El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves, con 39 votos afirmativos, la iniciativa tendiente a regular las medidas cautelares dictadas en las que el Estado o sus entes descentralizados sean parte.

Desde el mediodía, la Cámara alta fue escenario de la discusión en torno al proyecto que impone severas restricciones a la posibilidad de plantear medidas cautelares contra el Estado, iniciativa impulsada por el Gobierno pero cuestionada incluso por algunos sectores oficialistas.

Tal como había advertido el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, cel texto propuesto por el Poder Ejecutivo sufrió cambios luego del debate en comisión donde participó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Uno de los cambios fue en el artículo 2 para establecer, textualmente: "La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentalizados por un juez o tribunal incompetente, solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental".

La otra modificación fue un agregado como último párrafo al artículo 17 para indicar que lo antes expuesto como limitación para las cautelares "no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación".

De todos modos, este proyecto es el que genera mayor polémica en la reforma judicial. Concretamente, la oposición y otros especialistas en derecho lo critican por ser una medida que pone al Estado en una situación de privilegio sobre los ciudadanos, al limitar la capacidad de presentar recursos de amparo en su contra.

Por su parte, el oficialismo argumentó que apunta a proteger al Estado ante la indefensión a la que se ve sometido por maniobras de grandes estudios de abogados y grupos económicos concentrados.

En su tratamiento en comisiones, el proyecto generó un debate intenso entre sectores kirchneristas, como el del secretario de Justicia, Julián Álvarez, con el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador kirchnerista y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien aseguró que "ningún ciudadano será perjudicado" con la iniciativa.

Y dejó en claro que las excepciones tendrán lugar cuando la cautelar esté referida a "sectores socialmente vulnerables" o cuando se encuentren "comprometida la vida digna", la salud, un "derecho de naturaleza alimentaria" o de "naturaleza ambiental".

Desde el radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff destacó: "Más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones o que hay cautelares que dilatan decisiones del Estado, los mayores perjudicados son los ciudadanos, particularmente, los sectores más vulnerables".

Por su parte, el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP) Luis Juez señaló que la iniciativa "no tiene nada de nacional y progresista", y que se está "castigando al ciudadano", informó el portal Parlamentario.com.

Las senadoras del interbloque del peronismo disidente Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre de Alonso (San Luis) rechazaron rotundamente el proyecto.

La primera manifestó que con la iniciativa, la sociedad tendrá "una nueva causa de incertidumbre en un país que va perdiendo seguridad jurídica", mientras que la segunda resaltó: "La cautelar es la garantía de las garantías, eso estamos regulando en contra de ciudadanos".

Otro de los senadores radicales que rechazó el proyecto en el recinto fue el correntino Eugenio "Nito" Artaza, que expresó: "Estamos de acuerdo en que es necesario regular las cautelares porque nos oponemos a quienes hacen negocios con las cautelares, pero tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos, porque nosotros tenemos que defender sus derechos".

Luego, el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Marcelo Guinle (Chubut) aseveró que las medidas cautelares "deben ser reguladas", y agregó: "Espero que nos pongamos a trabajar en el Código Contencioso Administrativo para permitir un abordaje mucho más amplio, de una materia que realmente lo necesita".

Desde la oposición también hizo uso de la palabra la senadora radical Laura Montero, que disparó: "La degradación institucional que se está viendo en este país está cercenando las oportunidades de futuro de millones de argentinos. Estas leyes son un testimonio exacto de esto que está pasando".

Por Nuevo Encuentro -aliado al oficialismo en la Cámara alta- expuso Osvaldo López (Tierra del Fuego), quien sostuvo: "Nos tratan de colocar a algunos sectores políticos como quienes atentamos contra los derechos de un sector tan vulnerable como es el de los jubilados, cuando en realidad, en estos tiempos de recuperación del Estado y de conquistas y derechos básicos, los jubilados han recuperado el salario que habían perdido durante el Gobierno radical".

El legislador fueguino, además, indicó que "el cambio es fundamental para que no queden dudas de que no se trata de vedar el acceso a la Justicia al pueblo, que es el destinatario cotidiano de las políticas de Estado de nuestro Gobierno".

La peronista disidente Graciela Di Perna, por su parte, consideró que la iniciativa "va a contramano no sólo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos", y afirmó que "deja sin protección a muchos argentinos porque hace un proceso judicial más largo y costoso".

Antes que cerraran el debate los jefes de bloque, el senador radical Gerardo Morales (Jujuy) indicó que "el proyecto de regulación de las medidas cautelares propuesto por el Poder Ejecutivo, en el paquete de partidización y control de la Justicia, realmente vulnera los derechos de los ciudadanos y genera un status de indemnidad al Estado".

Mientras que desde el FpV, Aníbal Fernández (Buenos Aires) aseguró: "Esta medida no es la solución definitiva ni la verdad revelada, pero algún rumbo hay que tomar para ir penetrando en excesos de la justicia cautelar".