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El shopping Alto Avellaneda tendrá que indemnizar a una persona con $40.000 porque se lastimó un dedo jugando al pool
25-01-2013 Para los magistrados, a pesar de la existencia de cláusulas limitativas de responsabilidad, los centros comerciales no se eximen del deber de seguridad frente a los clientes si el infortunio ocurre dentro de un local. Lea los detalles del caso
Última actualización: 25/01/2013 6:01:00 am
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Si hay algo que los comercios nunca deben pasar por alto en la relación con sus clientes es el tema de las garantías de seguridad en el local.

En efecto, según el artículo 42 de la Carta Magna, "los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos".

En tanto, la Ley 24.240 establece un nuevo criterio general que es el principio de resguardar al comprador, al cual se le otorgó jerarquía constitucional tras la reforma de 1994.

De esta forma se generó el deber de resguardar, derivado de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), que establece que las cosas y prestaciones realizadas deben ser suministradas "en forma tal que, utilizadas en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física" de los compradores.

Esto significa que, de conformidad con esta obligación, el usuario debe entrar y salir "sano y salvo" del comercio.

En este contexto, recientemente se dio a conocer una sentencia que constituye un eslabón muy importante en esta materia, dado que dejó en claro cómo funciona la garantía de seguridad que pesa sobre los shoppingss y comercio, respecto de la estadía dentro de sus instalaciones.

Concretamente, los magistrados hicieron lugar al pedido de resarcimiento, que formuló un cliente de un salón de videojuegos ubicado en un centro comercial, que se había lastimado gravemente un dedo mientras jugaba al pool. Para los jueces, no se cumplió con el deber de seguridad estipulado en la LDC.

Lastimadura y reclamo
Un cliente jugaba en una mesa de pool ubicada en el shopping Alto Avellaneda. Tras realizar un movimiento propio del juego con el taco en la mano, al llevar su brazo derecho hacia atrás, enganchó el dedo índice en un tornillo ubicado en el apoyamanos de la mesa, lo que le produjo un corte profundo.

La recuperación le llevó mucho tiempo, por lo que decidió demandar al local donde se había lastimado, al shopping y a las aseguradoras de estos.

El juez de primera instancia encuadró el caso dentro de la órbita de la Ley 24.240 y obligó a las partes a pagar casi $40.000 en concepto de incapacidad sobreviniente (ya que el cliente nunca pudo recuperar la totalidad de la movilidad del dedo), gastos médicos y el resarcimiento por daño sicológico y moral.

Respecto del centro comercial, el magistrado lo incluyó en el artículo 40 de la mencionada norma y entendió que no se trataba de un contrato de locación de cosas típicas, sino más bien una locación mixta y conexa al entender que entre estas empresas había una suerte de asociación que las tornaba responsables frente a terceros.

En dicho contrato, la cláusula séptima apartado b estipulaba que el locatario debía mantener en perfecto estado de conservación, seguridad, higiene, aseo, pintura y decoración el salón comercial. Además, en la cláusula décima se pactó que el precio de la locación sería el equivalente al 7 % de la facturación bruta mensual (neta solo de IVA) del salón alquilado.

Las empresas condenadas se presentaron ante la Cámara Civil para apelar la sentencia.

Los camaristas explicaron que "el contrato de alquiler de un local ubicado en un "shopping center", es un contrato atípico cuyo objeto es la explotación comercial -a la que ambas partes están asociadas-, en el cual el precio del alquiler estipulado se integra en relación con un porcentaje de facturación y existe de parte del arrendatario un sometimiento al control de la administración del centro comercial y una contribución a un fondo de promociones colectiva".

"Si bien se trata estrictamente de una sociedad, tiene notas asociativas que importan el sometimiento a reglas que en las locaciones comerciales no son usuales y tienen gran importancia en materia de responsabilidad frente a terceros, ante los cuales ambos contratantes resultan responsables", agregaron.

En ese sentido, remarcaron que "estos shoppings son redes organizativas creadas y administradas por el propietario del emprendimiento y, no obstante las reiteradas cláusulas limitativas de responsabilidad que imponen frente a los explotadores de sus locales, pesa también sobre aquéllos la obligación de seguridad frente a los consumidores".

Esto se debe a que para el consumidor medio no es lo mismo organizar un evento en un local que da a la calle que concurrir a un centro comercial, entre otras cosas, por el factor confianza que le brindan estos establecimientos y por la trascendencia que esto tiene en las relaciones de consumo.

"La expectativa jurídica que se genera acarrea para la empresa deberes colaterales frente a los terceros cuya protección se puede encuadrar en el art. 40 de la Ley 24.240", se lee en la sentencia. Para ver el fallo completo, provisto por elDial.com, haga clic aquí

Repercusiones
Gabriel Martinez, abogado del estudio Grispo, le recomendó a las firmas vinculadas por esta clase de modalidad contractual que "conserven la documentación acerca de situaciones irregulares y graves que puedan derivar en una ulterior atribución de responsabilidad". De esta manera, el shopping podrá reclamarle un resarcimiento a la sala de videojuegos por incumplimiento contractual.

"En efecto, teniendo en cuenta el deber de seguridad que pesa sobre el proveedor, es indispensable que éste cuente con elementos probatorios que permitan encauzar su liberación de responsabilidad", agregó.

"A tal fin, la documentación específica de todo hecho dañoso (ya sea por informes, videos, registros) resulta determinante", destacó.

A partir de fallos como estos, "las entidades que ofrezcan bienes y servicios deberán tener presente este vínculo de consumo que las une con sus clientes. Por lo tanto, deberán extremar sus recaudos para evitar incurrir en el incumplimiento de la obligación de seguridad con sus usuarios. En consecuencia, en el hipotético caso de que se produzca un hecho dañoso en la prestación del servicio, van a tener que reunir documentos de respaldo que permitan invocar su eximición de responsabilidad", finalizó Martínez.

"En cuanto al deber de seguridad en cabeza del proveedor, el mismo debe interpretarse como una obligación de resultado. Es decir, el empresario debe garantizar que quienes se encuentren dentro de su local no sufrirán daños, debiendo responder si sucede lo contrario", agregó el consultor Alejandro Chamatrópulos.

"Debe responder el comercio, ya que se encuentra a su cargo el deber de seguridad y custodia tanto de las persona como de los bienes de quienes concurren al establecimiento", consideró el consultor Alejandro Chamatropulos.

En tanto el especialista Flavio Lowenrosen, director del Suplemento de Defensa del Consumidor de elDial.com explicó que "ésta es una imposición normativa, establecida por los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor".

"Los proveedores están obligados por la Constitución Nacional (artículo 42) y por la Ley de Defensa del Consumidor a brindar seguridad de modo integral a los usuarios, lo que incluye seguridad a la vida, salud (física y síquica) y a los bienes de estos", indicó Lowenrosen.

Sobre la culpa, el Código Civil -en su artículo 512- contiene una definición muy apropiada según la cual consiste en la omisión de aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que corresponden a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Pero más allá de la prueba que aporten los usuarios, es importante destacar que si estos inician una acción judicial regirá la tesis de la carga dinámica de la prueba.

De esta manera, "será el comercio el que deba aportar las evidencias que obren en su poder, como filmaciones, fotos y otros elementos que resulten necesarios para esclarecer la cuestión debatida en el juicio", agregó el experto.

En concreto, la LDC indica que "los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio".

 

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