En forma sintética, pero contundente, la Iglesia advirtió que al reforma judicial impulsada por el Gobierno puede "debilitar la democracia" y pidió una amplia ronda de "consultas, debates y consensos previos".

En una declaración difundida en medio de la 105a asamblea plenaria que reúne en Pilar a unos 80 obispos, el Episcopado fundamentó la necesidad del llamado a una amplia consulta ante "la magnitud de los cambios propuestos", que han suscitado una fuerte tensión en sectores políticos y sociales.

"Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución", señala el texto aprobado por la Conferencia Episcopal, encabezada por su presidente y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo.

En ese sentido, el comunicado difundido bajo el título "Justicia, democracia y Constitución nacional" advirtió que "una de sus dimensiones esenciales es la autonomía de sus tres poderes".

Los obispos consideraron que los seis proyectos elaborados por el Ejecutivo, y debatidos en el Congreso, "presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan".

Al respecto, los representantes de la Iglesia opinaron que las iniciativas requieren "amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos".

Al respecto, monseñor Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje que participó del encuentro, señaló: "Las cuestiones de la Justicia, la democracia y la Constitución nos parece que requieren consulta, debate y consenso antes de apresurarnos".