El kirchnerismo, con la ayuda de sus aliados, consiguió este miércoles convertir en ley, por un estrecho margen, la reforma del Consejo de la Magistratura que establece cambios significativos en la composición del organismo y la forma de elección y sustitución de los jueces, que fueron cuestionados por los bloques opositores.

El oficialismo obtuvo 38 respaldos -uno más de los 37 que exigía la reglamentación constitucional para una reforma del sistema electoral- contra 30 de la oposición, integrada por el radicalismo, el peronismo federal, el Frente Amplio Progresista (FAP) y algunas representaciones provinciales.

El 17 de abril último la Cámara alta había sancionado la primera norma por 39 sufragios contra 31; los cambios de hoy fueron, la ausencias del neuquino Horacio Lores en el oficialismo y de María Eugenia Estenssoro en la oposición.

La sesión se inició al mediodía con el debate de los pliegos de 21 conjueces para la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la votación de la Magistratura se produjo poco después de las 20, tras la exposición de 21 oradores, la mayoría de ellos integrantes de la oposición.

El punto más polémico de los cambios introducidos por el oficialismo de Diputados, que centralizó gran parte de las críticas de la oposición, fue la modificación de un artículo que establece que solo podrán presentar candidatos a consejeros en una misma boleta los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 provincias.

El oficialismo presentó la propuesta como una defensa de los grandes partidos políticos y en contra de la fragmentación, mientras los sectores anti-K consideraron que se trata de una ventaja importante que tendrá el Frente para la Victoria, que será la única agrupación que podrá disponer de una boleta a su nombre en todos los distritos.

Los opositores criticaron que el oficialismo primero apoyó el proyecto inicial que le retiró la administración de fondos y la superintendencia a la Corte Suprema y este miércoles regresó la iniciativa con la restitución de esas facultades.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó a la oposición por "la campaña de consignas y panfletos que dramatizan en extremo sobre caída de la República".

Aseguró que en la Argentina "no se persigue a ningún juez, ni a fiscales ni al Poder Judicial y calificó de "intromisión en la política argentina" las críticas de la relatora Gabriela Knaul de Naciones Unidos, a la que atribuyó haber sido influida por conocidos: fue una operación política y a las Naciones Unidas no le preocupa" los proyectos.

"No hay ninguna actitud proscriptiva, cualquiera puede presentar listas y participar de los comicios. Queremos consolidar los partidos y aquí cualquiera arma un partido, se junta en un quiosco y ya está", afirmó.

El kirchnerista Aníbal Fernández calificó de "vergonzosa e intolerable la intromisión en la política argentina" las críticas a la reforma judicial que realizó la relatora Gabriela Knaul de la Naciones Unidas.

Afirmó que la funcionaria incurrió en "una de las peores prácticas de un funcionario de las Naciones Unidas y fue contraria al código de conducta" de los organismos internacionales.

El radical Ernesto Sanz afirmó que la reforma del Consejo de la Magistratura es un "avance de un gobierno que está acorralado, temeroso, desorientado que sobre un instrumento para dominar un organismo que todavía no puede dominar, como es la Magistratura" y que "lo más grave que tiene la reforma es que presenta un combo de condicionamientos para que el partido que gane una elección puede elegir a todo lo que se antoje y destituir a los que no les guste".

El justicialista federal Adolfo Rodríguez Saá reclamó contra "la proscripción" de los partidos de oposición, y su colega Liliana Negre afirmó que el gobierno "quiere avanzar hacia la suma del poder público".

Advirtió que "vamos en camino a la dictadura" e indicó que "el Frente para la Victoria está confeccionando un traje a su propia medida para ir por el Poder Judicial".

El salteño Juan Carlos Romero remarcó que "han desnudado la verdadera intención de esta ley que no es otra que el dominio del Consejo y, por ende, de los jueces de la Argentina".

El radical Gerardo Morales advirtió este miércoles que el kirchnerismo impulsa cambios para "meter mano" en los fondos de la Justicia y lograr que el Frente para la Victoria (FpV) sea "la única fuerza" que presente candidatos para el Consejo de la Magistratura.

Remarcó que la UCR cree "en la Corte, en los tribunales, en los juzgados", por lo que apostó que las leyes que impulsó el kirchnerismo "no se van a aplicar" y "no van a pasar", según informó DyN.

El legislador cordobés del FAP Luis Juez sostuvo que la el proyecto oficial plantea un "mecanismo de persecución" contra los magistrados y permite gobernar con "la complacencia del Poder Judicial". El bonaerense Jaime Linares (FAP) manifestó que la verdadera intención de las reformas "no es democratizar, sino sostener un proyecto político que garantice impunidad y condicione a la Justicia".

Rubén Giustininani afirmó que los cambios pretenden "amañar las elecciones y embarrar la cancha", para "favorecer al oficialismo". 

Cambios polémicos

Entre los proyectos que aguardan en el Congreso, el de la reforma al Consejo de la Magistratura era unos de los más trascendentes.

La iniciativa aprobada eleva de 13 a 19 los miembros del consejo: 3 jueces, 3 abogados, 6 académicos (no necesariamente juristas), 3 senadores, 3 diputados y 1 representante del Ejecutivo. De esos 19 cargos, 12 serán elegidos directamente por voto popular: los 3 jueces, los 3 abogados y los 6 académicos. Los otros 7 se seguirán designando igual que ahora: 4 legisladores seleccionados por la mayoría parlamentaria, 2 por la primera minoría, y 1 representante del Ejecutivo.

Esto significa que en adelante ni los jueces ni los abogados serán elegidos por sus pares, como es hasta ahora. 

Otro cambio para nada menor es que el Consejo ya no necesitará el voto de dos tercios de sus integrantes para designar o promover a los jueces: bastará la mitad más uno, es decir, diez.

El nuevo Consejo debería entrar en vigencia tras las elecciones de 2015, cuando vencen los mandatos de los actuales miembros. Pero como el oficialismo está urgido por aumentar su peso en ese organismo, agregó una cláusula excepcional al proyecto, por la cual en las próximas elecciones se votará consejeros con mandato especial de 2 años en vez de 4. Por lo tanto, en la transición, la composición del consejo será de 25 miembros.

La elección de los consejeros se hará por medio de boletas de los partidos políticos en elecciones generales. La fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos colocará 8 consejeros y la que le siga, cuatro.

Esta nueva composición del Consejo de la Magistratura le permitirá al Gobierno controlar a los jueces con sólo obtener el 40 por ciento de los votos en las próximas legislativas.

Actualmente el oficialismo no dispone de los dos tercios que le permiten la remoción de jueces. Este límite quedará sorteado mediante la ampliación del Consejo y el cambio de mayorías exigidas.