Al comprobar que los diputados kirchneristas no se conmovían con el argumento de que la reforma a la Justicia ofendía la memoria de Montesquieu -el gran teórico del siglo 18 sobre la división de poderes- muchos legisladores de la oposición prefirieron usar un argumento más pragmático.

Les recordaron a sus colegas oficialistas lo que le ocurrió a Pirro, el monarca griego que ganó una batalla a costa de tantos soldados propios muertos que consideró que su victoria equivalía a una derrota.

Si algún miembro de la bancada kirchnerista compartió ese argumento, lo disimuló en aras de la disciplina partidaria.

De todas formas, ese es el interrogante que quedó flotando tras la larga y escandalosa sesión donde se aprobaron las nuevas leyes judiciales. Es decir, si el Gobierno se beneficiará con esta situación o si, eventualmente, terminará pagando un costo mayor a la ganancia.

Algunos politólogos interpretan que, para el Ejecutivo, esta reforma no es más que otra demostración del kirchnerismo en su estado más puro. Es decir, ante una situación de revés político siempre busca redoblar la apuesta y profundizar la línea.

Buscando una motivación profunda en la actitud oficialista, Julio Burdman, director de Analytica, señala que el punto a entender es que "la Justicia es el nuevo tema-eje de la administración K".

"El Gobierno busca retomar la iniciativa política tras la dilución del 7D, día clave de la ley de medios. Y está reaccionando de antemano frente a un fallo adverso", agrega.

De todas formas, no arriesga que el resultado final sea beneficioso en términos políticos: "Las razones de la elección de los temas y el timing de los lanzamientos suelen ser misteriosos".

En la misma línea, el politólogo Rosendo Fraga destaca la capacidad del "relato" kirchnerista para adaptarse a la cambiante situación política, al punto que luego de una década de haberse jactado de la renovación de la Justicia como uno de sus logros más importantes, empezó a catalogar a ese poder del Estado como uno de los obstáculos de su programa nacional y popular.

También Fraga cree que el punto de inflexión tuvo lugar con el caso Clarín: "Desde entonces, la madre de todas las batallas dejó de ser la aplicación de la ley de Medios, y pasó a ser la ‘democratización de la Justicia'".

Y manifiesta que, lejos de haberse cerrado el tema con la aprobación de la reforma en el Congreso, a partir de ahora se inicia otra etapa.

Es ahí donde no está claro si este nuevo eslabón en la lucha épica que nutre al relato K, más que levantarle el ánimo a la propia tropa no le terminará insuflando más entusiasmo a la oposición.

Por lo pronto, son varios los analistas que creen que fue el mismo Gobierno, con su propuesta sobre el Poder Judicial, el que terminó por garantizar el éxito del "18A", una manifestación cuya convocatoria lucía floja en las semanas previas.

Entre quienes creen que el costo será mayor a los beneficios figura Jorge Asis, uno de los más respetados analistas de la interna peronista.

"Aunque logren aprobar las leyes apuradas, movilizan a los influyentes sectores de la ‘Argentina Blanca' (los que pagan los impuestos). La imagen consolida la idea del aislamiento interno", advierte Asis, convencido de que los últimos movimientos del kirchnerismo no responden tanto a una planificación estratégica sino a intentos improvisados de revertir un fuerte desgaste político.

Todavía no está tan claro qué tan lejos puede llegar la indignación opositora, pero las primeras reacciones tras la aprobación de la reforma indican que puede ser un nuevo elemento tendiente a aglutinar la atomizada oposición.

"Tienen que unirse", era el mensaje más escuchado, en medio de la multitud, por los dirigentes que visitaban la "carpa blanca" en la Plaza de los Dos Congresos.

La Rural, sin cautelar

Más allá del deseo de mostrarse siempre con el control de la agenda política, esta reforma tiene para el Gobierno otros motivos más estrictamente vinculados a batallas judiciales.

En algunas causas, está claro que la reforma tendrá un efecto inmediato, como aquellas donde hay decisiones gubernamentales suspendidas por la vigencia de medidas cautelares.

El caso de la expropiación de la Sociedad Rural de Palermo es uno de los más evidentes.

A fines de 2012, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que el Estado Nacional se iba a hacer cargo nuevamente del inmueble, tras disponer la nulidad absoluta de un decreto del año 91 que había dispuesto la entrega del predio a manos privadas.

El argumento, entre otros planteados, fue que se había pagado un precio muy bajo. Sin embargo, la decisión se frustró cuando la Cámara en lo Civil y Comercial Federal concedió a la Sociedad Rural una medida cautelar.

Fue entonces cuando, con ironía, Abal Medina rebautizó a la Cámara "en lo Clarín y en lo Rural" y se quejó de que estaba "siempre atenta a los intereses de las corporaciones".

Ahora, tras la reforma, la protección de la Rural tiene fecha de vencimiento: julio próximo.

Cuando se cumpla el nuevo plazo máximo de seis meses, el predio ferial pasará a ser propiedad del Estado y, eventualmente, en un futuro deberá pagar una indemnización, en caso de resultar derrotado en sede judicial.

No casualmente, los directivos de la Rural estuvieron entre quienes más duramente criticaron la propuesta de reforma.Otro round con Clarín

De todas formas, el caso por excelencia en la lista K es el del multimedios Clarín.

Fue el que llevó a que Cristina Kirchner acuñara la expresión "justicia cautelar" para definir a la protección a largo plazo, que llevaba a que "las corporaciones" no cumplieran las leyes que afectaban sus intereses.

