Los abogados constitucionalistas disienten en la efectividad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para "proteger la libertad de prensa y de expresión" dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 

Los más afines al gobierno nacional lo consideran una "patética y tragicómica versión del separatismo porteño". Los letrados más cercanos a la oposición admiten la inconstitucionalidad y falta de practicidad de la norma, pero destacan el espíritu de la medida.

Macri anunció que a partir de este miércoles está vigente en la Ciudad el DNU "para la protección de la libertad de prensa y expresión" y también instruyó a que el Tribunal Superior de Justicia sea el que dirima sobre las denuncias efectuadas en defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión, hasta tanto se conforme un fuero especial que reciba las denuncias.

Para Roberto Boico, el DNU "pretende sustraerse de la autoridad federal creando una suerte de inmunidad de los medios de comunicación".

En declaraciones a la agencia oficial Télam, Boico indicó que "la autoridad local debe sujetarse a los designios de la ley federal" y no en sentido contrario.

El letrado definió como "un disparate" los argumentos utilizados por Macri para la firma del DNU, que consideró "un pleno desafío a la autoridad federal", y explicó que su vigencia implicaría que "ninguna autoridad federal administrativa o judicial podría tener alguna acción tendiente a aplicar una norma porque supuestamente la Ciudad estaría regida por este decreto".

"Utilizar el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad -que contempla la facultad de firma de un DNU- para reglamentar un derecho constitucional, no convoca ninguna necesidad ni ninguna urgencia", dijo Boico.

El constitucionalista agregó que es "una falacia" que el decreto se refiera también a la "libertad de expresión de los periodistas" y aseguró que mediante el DNU "los periodistas son utilizados para darle cobertura supuestamente legal a las empresas comunicacionales y, especialmente, a los oligopolios".

"Bajo el argumento de la protección a los periodistas, se pide que no toquen a las empresas, que no las allanen ni investiguen. Eso es una locura", afirmó el abogado y sentenció: "El verdadero sujeto protegido es la ecuación económico-financiera de las empresas comunicacionales".

Finalmente, Boico estimó que el proyecto de ley que Macri anunció que enviará a la Legislatura "difícilmente sea homologado" y señaló que "es inviable porque significaría alzarse contra la autoridad federal mediante un acto sedicioso".

"Amplía garantías"En tanto, Andrés Gil Domínguez, consideró que la medida implementada por Macri "permite ampliar el piso de todas las garantías en lo atinente a todos los derechos y especialmente a la libertad de expresión y el acceso a la información. La mayoría de las constituciones provinciales tienen cláusulas donde se prevé que ni Estado provincial ni el federal podrán expropiar inmuebles o intervenir las emisoras que posibilitan la emisión de contenidos audiovisuales".

En declaraciones a Radio El Mundo, el abogado opositor consideró que el DNU "amplía el piso de la Constitución nacional en sintonía con lo que dice el pacto de San José de Costa Rica". En su visión, "es una norma que protege a todos aquellos que quieran desarrollar una forma de periodismo independiente y crítico".

"Lo que se intenta hacer con esta norma -continuó Gil Domínguez- es darle una amplia protección a lo que es la libertad de expresión y evitar que por medios encubiertos se produzcan situaciones de censura o prohibición de la palabra, pero bajo ningún punto de vista este decreto va a darles un fuero especial a los periodistas".

Por último, estimó que el decreto busca "tutelar la libertad de expresión" y exhortó a los que lo consideran inconstitucional a "plantearlo" ante la Justicia local. "A mí me cuesta ver como inconstitucional una norma que lo que hace es proteger la libertad de expresión y el acceso a la información", concluyó.

"Jurídicamente es flojo"El constitucionalista Félix Loñ aseguró que "el decreto no tiene sustento, es muy flojo jurídicamente. Estoy de acuerdo con la intención que anima esa disposición, pero no ha sido analizado jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico".

En diálogo con FM Radio Metro, Loñ sostuvo que si bien el fuero federal no es el único que puede intervenir en un delito que se cometa en una jurisdicción determinada, un fallo de la Corte Suprema interpretó el artículo 32 de la Constitución, que refiere libertad de imprenta. "Dijo que cuando las causas caigan en jurisdicción de las provincias intervendrán los jueces provinciales, pero la jurisdicción es federal por el lugar en qué ocurrió el hecho, la persona o siempre que el Estado nacional es parte (del pleito)".

Según Loñ, por ese motivo el Grupo Clarín litigó contra el Estado por la Ley de Medios ante el fuero federal. "Esto no se puede cambiar por un decreto de necesidad y urgencia, es una norma inferior. Además, está el artículo 31 que consagra la supremacía del ordenamiento jurídico federal por encima de las disposiciones locales o provinciales".

"No creo que pueda tener efectividad práctica", remarcó en la entrevista radial y agregó que "la Comisión Nacional de Valores es un organismo nacional, y por lo tanto (es del fuero) federal, porque la Nación es parte, lo dice la Constitución". Asimismo, advirtió que la creación de un tribunal judicial especial para la prensa no va a tener competencia para dirimir pleitos entre medios y el gobierno.