La denuncia dada a conocer por el periodista Jorge Lanata que involucró a empresas con oficinas en Uruguay en un presunto lavado de dinero, reflotó la discusión respecto a los controles que realiza el país vecino para evitar que dinero proveniente de actividades ilícitas ingrese al mercado legal.

Una comisión estatal uruguaya discute nuevas pautas de actuación, y entre ellas figura establecer “el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos”, señaló a El Observador Carlos Díaz, director de la Secretaría antilavado que depende de Presidencia de Uruguay.

“Hoy hay una brecha enorme en materia de control entre lo que hace el sector financiero, y los demás sujetos que deben hacer reportes sospechosos de lavado al Banco Central”, dijo Díaz. En Argentina y Brasil la evasión de impuestos es un delito que se vincula al lavado de activos, pero en Uruguay no es así. De todas maneras, no todos están de acuerdo con que un delito sea precedente del otro, opinó Leonardo Costa, abogado tributarista y ex prosecretario de la Presidencia durante la gestión de Jorge Batlle.

Para Costa, la política fiscal no debe meterse con la política criminal antilavado.La comisión que trata de “aggiornar las normas” comenzó a funcionar a principios de este mes y espera terminar su trabajo antes de fin de año.

La integran, entre otros, la Suprema Corte de Justicia uruguyaya, jueces, el fiscal de Corte, Ministerio del Interior, la Secretaría antilavado de Presidencia, el Banco Central, y la comisión del Parlamento contra el lavado.

El punto de establecer el delito fiscal como precendete del lavado está en la órbita de Economía, la Dirección General Impositiva, la Unidad de Inteligencia del Banco Central y la Secretaría antilavado uruguaya. El GAFISUD, organismo intergubernamental que da las pautas para homogeneizar la lucha contra el lavado, recomienda pero no obliga a los Estados a establecer la evasión de impuestos como delito precedente.

Otro aspecto en discusión es la aplicación “de sanciones” a quienes deben reportar al Banco Central uruguayo de actividades inusuales vinculadas a la compra de bienes. En 2012 hubo 237 reportes y la gran mayoría provenieron de los bancos y casas de cambio quedando en evidencia que el resto de los sectores –en especial las inmobiliarias– que deben hacerlo, no informan.

“Es hora que esto se arregle y se entienda que es necesario que todos los obligados cumplan con la ley”  afirmó Diaz a El Observador. Explicó que hasta hora se buscó que los obligados a reportar “sean socios” en la tarea antilavado, pero los números de reportes no convencen al gobierno uruguayo.

“No se entendió que los reportes son también un mecanismo de defensa para los que deben informar” para el caso que se inicien investigaciones como la surgida tras la denuncia de Jorge Lanata de una red de lavado a través de empresas con sede en Uruguay.

La comisión estatal que compiló toda la normativa vigente, tiene en agenda decidir si los controles antilavado también alcanzarán a  las Organizaciones No Gubernamentales que hoy están excluidas. De todos maneras, en principio no todas las ONG que reciben dinero deberían informar al Banco Central uruguayo.

Las iglesias también están entre las instituciones no controlados y sobre algunas de ellas hay sospechas de lavado por los montos que manejan y las transferencias de dinero que realizan sobre todo a Brasil.