Cuando parecía que el sindicalismo oficialista había acallado los cuestionamientos al Gobierno, la CGT que lidera Antonio Caló difundió este lunes una carta en la que criticó la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y reclamó que se revisaran algunos de los proyectos.

El pronunciamiento se dio a conocer un día después de que la CGT disidente encabezada por Hugo Moyano y el gremio de empleados judiciales que integra dicha confederación anunciaran una movilización para el miércoles de Tribunales al Congreso y un paro de 72 horas desde ese día hasta el viernes.

En una misiva firmada por el secretario de prensa, Héctor Daer, la central obrera alineada con la Casa Rosada señaló que si bien las iniciativas enviadas por la Casa Rosada "contienen aspectos positivos" en algunas materias, "otros afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no podemos acompañar".

En este sentido, los sindicalistas se mostraron partidarios de las iniciativas tendientes a favorecer la "accesibilidad igualitaria" de los ciudadanos para ingresar a cualquier estamento del Poder Judicial y la posibilidad de conocer con mayor celeridad las decisiones judiciales de los tribunales superiores.

Sin embargo, manifestaron su "preocupación por la excesiva reglamentación del ejercicio individual o colectivo del Derecho de Amparo y el uso de las medidas cautelares, frente a decisiones, actos u omisiones del Estado".

"La minuciosa reglamentación aprobada en la Cámara de Senadores y las limitaciones temporales contenidas, tornan casi ilusoria la posibilidad de ejercer los derechos", advirtió la CGT de Caló.

La central obrera recordó que en numerosas ocasiones, valiéndose de los amparos y las medidas cautelares, "garantizó los derechos laborales fundamentales puestos en crisis por incontables decretos del Poder Ejecutivo de flexibilización laboral, de rebajas salariales, de rebajas jubilatorias, de modificaciones a las asignaciones familiares, de modificaciones al Sistema de Salud y al Modelo Sindical".

"Por ello, y por considerar, a los amparos y a las medidas cautelares herramientas jurídicas eficientes para resguardar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores frente a los embates del Estado, reclamamos la revisión del Proyecto y encausar una discusión parlamentaria con los tiempos necesarios y permitiendo la participación natural de todos los sectores interesados", indicó la carta.

Asimismo, la CGT consideró "excesivo" el poder que se arroga el Estado en el artículo 17 de la reglamentación del derecho de amparo en relación a los servicios públicos esenciales.

"Si bien fue oportuna la reforma introducida en relación a los conflictos laborales, creemos que el texto es perfectible", afirmó.

Por otra parte, los sindicalistas también se mostraron preocupados respecto a la creación de la Cámara de Casación de Seguridad Social y del Trabajo, al señalar que dicho cambio debería adoptarse como parte de una reforma integral del régimen procesal, de modo tal que tienda a agilizar los procesos y no a dilatarlos.

"La creación de una nueva instancia judicial, tendría como primer efecto la retardación del dictado de sentencias definitivas en los procesos laborales y de la seguridad social, afectando directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos en litigio", alertó la central.

Y por último, reclamaron mayor tiempo y amplitud para debatir los cambios del sistema judicial. "No compartimos la celeridad impuesta a la agenda parlamentaria y reclamamos un debate amplio y participativo, en atención a la importancia de los proyectos en tratamiento", concluyó la misiva.