Apenas 24 horas después de que hubiera dos jueces a cargo, las denuncias contra el empresario K Lázaro Báez se quedaron sin ningún magistrado.

Tanto Rodolfo Canicoba Corral como su colega Sebastián Casanello aceptaron la causa ayer. Por lo que ahora, la Cámara Federal deberá designar a quien llevará adelante el expediente. 

La decisión quedó en manos del presidente del tribunal, Martín Irurzun, quien debe resolver si la causa será instruida por Canicoba Corral o por Casanello. Habitualmente, cuando hay dos denuncias similares la investigación queda en manos del primer juez que recibió la primera o del que más avanzada tenga la instrucción.

La primera fue realizada directamente en el juzgado de Julián Ercolini por la diputada Elisa Carrió, para ampliar un antiguo expediente por asociación ilícita contra el fallecido presidente Néstor Kirchner, que también involucra a los empresarios Cristóbal López y Báez.

La investigación no se incorporó a esa causa y el expediente quedó en manos de Casanello, al igual que otra denuncia del abogado Ricardo Monner Sanz. En el medio, hubo una tercera presentación, del letrado Alejandro Sánchez Kalbermatten, que le fue adjudicada a Canicoba Corral.

Como si fuera una papa caliente, por la mañana, Casanello – quien lleva solo seis meses al frente del juzgado federal 7 – le envió el expediente a Canicoba Corral, pero su colega se la devolvió. “Estamos debatiendo entre él y yo a ver a quién le corresponde”, justificó el último. 

Más allá de que le cayó primero la denuncia, el magistrado podría ser desestimado. Canicoba Corral habló del caso. En una entrevista radial, el juez federal que tiene a su cargo otra causa sensible para la Casa Rosada, el atentado a la AMIA, sostuvo que las cámaras ocultas no serían pruebas válidas en un expediente. Horas más tarde, Leonardo Fariña, esposo de Karina Jelinek, rompió el silencio y aclaró que él sabía que estaban grabando su charla con Jorge Lanata, que luego fue utilizada en la investigación de PPT. 

Además, como Canicoba Corral reseñó que “hay que ver” si se concretó alguna operación ilícita de lavado de dinero, tal como indica la denuncia contra Báez, sus palabras fueron interpretadas por los denunciantes como un posible prejuzgamiento, lo que podría constituir una eventual causal de recusación, indicó la agencia DyN. 

Mientras no se resuelva qué juez intervendrá, ninguna fiscalía tomará parte para resolver si encuentra elementos sospechosos para impulsar la investigación contra Báez, en base a los dichos de Fariña, que ayer afirmó que era “una ficción”, que fueron refrendados por Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, por donde se habría enviado – según la denuncia– entre 55 y 60 millones de euros desde Río Gallegos a sociedades fantasmas del exterior. 

A esto se suman dos presentaciones sobre las cuales todavía no hubo novedades: la de los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña ante el fiscal Carlos Stornelli para que impulse una investigación, y la de otro grupo de diputados ante la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Gonella, una repartición creada por la jefa de la Procuración, Alejandra Gils Carbó.