Como la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios se extendía en el tiempo, por pedido del Gobierno la Corte Suprema consideró -en mayo del año pasado- que la medida cautelar que protegía a Clarín debía culminar el famoso "7D" de diciembre de 2012.

Tras el fallo de cámara -que fue apelado por ambas partes-, cayó la vigencia de la medida cautelar.

¿Qué implica esto? Que la reforma judicial aprobada por el Congreso no tendrá consecuencias directas sobre la causa Clarín.

Será directamente la Corte la que deba analizar el reciente fallo que declaró la constitucionalidad de la transferencia de licencias y el plazo de desinversión de un año pero, a su vez, como inconstitucional aquellos artículos que ponen un límite a las licencias de televisión por cable.

Consecuencias impopulares

Con menos decibeles políticos, pero de alta sensibilidad para la sociedad, un tema que podrá verse afectado por la reforma es el de los reclamos de los jubilados que recurren a las medidas cautelares para lograr un cobro relativamente rápido de las sumas adeudadas o un reajuste de haberes.

En la mayoría de los casos, solicitan esta medida urgente en razón de su edad. Ahora, con la creación de un Tribunal de Casación -como tercera instancia- y la limitación de las cautelares contra el Estado, se podría producir una mayor demora en los juicios previsionales que, eventualmente, podría darle mayor aire a la alicaída caja estatal.

Los abogados reclamantes señalan que si no piden la medida cautelar, llegar a una decisión definitiva puede llevar años y atentar -en el mediano plazo- contra la salud de las personas.

Esta medida también fue utilizada durante el corralito financiero, que el Gobierno impusiera en 2001 y que afectó los depósitos en dólares.

Anteriormente, durante la década del 90, usuarios y consumidores habían recurrido a las cautelares para reclamar por el "rebalanceo telefónico", que implicó una fuerte suba de tarifas para el servicio de la telefonía fija.

En materia tributaria -tal como diera cuenta iProfesional- la reforma judicial trae un importante cambio.

En efecto, hasta la aprobación del proyecto, los jueces pueden conceder estas medidas cautelares en caso de considerar válido el pedido de quienes vean afectados sus derechos y garantías constitucionales, a causa del accionar del fisco.

Por ejemplo, ante la baja del número de CUIT, la clausura de un local, la determinación de oficio de una deuda o si no le fuera autorizada la compra de divisas.

En cambio, tras la reforma, esos mismos particulares y empresas ya no podrían recurrir, si el juez así lo dispone, a una medida de este tipo que resguarde sus intereses y ponga "un freno" al fisco, hasta tanto llegue la sentencia definitiva que resuelva la controversia.¿Una nueva 125?

En definitiva, la ganancia política del kirchnerismo al retomar la iniciativa, así como las eventuales victorias contra "las corporaciones" pueden tener un lado "B".

Y éste está vinculado con el empeoramiento del humor social, ya sea de los jubilados o de la sociedad en general, luego de que ésta perciba una mayor desprotección en caso de tener una controversia con la AFIP por alguna de deuda, o bien quiera protegerse de un brusco aumento tarifario.

Hasta ahora, las críticas vinieron o bien desde los juristas, o bien desde sectores económicos, dado que muchas cámaras empresariales advirtieron que la nueva legislación espantará a los inversores.

Resta ahora saber qué tan hondo pueda calar la reforma en la opinión pública, ya sensibilizada por el empeoramiento de la economía, la tragedia de las inundaciones y las acusaciones de corrupción.

Algunos analistas arriesgan que lo que se está gestando es un clima comparable con el conflicto de 2008 entre el Gobierno y los productores sojeros.

Y, en ese sentido, la gran cuestión que queda planteada es si Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia, podrá jugar un rol análogo al de Julio Cobos.

Es decir, si tendrá la voluntad de hacer retroceder la reforma cuando deba pronunciarse sobre los reclamos por inconstitucionalidad de los cambios recién votados.

Fraga señala que la primera prueba al respecto ocurrirá en el próximo llamado a elecciones, en el que deben incluirse por primera vez candidatos al Consejo de la Magistratura.

"Es posible que desde la Justicia se adopten decisiones que, ya sea por razones constitucionales, legales o procesales, impidan que la elección de los nuevos consejeros se realice mediante el proceso electoral que se inicia en junio", argumenta Fraga.

Otros creen que el debate preelectoral podrá ser el momento propicio para que se planteen los proyectos de una "contra-reforma".

"Lo que sí puede hacer ahora el amplio arco opositor, para transformar la protesta en acción, es acordar el conjunto de leyes que están dispuestos a votar, de ser electos, incluyendo una reversión de la actual reforma judicial y mecanismos que doten de mayor transparencia las licitaciones de obra pública", propone el economista Enrique Szewach.

Todavía es prematuro decir si, efectivamente, el Gobierno obtuvo una "victoria pírrica". Pero por lo pronto ya parece estar pagando los primeros costos políticos.

Al menos, quedó instalado el debate sobre si la Argentina se sumará al listado de países al que los politólogos denominan "democracias no liberales".

Al decir de Sergio Berensztein, director de Poliarquía, estos sistemas se caracterizan por el hecho de que los líderes, a pesar de su legitimidad de origen, "desconocen los derechos de las minorías, limitando las libertades individuales, violando derechos de propiedad y modificando las reglas fundamentales de acceso y ejercicio del poder".