los primeros síntomas empezaron a registrarse el lunes por la tarde, cuando la Federación Nacional de los Trabajadores Camioneros inició el cese de actividades en distintos puntos del país. 

"La mayoría pagamos Ganancias así que no va a nadie a trabajar", dijo a iProfesional.com un dirigente sindical. 

En línea con lo dispuesto por el gremio de camioneros, todas las ramas de la actividad se plegaron a la huelga general. Esto significa que los transportadores de caudales no abastecerán de dinero a los cajeros de los bancos privados, las estaciones de servicio no recibirán combustible, los supermercados no serán suplidos con alimentos, no habrá diarios y no funcionará el sistema de correo, lo que convierte al sindicato en la organización con mayor poder de fuego entre aquellas que convocaron a la medida.

"El paro es por 24 horas y total. Muchos van a ir a su lugar de trabajo, pero no van a permitir que se saquen los vehículos", explicó el lunes a este medio el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio.

En otro sector que se sentirá con fuerza es el de los bancos, debido a la suspensión de servicios en todo el país, incluidos aquellos destinados al pago de jubilados. La Asociación Bancaria inició la semana pasada reuniones en las ciudades del interior para garantizar la adhesión a la protesta y este lunes hizo lo propio en la seccional Buenos Aires.

"Estimamos un alto acatamiento. Los únicos que irán a sus puestos son los gerentes y tesoreros para cambiar las claves, pero no el personal", dijo a iProfesional.com, el titular del sindicato, Sergio Palazzo.

Con la casi totalidad de los empleados del sector afectados por Ganancias, Palazzo se alineó con el moyanismo, aunque con una postura más dialoguista.

En lo que respecta al transporte público, la adhesión se prevé que será limitada. Los ferroviarios de la línea Sarmiento, liderados por Rubén "Pollo" Sobrero, votaron por unanimidad participar del paro, por lo que convocaron a concentrarse desde temprano en la estación Castelar.

El cuerpo de delegados de línea Belgrano Norte anunció su adhesión a la medida, y los gremios de los señaleros y los supervisores se plegaron. No así los conductores de la Fraternidad y el resto de las organizaciones nucleadas en la Unión Ferroviaria (UF), bajo el paraguas de la CGT Alsina, del metalúrgico Antonio Caló.

En el caso del subterráneo, la dirección del sindicato, vinculada al kirchnerismo y a la CTA de Hugo Yasky, tampoco se sumó a la huelga por considerar que "los objetivos del paro tienen una clara connotación política" y "lo llevan adelante los sectores que quieren volver a los 90".

En una conferencia de prensa, el líder de la CTA disidente criticó con dureza a la dirigencia de los metrodelegados. " Se puede tener diferencias, pero no se puede ser carnero", disparó Micheli.

En cambio, los sectores "clasistas" de la línea B resolvieron en asamblea adherir al conflicto, en reclamo también a la reapertura de su paritaria, que quedó congelada, pese a realizar un paro inédito de 10 días en septiembre.

"No comulgamos con las posiciones políticas ni de Moyano ni de Micheli, como tampoco con sus métodos sindicales. Sin embargo creemos que mañana todo el pueblo trabajador debe salir al paro en defensa de sus intereses", dijo en un comunicado el delegado de la B, Claudio Dellecarbonara.

En tanto, está previsto que los colectivos funcionen con normalidad, ya que el gremio de la UTA está alineado con el Gobierno y la CGT de Caló. Asimismo, los delegados de la línea 60, que transporta a 200.000 pasajeros, finalmente decidieron no realizar paro y, en cambio, movilizarse desde temprano a la Panamericana, junto a las comisiones internas rebeldes de zona norte.

En el sector aeronáutico, tres de los siete gremios de la actividad se plegaron a la huelga, lo que afecta los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, Austral, Lan, Sol y Andes. Se trata de los pilotos (APLA), técnicos (APTA) y el personal jerárquico (UPSA).

Los playeros de las estaciones de combustible tampoco prestarán servicio. En tanto, en el sur podría afectarse el suministro de gas ya que adhiere el sindicato de Gas y Petróleo.

En el área estatal, los hospitales públicos que tienen influencia de ATE se sumarán a la medida de fuerza por lo que la atención se verá afectada en alrededor de 700 municipios de la región. Asimismo, el gremio de la Cicop también resolvió que se acate el paro en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires.

Los municipales porteños de Sutecba se sumaron a la huelga y no concurrirán a sus lugares de trabajo, manteniendo la atención de guardia y emergencia del Gobierno de la Ciudad. Los empleados de la ANSES (APOPS) también ratificaron su participación.

Entre el gremio de los maestros, se anotaron a la protesta los Docentes Argentinos Confederados (DAC) que incluye a varias ramas, lo que afectará las clases en la provincia de Buenos Aires.

También confirmaron su adhesión los docentes universitarios de la Conaduh Histórica. En cambio, los maestros bonaerenses del Suteba, que conduce Roberto Baradel -alineado con la CTA de Yasky-, se abstendrán de parar.

Otros sectores encolumnados con la CGT de Moyano que participarán de la huelga son el sindicato de trabajadores del peaje (Sutpa), de Facundo Moyano, el gremio de dragado y balizamiento, de Juan Carlos Schmidt, y los empleados judiciales, liderados por Julio Piumato.

La medida de fuerza, que finalmente no incluirá una marcha a Plaza de Mayo de la CTA, como estaba previsto, contará con la adhesión de la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo, la Federación Agraria (FAA) de Eduardo Buzzi, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Federación Universitaria Argentina (FUA), Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Polo Obrero, MST, PTS, y Nuevo Mas, entre otras organizaciones.

La ofensiva de Moyano no puede entenderse aislada de la batalla que ha emprendido el Gobierno en su contra y los resortes de poder que ha perdido el camionero desde entonces: las bajas van desde los reintegros a las obras sociales (que en su momento fueron administrados por funcionarios vinculados al sindicalista), el envío de subsidios a las empresas transportistas, sin que tengan que estar afiliadas al gremio camionero, hasta la quita de fondos a la obra social del sindicato para la realización de exámenes psicofísicos.