El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal planteó este martes la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso sobre el sistema de medidas cautelares.

"La norma, sostiene esta parte, es inconstitucional, y en razón de su vigencia, hay una gran incertidumbre que obstaculiza y perjudica el abanico de servicios que un abogado, en el ejercicio de su profesión", sostiene el escrito presentado por la entidad que agrupa a los abogados de la Capital Federal.

Según la presentación a la que accedió Noticias Argentinas, la ley aprobada la semana pasada "pretende limitar la voz de los jueces en sus decisiones formuladas a través del dictado de medidas cautelares, destruyendo la división de poderes y con ello, la República".

"Hoy es prácticamente imposible asesorar con certeza jurídica sobre medidas cautelares, y sobre todo, es difícil dimensionar la utilidad que tiene esta herramienta para satisfacer el interés del ciudadano de hacer efectivos sus derechos", sostiene el escrito.

"Se intenta, quitando arbitrariamente la posibilidad al ciudadano de que el resguardo de sus derechos llegue en un tiempo oportuno, dejarlo indefenso frente a los daños que pudiera sufrir como consecuencia de la denegatoria o interrupción de una medida cautelar que proteja preventivamente sus derechos, a pesar de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que demuestre", acusaron los abogados.

En ese sentido, tildaron de "desventajoso a los intereses de los ciudadanos" las nuevas exigencias para hacer procedente una medida cautelar contra el Estado nacional, y más al tratarse "de la parte más vulnerable del litigio, quien se verá imposibilitada de obtener un verdadero amparo en sus derechos en tiempo útil".

La acción de amparo interpuesta por el presidente del Colegio, Jorge Rizzo, es una "acción que se dirige contra el Estado Nacional" ya que "la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía".

"Es sabido que el administrado necesita protección frente a la actividad negligente, abusiva o improcedente del Estado y una las formas en que esta protección se efectiviza es mediante la imposición de multas o astreintes al funcionario público incumplidor, infractor o culpable de un daño", explicó la entidad.

"El límite temporal impuesto a las medidas cautelares a favor del Estado nacional en esta Ley desnaturaliza el instituto, el que debería prolongarse en la medida en que subsistan las circunstancias que dieron motivo a su concesión, ya que ni procesal ni jurídicamente resultan aceptables restricciones que se fundan exclusivamente en su caducidad por el mero transcurso del tiempo", agregaron.

Ello en función que la ley establece plazos para las medidas cautelares, de seis meses, lo que antes no estaba estipulado y un ejemplo de ello es aquella que por más de tres años impidió la aplicación de la ley de medios a partir de una presentación del Grupo Clarín.

Ayer el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue el primero en plantear la inconstitucionalidad tanto de la reforma de cautelares como de la creación de nuevas Cámaras de Casación, en el fuero Civil y Comercial Federal, Laboral y Contencioso Administrativo Federal.

Pero esa presentación fue rechazada a raíz que cuando fue presentada la ley no había sido promulgada, lo que hoy se hizo respecto a la reforma de cautelares.