El Gobierno podría aplicar la ley antiterrorista para que sojeros liquiden dólares
Sancionada a fines de 2011 para cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, la ley antiterrorista hasta ahora sólo fue utilizada para congelar bienes de represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Según publica este lunes el diario El Cronista, es la alternativa que maneja el Gobierno para presionar a los productores para que liquiden sus granos, y permitan así el ingreso de dólares, en momentos en que el mercado paralelo presiona sobre el precio de la divisa.
La disputa es por unos u$s5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.
"No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía", había advertido el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Algo que generó una interna en la Mesa de Enlace.
Según el periodista agropecuario, Héctor Huergo, esta medida es "terrorista", ya que el Estado obligaría a los productores a que vendan "su medio de ahorro".
"Nunca queda mercadería de un año al otro, se vende toda. Es cuestión de tener un poco de paciencia y entender los tiempos biológicos. La soja todavía no se cosechó y lo que queda del año pasado es apenas para moler", remarcó el especialista en diálogo con radio Mitre y calculó: "Son 50 millones de toneladas y lo que debe quedar en manos de los productores son 2 millones".
Cuando se aprobó la ley, José Sbattella, el titular de la Unidad de Informarción Financiera (UIF), explicó: "Deja abierto que se gravan con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad".
Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.
Si se aplica finalmente la ley antiterrorista contra los sojeros, sería un paso por demás audaz del Ejecutivo, que dispararía, sin dudas, una escalada de protestas que las entidades agrarias ya anticipan.